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Profesores andaluces acosados por la ideología de género: ¿Meterán en la cárcel a la RAE?

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el Parlamento andaluz / EFE

La Junta de Andalucía está convencida de que obligando a los ninos en las escuelas a utilizar el «todos y todas» reducirá la violencia de género. Su nuevo plan de igualdad -el II Plan estratégico de igualdad de género- promulgado por la consejería de Educación antepone la ideología al uso correcto del lenguaje. Susana Díaz tira la realidad por la ventana y se queda con la ideología.

Este nuevo paso que promueve la ideología de género en las aulas recomienda emplear términos como «poblacion andaluza» en lugar de «los andaluces» y «la clase política» en vez de «políticos». El profesor que incumpla estas directrices podrá incluso ser denunciado.

Para ello los inspectores de la consejería de Educación juegan un rol esencial en el engranaje de control de la Junta de Andalucía. Ellos son los responsables de supervisar y evaluar que la ley se cumple a rajatabla en cada centro. Serán como una especie de policía de género, ya que podrán entrar en un aula y, en el caso de detectar alguna irregularidad, denunciar al profesor remitiendo un informe a sus superiores.

La ‘policía de género’ de Susana Díaz vigilará que los profesores cumplen a rajatabla la forma de dirigirse a los estudiantes obviando el genérico «todos» o «ninos», una anomalía ‘machista’ y ‘discriminatoria’

Estos inspectores visitan centros educativos al azar para seguir el desarrollo de una clase durante una hora en la que comprobarán que el profesor se dirige a sus «alumnos y alumnas» obviando el genérico «alumnos», una anomalía a desterrar, pues su empleo está considerado machista y discriminatorio. Una confusión gramatical propia de quien quiere implantar sus consignas a través del lenguaje.

Pérez-Reverte: «Esto se va de las manos»

También deberán vigilar que los carteles que cuelgan de las paredes de la clase no sean excluyentes o que el profesor no organice actividades que impliquen la separación de ninos y ninas. Hasta el más mínimo detalle será vigilado por esta policía de género al servicio del poder.

Claro que mucho menos celo pone la Junta de Andalucía en enseñar correctamente la lengua castellana a los alumnos. Y no será porque no se lo hayan advertido hasta los propios académicos de la RAE. Arturo Pérez-Reverte, fiel a su estilo directo, criticó el pasado martes este plan en dos tuits: «A fuerza de estupidez, esto se va de las manos» y «Lo que faltaba. Lo imprescindible. Ahora, un@ policí@ lingüístic@ andaluz@».

Si el inspector de trabajo es el instrumento, el fin es garantizar que en los libros de texto y materiales curriculares se eliminen «los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y discriminatorios» o que se fomente la utilización de un lenguaje «no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales».

Una profesora confiesa a Actuall que desde hace años durante los claustros, los docentes leen los documentos en voz alta refiriéndose siempre a sus «alumnos y alumnas»

Una profesora de primaria de un colegio público de Sevilla confiesa a Actuall que desde hace años durante los claustros -reuniones de los profesores y la dirección del centro- los docentes leen los documentos en voz alta refiriéndose siempre a sus «alumnos y alumnas» o, si acaso, «al alumnado». Otra vez la confusión entre el sexo y el género.

Por ello no sorprende que los informes que los profesores remiten a la consejería de Educación estén redactados con un estilo cuidadísimo, al dictado, por supuesto, de la ideología de género que la Junta impone a través del lenguaje. «Desde la ley de 1997 hay una recomendación de no emplear el genérico, sino de hacer distinciones entre ninos y ninas, y de tanto uso se ha acabado imponiendo esta fórmula», asegura esta profesora.

«Es un germen totalitario»

Mucho más rebelde se muestra el director -y profesor de Lengua y Literatura- de un colegio concertado de la provincia de Cádiz, que se niega a que el poder político le imponga su forma de hablar o escribir. «Yo hablo en español y a quien me debo es a la RAE. ¿Van a meter en la cárcel a todos los académicos?«, declara a Actuall.

Tampoco parece preocupado por al visita a su centro de uno de los inspectores de la Junta de Andalucía. «Puede venir, pero es irracional que me impongan cómo hablar o escribir. No se puede legislar sobre el lenguaje, que tiene vida propia. No se puede crear un nuevo lenguaje por decreto ley. Es un germen totalitario, va contra la libertad y me parece ridículo. El empleo del ‘todos y todas’ no tiene nada de inocente».

El portavoz de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, cree que el plan de la Junta de Andalucía es un paso más en la pendiente totalitaria de la ideología de género. «Siguen avanzando en el totalitarismo, en la intromisión en la vida privada y en la imposición de una ideología que, con el pretexto de que suena bien, coarta la libertad».

El portavoz de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay / PPE

En su opinión, Andalucía ha sido el campo de experimentación de estos postulados que, al final, han logrado exportar a otras comunidades autónomas. «Lo peor es que no hay resistencia política a esta deriva, por lo que les da más fuerza. Pueden seguir imponiendo esta ideología sin problemas. En Madrid el PP también está legislando en esta línea».

Otra profesora de primaria -en este caso de la provincia de Huelva-, recuerda el caso de un alumno suyo que tuvo que poner en conocimiento de la dirección del centro. «Yo tenía un alumno un poco amanerado, y eso lo tuve que poner en conocimiento de la directora. Como hay tanto problema con eso, no lo hemos querido mover por miedo a que haya que aplicarle algún tipo de protocolo».

El protocolo sobre identidad de género permite a los alumnos vestir con ropas o uniformes y utilizar los aseos «acordes a la identidad de género manifestada»

A lo que se refiere esta profesora es al «protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz». Entre otras cuestiones, este protocolo establece a los alumnos la libertad en el uso de la vestimenta con la que se sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Es decir, que si el colegio exige la obligatoriedad de vestir uniforme diferenciado por sexos, «se reconocerá el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada».

Además este plan de igualdad señala que se evitará la realización en el centro actividades diferenciadas por sexo. «Si en alguna ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente identificado». Por si fuera poco, el profesor garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda «de acuerdo con su identidad de género».

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