Este miércoles el llamado ‘Observatorio Español contra la LGTBfobia’, creado por el grupo gay Colegas y subvencionado por el Ministerio de Sanidad, anunciaba una nueva denuncia por un delito de “odio”, esta vez contra el periodista Luis del Val, para el que piden una condena de hasta 4 años de prisión por criticar la presencia de una drag-queen en la cabalgata de Reyes Magos de Vallecas, un hecho que provocó polémica las pasadas navidades.
Se quejan de que la Fiscalía ampare derechos constitucionales
En la citada nota, el Observatorio carga contra la Fiscalía, a la que acusa de “una falta de operatibilidad y de compromiso en la gestión de este tipo de delitos”.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraSe quejan, concretamente, de que la Fiscalía no les ha dado la razón hasta ahora: «Todas y cada una de las denuncias interpuestas por el Observatorio ante la Fiscalía en temas de libertad de expresión y libertad de religión, han sido casi automáticamente archivadas con la misma argumentación de que el discurso del odio hacia personas LGBTI está amparado por la libertad de expresión y la libertad de religión».
Lo que apunta la Fiscalía no es que “el discurso de odio” esté amparado, sino que no ha existido en los hechos denunciados por esa entidad
Al hacer esta afirmación el Observatorio falta a la verdad: lo que apunta la Fiscalía no es que “el discurso de odio” esté amparado, sino que no ha existido en los hechos denunciados por esa entidad.
Y es que lo mismo que tergiversa los argumentos de la Fiscalía, hasta ahora ese Observatorio también ha tergiversado declaraciones y hechos para intentan condenar a quienes le contradicen.
Acusaciones falsas y criminalización de la discrepancia
Veamos a continuación algunos ejemplos de las denuncias presentadas por ese Observatorio y por Colegas:
En enero de 2014: Colegas presentó denuncia contra el cardenal Fernando Sebastián por criticar la homosexualidad. Tras una investigación de la Fiscalía de Málaga la denuncia fue archivada, señalando que las declaraciones del cardenal no suponían una infracción penal y estaban amparadas por la libertad de expresión y de religión.
En abril de 2014 Colegas presentó una denuncia contra el Obispo de Málaga, Jesús Catalá, por criticar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta vez el tema llegó al juez, pero no precisamente para dar la razón a los denunciantes: la denuncia fue archivada y el juez cuestionó su veracidad: “no se tiene certeza de que la versión aportada se ajuste a la realidad”.
Ocho testigos del acto en el que supuestamente el Obispo había pronunciado las declaraciones que le atribuía Colegas señalaron, en un escrito, que se habían manipulado las palabras del prelado.
En agosto de 2016 el Observatorio Español contra la LGTBfobia anunció otra nueva denuncia, esta vez acusando a la asociación HazteOir.org de inundarles su Twitter con “ataques e insultos, incluyendo hasta una brutal amenaza de muerte”.
La propia entidad denunciante publicó una serie de tuiteos que no tenían ninguna relación con HazteOir.org. Así mismo, en el texto de la denuncia no se mencionaba por ninguna parte a esa asociación.
También en agosto de 2016, el Observatorio Español contra la LGBTfobia anunció una querella contra los Obispos de Alcalá y Getafe por criticar los contenidos antidemocráticos de la Ley LGTB de la Comunidad de Madrid.
De la denuncia, si es que se presentó, no se volvió a tener noticias. A tenor de lo que anuncia el Observatorio en su última nota, también fue archivada.
En marzo de 2017 el Observatorio Español contra la LGTBfobia equiparó un folleto crítico con la ideología de género con el “Mein Kampf” de Adolf Hitler
El 21 de marzo de 2017 el Observatorio Español contra la LGTBfobia denunciaba al diario Abc y a la asociación HazteOir.org, equiparando un folleto crítico con la ideología de género con el “Mein Kampf” de Adolf Hitler. La denuncia fue archivada en junio por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid.
En el auto de archivo se señala que el folleto en cuestión “no contiene frases ultrajantes u ofensivas”y su contenido “no traspasa el límite del derecho a la libertad de expresión”, de forma que “los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal”.
El 20 de febrero de 2017 el Observatorio Español contra la LGTBfobia anunció una nueva denuncia, esta vez contra el Arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. La propia entidad denunciante publicó en su web una nota en la que atribuía al Arzobispo palabras que no dijo.
La paradoja es que el propio Observatorio incluía un enlace a la homilía, en la que se podía comprobar fácilmente que se trataba de una acusación falsa. La denuncia fue archivada por la Fiscalía en agosto.
A pesar de haberse servido de una mentira para acusar a ese prelado, el Observatorio se quejó de “que la Justicia española archive una y otra vez, todas las denuncias sobre discurso del odio realizada por numerosos miembros de la Jerarquía católica y el ‘lobby del odio’, basándose en la libertad de expresión y la libertad de religión, cuando ambos derechos deben tener unos límites determinados”.
¿Pretenden que la Fiscalía admita acusaciones falsas y delitos de opinión?
En su nota del pasado miércoles, el Observatorio reconoce: «Tampoco esperamos mejores resultados ante la Justicia ordinaria por el miedo a aplicar las leyes existentes y enfrentarse a dilucidar los límites de la libertad de expresión».
Y a continuación aclara su idea de la libertad de expresión: «La libertad de expresión no se puede confundir con una gratuita libertad de agresión, de insulto, humillación y menosprecio de la dignidad de las personas LGBTI. No todo vale para defender las opiniones en una sociedad democrática y moderna como la española».
Lo que parecen pretender este tipo de entidades es que toda acusación que hagan tenga presunción de veracidad y sea aceptada por la Justicia sin más, aunque sea abiertamente falsa.
Lo que nadie puede pretender es que la Justicia acceda a condenar a alguien basándose en acusaciones falsas o en virtud de inexistentes delitos de opinión
Y es que puestos a hablar de límites de la democracia, lo que nadie puede pretender es que la Justicia acceda a condenar a alguien basándose en acusaciones falsas o en virtud de inexistentes delitos de opinión.
España es un país democrático y la crítica a la ideología de género, la crítica a la actual regulación del matrimonio -vigente desde 2005-, la crítica a las leyes vigentes e incluso la crítica a determinados estilos de vida son totalmente legítimas.
Lo que pretenden Colegas y ese Observatorio, a las claras, es que la Fiscalía les ayude a recortar la libertad de expresión. Debería ser un motivo de alivio para cualquier demócrata que la Fiscalía no haya querido acceder a esas pretensiones autoritarias.
Y es que el problema de Colegas y de su Observatorio no es con el odio, sino con la democracia y con el derecho a disentir de sus opiniones.
*Este artículo ha sido publicado originalmente en el blog de Elentir Contando Estrelas.