La calle politiza la justicia

    Las turbas de juristas callejeros han vuelto a salir a la calle, ellas saben de todo, manejan los tipos penales como si hubiesen nacido con un Código Penal bajo el brazo. Este es, por lo visto, el “sentir popular” de los españoles. Plazas llenas de indignación por la libertad provisional de cinco chavales primitivos y degenerados.

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    Feministas manifestándose.
    Feministas manifestándose.

    Tras la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad bajo fianza a los cinco miembros de ‘La Manada’, las turbas de juristas callejeros han vuelto a salir a la calle, también en manada. O en marea, que viene a ser lo mismo si se atiende a los miembros que las componen. Una marea, por supuesto, monocroma, uniformada, apegada al pensamiento único y de aires tan totalitarios como totalizantes, factor común que va arraigándose en las últimas movilizaciones pretendidamente populares.

    Ellas saben de todo. Manejan los tipos penales como si hubiesen nacido con un Código Penal bajo el brazo, y sin haber pisado un día una Facultad de Derecho, desgranan con finura los hechos probados de un procedimiento para, con tiento cirujano, calificarlos a la perfección. Igualmente, conocen y disertan entre ellas sobre la redacción y el alcance que la Ley de Enjuiciamiento Criminal da a las medidas cautelares personales. Su estampa, a la postre, viene a recordar la Escuela de Atenas que Rafael pintó para el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano.

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    «No a la cultura de la violación», decían, pensando que estamos en Irán o en un barrio musulmán de Alemania

    Así, tras acumular horas de estudio sereno y meditado, el pasado fin de semana volvieron a concentrarse para publicar su veredicto sosegado. Un texto trabajado y concienzudo. Un análisis riguroso. Ahí va: «no es abuso, es violación». Y ya está.

    Y como no es abuso, sino violación (porque ellas lo dicen, y eso es así), llamaban «a la calle, compañeras. Hay que responder», según palabras del Movimiento Feminista de Madrid. Con la espontaneidad propia de estos colectivos subvencionados, politizados y, sobre todo, ideologizados, en un tris las teníamos a todas reunidas en torno a Ayuntamientos y Palacios de Justicia de un puñado de ciudades españolas.

    «No a la cultura de la violación», decían, pensando que estamos en Irán o en un barrio musulmán de Alemania; «No habrá quien juzgue nuestra palabra. Basta ya de justicia patriarcal«, cantaban en San Sebastián, donde tantas palabras se han quedado mudas durante cuarenta años de terrorismo sin que nadie haya sacado aún una sola pancarta.

    La maraña de asociaciones, creadas y mantenidas todas ellas con dinero público, es una magnífica maquinaria de propaganda y presión, de la que comen hoy muchas bocas

    Por supuesto, no sólo estaban por allí las espontáneas viandantes, sino que también acudieron algunas representantes públicas, como la podemita portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, o la portavoz del PSOE en ese Ayuntamiento, Purificación Causapié, juntas precisamente frente al Ministerio de Justicia que, ahora, preside la socialista Dolores Delgado.

    Que andurreasen bajo esos lemas determinado sector poblacional, y que coreasen sus eslóganes, es hasta cierto punto comprensible. La maraña de asociaciones, creadas y mantenidas todas ellas con dinero público, es una magnífica maquinaria de propaganda y presión, de la que comen hoy muchas bocas. El negocio les va en montar el chiringuito y ellas, con ánimo de superviviencia, lo montan. Otras, ingenuas, manipuladas, o simplemente necesitadas de sentirse integradas en un grupo donde disolverse, las secundan, y tienen circo para una tarde. Hasta ahí, triste, pero habitual.

    La ministra de Defensa aseguró que las sentencias tienen que «adaptarse al sentir popular», Con tres pares de narices

    Lo que resulta del todo incomprensible e intolerable, es que la señora Ministra de Defensa, la juez Margarita Robles, expusiese con tanta ligereza y sin ningún tapujo cuál es el fundamento del Gobierno del que forma parte. En declaraciones de este fin de semana, sobre la decisión de los magistrados de la Audiencia de Navarra de poner en libertad provisional y bajo fianza a los cinco miembros de la Manada, aseguró que las sentencias tienen que «adaptarse al sentir popular». Con tres pares de narices.

    Es decir, que esta juez –cuyas resoluciones desconozco, y que a tenor de sus declaraciones, prefiero seguir desconociendo- entiende que las sentencias no deben adaptarse a la Ley, ni respetar el principio básico de legalidad que rige en todo sistema democrático, sino que deben redactarse según el «sentimiento» –por tanto, irracional- del «pueblo» –esto es, desconocedor de la norma y manipulable al antojo de los medios y sus dirigentes-.

    Para unos hay que cambiar la ley y adaptarla a lo que la calle pide; a otros, hay que aplicársela escrupulosamente, porque España es un Estado de Derecho

    Ahí está, con mayor evidencia de la que la señora Robles querría, el paradigma de la izquierda en general, y de la española en particular: nada debe quedar bajo el imperio de la razón. No puede responder ante ella la política, que se hunde alarmantemente en las ciénagas de la demagogia; tampoco el propio concepto de Hombre y Mujer, que machacando la lógica y la evidencia, debe quedar al arbitrio de un supuesto sentimiento basado en el artificial término de la «autopercepción»;  ahora, tampoco puede someterse al raciocinio la Justicia, uno de los últimos baluartes que deben ser asaltados por el «sentir popular» para que, lejos de cualquier intento de buscar un criterio general y objetivo, pueda ser manejado para servir de apoyo al linchamiento del contrario.

    Y mientras, el Ministro de Interior y también juez, Grande Marlaska, preguntado por las intenciones públicas del Presidente Sánchez de acercar los presos etarras a las cárceles vascas, aseguraba que estos movimientos responden, simplemente, a «aplicar la Ley», y que «a veces se nos olvida que estamos en un Estado de Derecho».

    Este es, por lo visto, el «sentir popular» de los españoles. Plazas llenas de indignación por la libertad provisional de cinco chavales primitivos y degenerados, y un silencio atronador ante los beneficios de los que han asesinado y oprimido a poblaciones completas durante décadas. Para unos hay que cambiar la ley y adaptarla a lo que la calle pide; a otros, hay que aplicársela escrupulosamente, porque España es un Estado de Derecho. Esta es la España de la izquierda. Donde la calle politiza la Justicia.

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