Tenemos leyes para aburrir y para desesperar a los juristas. Sólo en 2014, el BOE y los 19 boletines autonómicos publicaron 983.130 páginas. Ningún ser humano puede estar al tanto de toda esa legislación, gran parte de la cual castiga con tremendas multas y sanciones su incumplimiento. Esta jungla legislativa, en vez de proteger al ciudadano lo oprime, ya que las conductas ilegales aumentan sin parar.
Semejantes montañas de papel hacen pensar en el aforismo del colombiano Nicolás Gómez Dávila: “Las sociedades moribundas acumulan leyes como los moribundos remedios”. La actividad legisladora ya está tan acelerada que los diferentes organismos públicos amontonan leyes, prohibiciones y obligaciones contradictorias.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLos funcionarios no obedecen las leyes
Una niña de 12 años murió en un pueblo de Madrid hace unos días a causa de un coma etílico. Los ‘botellones’ están prohibidos, en Madrid desde hace años, y por dos leyes: la autonómica que aprobó el PP en 2002 y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, también del PP, de 2015. La misma doble legislación (la ley nacional se impone a las autonómicas, que pueden completarla), se produce en varias comunidades autónomas; pero se incumple, sin que los diferentes cuerpos policiales ni sus superiores apliquen tanto artículo.
El lugar donde se desarrolló el ‘botellón’ en que la chiquilla falleció era habitual y conocido por los funcionarios de San Martín de la Vega, así como por los vecinos, sobre todo los que son padres. Pero ningún funcionario hizo nada.
Lo mismo pasa con las leyes que regulan la expulsión de inmigrantes irregulares; las ordenanzas municipales que prohíben la venta ambulante, u obligan a recoger los excrementos de los perros; el Código de la Circulación respecto a los ciclistas; los plazos de los procesos judiciales; el Código Penal sobre los burdeles, que vemos en todas las carreteras; etcétera.
En el otro extremo, hay violaciones legales que en cuanto la Administración las detecta —o bien se le comunican desinteresadas ONG a las que la primera financia— emplea todo su poder para reprimirlas y castigarlas: árboles talados sin el preceptivo permiso municipal, hallazgo de cuerpos de animales matados fuera de veda, lugares donde se fuma, denuncias de homofobia, crucifijos en aulas escolares, comercios donde no hay suficientes carteles en la lengua ‘propia’ de la comunidad…
Los españoles padecemos un aumento de la violencia de hijos a padres y abuelos, agravada por una autoridad que nunca aparece, salvo para poner grilletes al adulto que da un cachete
Padres despojados de autoridad por ZP
Si un adulto trata de evitar que su hija menor de edad vaya a un ‘botellón’, puede chocar con una de las leyes que se ejecutan a rajatabla. Un padre navarro sacó de un ‘botellón’ a su hija de 13 años borracha con tirones y arrastres. La niña se lo agradeció con una denuncia ante la Guardia Civil, lo que implicó una investigación y la apertura de diligencias.
Se celebró un juicio en el que el fiscal —que Dios le premie su acción— pidió siete meses de prisión para el padre por maltrato. Por suerte para el intimidado ciudadano, una juez le absolvió, porque otros no han tenido esa suerte.
En la primera legislatura de Zapatero, el PSOE, con el respaldo del resto de la izquierda y de los nacionalistas, suprimió en 2007 del Código Civil (art. 154) la facultad que antes tenían los padres de “corregir razonablemente y moderadamente a sus hijos”.
¡El ansia infinita de paz! A cambio, el Estado se entrometía en la vida familiar al constituirse como ogro benefactor para zanjar los problemas entre padres e hijos: “Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad”.
Desde entonces, los españoles padecemos un aumento de la violencia de hijos a padres y abuelos, agravada por una autoridad que nunca aparece, salvo para poner grilletes al adulto que da un cachete o un empujón al hijo grosero, gamberro, drogadicto o ladrón.
El PP de Rajoy, que se limita a consolidar la ingeniería social de la izquierda, no ha alterado lo perpetrado hace casi 10 años. Una muestra más de que los partidos políticos españoles son los mismos perros con distintos collares.
¿No le llama la atención a usted que a la Agencia Tributaria le sobren los medios económicos y personales, mientras que la Administración de Justicia carece de ellos?
Estados que envilecen
¿Es casualidad que los legisladores hayan despojado a los padres de cualquier medio de corregir a sus hijos y, a la vez, permitan que éstos se degraden mediante el alcohol, la droga o el sexo?
¿No le llama la atención a usted que a la Agencia Tributaria le sobren los medios económicos y personales, mientras que la Administración de Justicia carece de ellos y que, además, para aumentar su ineficacia, tiene transferidos los medios materiales (sistemas informáticos, sedes, eventuales…) a las regiones?
Al Estado, formado por funcionarios y políticos, le preocupa más que no se le paguen los impuestos imprescindibles para su funcionamiento que la libertad, la seguridad, la educación y —perdón por mi reaccionarismo— la mejora moral de los ciudadanos.
Hasta la Gran Guerra, el comportamiento de la gente lo determinaban más las tradiciones y las religiones que el Estado, pero desde entonces el Poder público, a medida que expandía, se ha empecinado en destrozar a sus rivales para sustituir los mandatos y consejos de éstos por sus leyes, que fijan el bien y el mal, que ordenan y castigan.
Concluyo con otro aforismo de Gómez Dávila: “La ley es el método más fácil de ejercer la tiranía”.