Lejos de ser un caso aislado, el del violador Martin Ponting va camino de ser la consecuencia lógica de la ideología de género: ha sido trasladado de la cárcel para hombres a una prisión para mujeres después de haberse sometido a un cambio de sexo. Un violador viviendo entre mujeres, ¿no es maravilloso?
Es verdad que ahora no tiene pene y se llama Jessica Winfield, pero las autoridades penitenciarias del Reino Unido no han tenido problema alguno -a pesar de su condición de violador- para concederle su deseo de ser tratado como una mujer hasta el punto de seguir cumpliendo la condena por violación en un centro penitenciario para mujeres.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraDesde hacía al menos 10 años Winfield se quejaba de ser víctima tanto de los reclusos como del personal penitenciario en la cárcel de Whitemoor (condado de Cambridgeshire). El motivo esgrimido es que entonces era transgénero.
Por mucho que las autoridades apelen al cambio de sexo, el traslado a una cárcel femenina no ha gustado a las víctimas de Martin Ponting, que lamentan que además pueda ser liberado este año. «Puede que haya cambiado físicamente, pero su cerebro sigue siendo el mismo», denuncia una de las víctimas.
Denunciar a tu pareja
De momento las autoridades penitenciarias británicas no se han pronunciado al respecto, aunque no es el primer caso de esta naturaleza al que se enfrentan. John Pilley -más tarde conocido como Jane Anne- se convirtió en 1999 en el primer recluso de Inglaterra y Gales en ser autorizado para cambiar de sexo mientras cumplía condena por el intento de asesinato y secuestro de un taxista.
Claro que si los postulados de la ideología de género son aceptados por la clase política occidental (el sexo es una construcción social-cultural, nunca biológica), lo lógico es que casos como los de John Pilley y Martin Ponting sean cada vez más frecuentes, ya que no habría motivo alguno para impedir que un varón que se siente hembra -a pesar de que su realidad biológica indique lo contrario- sea tratado como tal con todo lo que ello supone.
Si se asume la ideología de género, ¿podría el Estado denegar a un hombre los beneficios de prestaciones sociales asignadas a mujeres si se siente una de ellas?
Bajo esta premisa, ¿podría el Estado denegar a un hombre los beneficios de prestaciones sociales -o cualquier tipo de programa- asignadas a mujeres si se siente una de ellas? Es más: ¿podría una entidad privada como un banco rechazar a un varón que reclama líneas de crédito exclusivas a «jovenes emprendedoras» si se dice mujer?
Ya contamos en Actuall que la confusión podría ser tal que hasta leyes como la española contra la violencia de género -que penaliza al varón en tanto que se pierde la presunción de inocencia- puede ser utilizada de tal manera que un varón que se dice mujer denuncie a su pareja -mujer que se dice hombre- por violencia de género y sea esta última quien acabe arrestada en el calabozo por maltrato.
Arcopoli señala; Cifuentes castiga
Es un disparate tras otro que, lejos de revertir, aumentará al ritmo de la insaciable voracidad legislativa del progresismo.
Todas estas leyes comparten algo: la subversión del orden natural revestida de nuevos derechos. Hasta 10 comunidades autónomas españolas tienen aprobadas leyes dictadas por los grupos de presión LGTB. Y todas están encabezadas por la siguiente premisa: «Leyes contra la discriminación».
Pero de facto lo que esta batería normativa supone es la imposición de una ideología -la de género- desde el poder: quien discrepe recibe una multa. Hay quien ya ha probado las ‘bondades’ de tanta tolerancia hecha ley: Cristina Cifuentes multó con 1.000 euros al director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón por criticar la ley LGTB vigente en la Comunidad de Madrid.
En realidad el director del centro educativo madrileño había enviado una carta a los alumnos y sus familias en la que defendía el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos al tiempo que criticaba la imposición de la ideología de género en los colegios. Si la multa fue posible fue gracias a Arcopoli, uno de las asociaciones del lobby gay en España, que actuó como chivato del poder.
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