Que nadie es profeta en su tierra es algo bien conocido desde antiguo. Y algo así sucede desde hace muchos años en España, donde hablar la lengua de Cervantes es casi un pecado social en determinados ambientes, en especial de algunas regiones. Y aprenderla en las escuelas una odisea imposible para miles de alumnos.
Y eso, a pesar de que la Constitución española establece que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraMás allá del precepto jurídico, parece poco razonable que se cercene la posibilidad de hablar una lengua que comparten más de 500 millones de personas en Europa, América, África y Asia a los propios españoles.
Para combatir esta situación, en septiembre de 2017 se fundó la asociación Hablamos Español, presidida por Gloria Lago, que tiene como objetivo llevar al congreso a través de una iniciativa legislativa popular una Ley de Libertad de Elección Lingüística basada en tres pilares:
- La elección de lengua en la enseñanza en las comunidades bilingües.
- El bilingüismo en la Administración, cuando haya dos lenguas cooficiales.
- La Libertad de uso en el ámbito privado.
El ninguneo de los medios de comunicación y el desinterés, cuando no la hostilidad, por parte de la generalidad de los principales actores sociales y políticos, ha sido una constante a lo largo de estos meses.
¿De verdad es necesaria una ley en España para defender el idioma común de sus compatriotas, compartido con millones de hispanoparlantes de todo el mundo?
El plazo para la entrega de las firmas en el registro del Congreso de los Diputados se agota y, aún es necesario un esfuerzo suplementario de última hora para alcanzar los objetivos, para lo que se necesita toda la ayuda posible.
Situación en las comunidades bilingües
Pero, ¿por qué ha sido necesario poner en marcha una campaña como ésta? ¿Cuál es la situación en cada una de las comunidades bilingües respecto a la libertad educativa? ¿De verdad es necesaria una ley en España para defender el idioma común de sus compatriotas, compartido con millones de hispanoparlantes de todo el mundo?
Pues sí. En líneas generales, con sus matices, en Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Galicia y el País Vasco el uso del español está arrinconado, cuando no extinguido en los centros educativos y en la relación de las administraciones con los ciudadanos.
El uso totalitario de las lenguas cooficiales lleva a que el español sea estudiado menos que el inglés (Cataluña) o se deje para las asignaturas con menos texto como Física y Química o Matemáticas (Galicia).
Las instituciones, o no usan el idioma común de todos los españoles o, si lo usan, es después de que el ciudadano se vea obligado a reclamar su derecho a usar la lengua oficial de España.
Y, por supuesto, las subvenciones a cualquier entidad cultural o de otra índole se vinculan al uso de la lengua regional e incluso, la de otra parte de España, como sucede en las Islas Baleares con el catalán respecto del mallorquín o el menorquín.
Siendo estos los focos más importantes, no se puede despreciar el hecho de que ya empieza a haber dejes con tintes de imposición lingüística en zonas como Asturias, León o Cantabria.
¿Quién se beneficia de la imposición lingüística?
Es claro que en España, debido a las tensiones nacionalistas, se ha hecho de las lenguas un uso torticero, como arma arrojadiza, cuando deberían ser consideradas como una enorme riqueza cultural. Y a ese trabajo han contribuido, por supuesto, los partidos nacionalistas de todas las tendencias y lugares, pero también los partidos de ámbito nacional que ha tenido responsabilidades de gobierno en las diferentes regiones bilingües de España.
Así, un buen número de organizaciones se han beneficiado económicamente a través del abuso de las lenguas cooficiales, en connivencia con las administraciones.
Desde Hablamos Español, se señalan algunas de ellas. En Baleares, la llamada Obra Cultural Balear, ha recibido más de 2.000.000 de euros de subvenciones para desarrollar sus programas pancatalanistas y rupturistas, mucho más que entidades de verdadera ayuda social como el Banco de Alimentos.
En la Comunidad Valenciana, también sufren la acción subvencionadas de entidades pancatalanistas como Acción Cultural del País Valenciá, a quienes califican de ser «la madre del cordero». También se aprovechan de numerosas cantidades de dinero organizaciones como Escola Valenciana y sus organizaciones afines; también un grupo de editoriales con el mismo trasfondo, que al amparo de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, han hecho su particular agosto. Por supuesto, los sindicatos CCOO y UGT, así como grupos de estudiantes, han colaborado en la imposición lingüística regada de euros.
