A la presidenta Michelle Bachelet se le acaba el tiempo. Pretendía aprobar a todo vapor un paquete de proyectos legislativos que cerrarían con “broche de oro” su tan deseada reconfiguración del rostro de Chile, antes de entregar el poder a su sucesor, Sebastián Piñera. No lo conseguirá.
A pesar de que ordenó a su base de apoyo en el Congreso pasar la ‘aplanadora’ para aprobar tales iniciativas, no conseguirá colocar su firma ni siquiera en la que considera la “cereza del pastel” del conjunto de sus reformas ‘progresistas’: la Ley de Identidad de Género.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa iniciativa, presentada inicialmente en 2013, recibió una atención especial en los últimos meses y tramitó en carácter de suma urgencia. No solo eso, se atropelló la posibilidad de un amplio debate sobre tan polémico tema y, en cierta forma, también se vulneró el debido proceso legislativo.
En la Cámara de Diputados, por ejemplo, no pasó, como debería, por las comisiones de Constitución y Hacienda. La primera comisión pidió que el proyecto le fuera enviado y se le negó. Con todo, no hay más tiempo hábil para aprobarlo antes del 11 de marzo, cuando acontece el cambio de gobierno.
La insatisfacción de la presidente y de las diversas organizaciones políticas LGBT, como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), es manifiesta y temen que haya un freno debido a que la configuración del Congreso cambiará también en marzo.
Las personas que se consideran transgénero podrán registrar su identidad subjetiva en órganos públicos y también recibirán tratamientos hormonales o quirúrgicos para cambio de sexo, si los solicitan
La coalición Chile Vamos, que llevó a Piñera al poder por segunda vez, tendrá 19 de los 43 senadores y 72 de los 155 diputados. Las comisiones por las que debe tramitar tendrán una nueva composición que, eventualmente, podría bloquear la ley o tornarla menos agresiva.
Una ley que aplica la ideología de género
El proyecto legislativo considera la ‘identidad de género’ como una vivencia interna e individual, ‘sentida’ por la persona ‘profundamente’ y que no tiene necesaria correspondencia con el sexo ‘asignado’ al nacer, tal como lo propone la perspectiva ideológica de género.
Las personas que se consideran transgénero podrán registrar su identidad subjetiva en órganos públicos y también recibirán, con mayor facilidad, tratamientos hormonales o quirúrgicos para cambio de sexo, si los solicitan. No se exigirán requisitos psicológicos o sanitarios. Basta con expresar la propia voluntad.
La versión original del proyecto contemplaba entre los ‘beneficiarios’ a niños y adolescentes sin el consentimiento de su padre y su madre. Y establecía que el cambio de ‘género’ no incidía en el vínculo conyugal, de manera que si un hombre casado manifiesta ser ‘mujer’, seguiría unido a su esposa.
Quedó establecido y votado que los menores de 18 años no podrán ser hormonizados ni cambiar su sexo, dando también blindaje a la patria potestad
Esto abriría un precedente para aplicar la perspectiva de género en la jurisprudencia referente a vínculos conyugales, aprobando – de facto – por la puerta de atrás el ‘matrimonio homosexual’.
La fuerte presión de organizaciones ciudadanas, especialmente las promotoras del bienestar de la infancia y de padres de familia, consiguió que la Cámara de Diputados integrara modificaciones a estos últimos puntos.
Quedó establecido y votado que los menores de 18 años no podrán ser hormonizados ni cambiar su sexo, dando también blindaje a la patria potestad; y los mayores de 18 tampoco podrán hacerlo si tienen vínculos matrimoniales no disueltos. Esto fue un duro golpe al lobby LGBT.
Aunque Bachelet consiguió dar velocidad al proyecto, haciendo que en apenas cuatro meses llegara al Senado para la tercera y última etapa de tramitación, ahora se abre una incógnita sobre lo que le espera.
Un paquete de reformas para mudar el rostro de Chile
Con la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la presidente Bachelet aprobó el 2 de agosto de 2017 una ley que permite el aborto en tres causales: riesgo para la salud de la mujer, inviabilidad de vida fetal, y embarazo por violación.
Esta ley abrió las puertas al aborto en Chile, uno de los pocos países del mundo donde aún era totalmente prohibida tal agresión a no natos. El respaldo de casi todos los parlamentarios de la Democracia Cristina, que en teoría deberían oponerse a la ley, fue de capital importancia para su aprobación.
Como es conocido, la ‘Ley del Aborto en Tres Supuestos’ fue objetada ante el Tribunal Constitucional, que terminó dándole su respaldando.