La llegada del gobierno del PSOE valenciano en coalición con Compromís yel apoyo de Podemos, se ha desarrollado una política «entendida como negocio y vehículo de alienación», tal y como denuncia Hablamos Español.
Desde Cataluña se ha implementado una red de personas e instituciones «que han hecho el negocio de su vida sumándose a un catalanismo secesionista, y haciendo de la lengua catalana vehículo para la venta y extensión de una estrategia excluyente y atentatoria a los derechos constitucionales de los ciudadanos no nacionalistas», denuncian.
A las subvenciones a organizaciones como Omnium Cultural, se suman más de 180 millones de euros destinados a los medios de comunicación que se han sumado al proceso de ruptura con el resto de España. Esto, sin contar con las partidas destinadas al pancatalanismo en Baleares y la Comunidad Valenciana.
En el País Vasco, subrayan desde Hablamos Español, «existe una pléyade de ‘trabajadores’ del euskera cuyo fin último y objeto es chupar de la ubre de las políticas de euskaldunización».
Además, se da una suerte de apartheid de los castellanohablantes, ciudadanos de ámbitos en los que la lengua madre es el español, como es mayoritario en Álava, que sufren la discriminación a la hora de, por ejemplo, ser contratados por la Administración o presentarse a un concurso público.
En Galicia, la Asociación Galega de Editores, se embolsan cuantiosas subvenciones por publicar libros en gallego o traducir otros, con independencia de su interés para la población. Esta asociación ejerció una fuerte oposición cuando se planteó en 2010 una libertad total a la hora de elegir la lengua de escolarización. Una promesa de Alberto Núñez Feijóo (PP) que finalmente no cumplió por estas presiones.
También destaca en este ámbito la llamada ‘Mesa pola normalización lingüística’, vinculada al Bloque Nacionalista Galego y al sindicato nacionalista CIG. Esta ‘mesa’ utilizaba métodos cuando menos cuestionables para «convencer» del uso del gallego, mediante presiones a directores de colegios o empresarios. Cuando se comenzó a airear en la prensa este tipo de actos, surgió la plataforma ‘Queremos galego’, cuyo portavoz era el mismo que el de los primeros.
A este panorama se suman la ‘Asociación de Escritores en Lingua Galega’; los traductores y profesores de gallego, agrupados en la ‘Coordinadora galega de equipos de normalización y dinamización lingüística’; la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega, el Instituto da Lingua Galega, el Centro Ramón Piñeiro, el Observatorio da Lingua Galega, el Foro Peinador, Galeguizar Galiza, Irmandade Xurídica Galega, Irmandade da Sanidade Galega, Traballadores pola Normalización Lingüística y los Funcionarios pola Normalización Lingüística.
Lago insite en la necesidad de que todos los que están recogiendo firmas las envíen antes del 30 de octubre
Un sprint final
Gloria Lago explica a Actuall que tanto los delegados de las diferentes áreas, como todas las personas que se han volcado en la recogida de firmas «están desbordados». No son infrecuentes las llamadas a las 3 de la mañana, «porque el resto del día los teléfonos están ocupados constantemente».
Lago insite en la necesidad de que todos los que están recogiendo firmas las envíen antes del 30 de octubre
«Hay personas que van con los niños en el coche de un lado a otro a entregar y recoger pliegos de firmas», explica Lago. Y queda aún mucho que hacer. En este momento Lago no puede dar una cifra aproximada de los apoyos recibidos, aunque se muestra convencida de que «aún falta bastante».
Lago insite en la necesidad de que todos los que están recogiendo firmas las envíen antes del 30 de octubre.
Le preguntamos por los apoyos recibidos o no de los diferentes actores políticos, en especial de aquellos que, en teoría, tiene una postura contraria al adoctrinamiento lingüístico al menos desde sus direcciones nacionales.
La respuesta es reveladora: «Prefiero no hablar de eso», explica Lago. Ya llegará el momento, una vez presentadas las firmas en el Congreso, de entablar diálogo co las diferentes fuerzas políticas. Ahora la prioridad es recoger el mayor número de firmas, para lo que se hace necesario mantener un prudente silencio.
Es, como en otros escenarios, la sociedad civil la que debe hacerse cargo de lo que, por distintos motivos, los partidos no quieren. Cervantes, Quevedo, Garcilaso, Valle Inclán, García Lorca, los Machado, García Márquez, Neruda, Vargas Llosa, Rulfo y tantos otros genios de la literatura en español, seguro que firmarían.