Animada por esta victoria, que divulgó a bombo y platillo, Bachelet se lanzó por todo e impulsó iniciativas que ya habían sido prometidas en su programa de gobierno:
– Envió al Legislativo el 28 de agosto, apenas una semana después del aval del Tribunal Constitucional a la ley del aborto, un proyecto de ley que instituye en el país el llamado ‘matrimonio igualitario’.
A pesar de que las uniones civiles entre personas del mismo sexo son una realidad en Chile desde 2015, la propuesta pretende equipararles todas las garantías que se reconocen al matrimonio, celebrado entre un hombre y una mujer, entre los que están los derechos de filiación, crianza y adopción.
– Firmó el 4 de septiembre una iniciativa de ley que penaliza con prisión la incitación al odio y a la violencia por origen étnico, nacionalidad, creencia sexo, orientación sexual o identidad de género o creencias.
En la presentación del proyecto, Bachelet dejó claro que, a pesar, de las diversas categorías contempladas, el objetivo es blindar a la ‘comunidad’ LGBT. La ambigüedad de los criterios para determinar lo que se tipifica como incitación al ‘odio’ la configura como una verdadera ‘ley mordaza’ que impedirá cualquier manifestación crítica a la homosexualidad o a las diferentes “identidades de género”.
– Solicitó la tramitación en suma urgencia de la ya mencionada Ley de Identidad de Género.
– Y propuso una modificación al capítulo 15 de la Constitución para reformular la Carta Magna a través de una ‘Convención Constitucional’. Su propósito era consolidar y ampliar las reformas de su agenda ‘progresista’.
Es mismo camino por el que la izquierda impuso dicha agenda en la Ciudad de México, entre 2016 y 2017; Rafael Correa lo hizo en Ecuador, entre 2007 y 2008; Evo Morales en Bolivia en 2006; Hugo Chávez en 1999 y ahora mismo Nicolás Maduro, en Venezuela.
Con la esperanza de tener sancionadas o, por lo menos, muy avanzadas estas propuestas, Bachelet solicitó al Parlamento “suma urgencia” a dos de ellas y orientó a los legisladores de su base aliada articular una tramitación ágil haciendo uso de todas los recursos que tuvieran a disposición. La apuesta principal era la Ley de Identidad de Género.
Además, intentó conseguir del nuevo mandatario electo, Sebastián Piñera, durante el primer encuentro que tuvieron después del triunfo del empresario, un compromiso para no bloquear el avance de esa agenda.
Sin embargo, a pesar de toda la maquinaria estatal trabajando para ese propósito, sus deseos se vieron frustrados.
Entre agosto y enero de 2017 un grupo pequeño pero significativo de legisladores profamilia bloquearon, hasta donde les fue posible, el avance de las iniciativas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Además diversas organizaciones ciudadanas, especialmente de protección a la infancia y de padres de familia, tuvieron un papel fundamental objetando diversos dispositivos de las propuestas del gobierno ante diversas instancias del Congreso y señalando a la opinión pública las irregularidades del tramite realizado con prisas.
La primera semana de enero Piñera se reunió con los dirigentes de la coalición Chile Vamos, que le llevó al poder de nuevo en la elección del año pasado, y determinó que habría un bloqueo sistemático al paquete de reformas de Bachelet.
Y por si fuera poco, llegó el receso legislativo. La última sesión del Senado fue el 24 de enero y sólo volverá en 1 de marzo. La Cámara de diputados, por su parte, cerró el 25 de enero y retoma el 5 de marzo.
Estuvo a un paso de conseguirlo, pero no lo logró. No hay más tiempo hábil para ningún otro avance significativo que le permita a Michelle Bachelet colgarse un triunfo más.
Terminará su gobierno habiendo entregado a los lobbies feminista y de género dos ley sancionadas y funcionando: la de uniones civiles para personas del mismo sexo, de 2015, y la del aborto en tres causales, de 2017.
Tres iniciativas de ley redactadas por el propio lobby LGBT en trámite: la de los ‘crímenes de odio’ firmada, la del ‘matrimonio igualitaria en la Comisión de Constitución del Senado y la de Identidad de Género, también en el Senado pero en fase final.
Y además, entregó un ‘seguro’ o ‘candado’ que pretende garantizar que no haya retroceso en la ‘agenda progresista’ que hizo avanzar en los cuatro años de su segundo gobierno: una Constituyente. Una propuesta que no tiene como no recordar al pueblo chileno que fue por ese camino que Hugo Chávez y Evo Morales consolidaron su ‘agenda’ autoritaria.