El recientemente nombrado ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha propuesto en su primera comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso modificar los protocolos de evaluación del riesgo de homicidio en casos de violencia doméstica.
Zoido considera por tanto que todos los protocolos establecidos hasta el momento han fracasado, y propone su reelaboración de los sistemas según los cuales se establecen los grados de riesgo existentes en un caso y las medidas asociadas a cada uno.
Manuel Oliete, secretario de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, que lleva años estudiando estos asuntos, considera que son necesarias recetas en las que estén alejados los políticos.
Tanto para mejorar la protección de las mujeres que están realmente amenazadas, como para evitar los abusos que derivados de la Ley Integral contra la Violencia de Género, Oliete llama a «expulsar» a los políticos para dejar paso a expertos cualificados.
«Así como la ONCE y la Organización Nacional de Trasplantes son punteras a nivel mundial porque están dirigidas por expertos ajenos a la política, la cuestión de los malos tratos y las situaciones de violencia en el ámbito familiar deberían quedar en manos de profesionales», señala.
«La custodia compartida, salvo excepciones muy tasadas, debe darse por defecto para evitar una pugna entre los conyuges», explica Manuel Oliete
«No puede ser que una asociación desconocida de inmigrantes ecuatorianos, Rumiñahui, sea considerada un ente especializado y válido para formar parte del Observatorio contra la violencia de género en España», explica Oliete.
A su juicio, el meollo de la cuestión, además de la despolitización de los protocolos, está en «terminar con la cultura del gran botín» que rodea los procesos de divorcio y alimentar una cultura de la mediación».
Un «botín», que incluye, además de buena parte de los bienes materiales del varón, la guardia y custodia exclusiva de los hijos comunes.
«La custodia compartida, salvo excepciones muy tasadas, debe darse por defecto para evitar una pugna entre los conyuges en la que, gracias a la Ley Integral contra la Violencia de Género, el padre tiene todas las de perder», advierte Oliete.
En este sentido, denuncia el hecho de que en la mayoría de ocasiones, las denuncias por malos tratos (que en el 87% de las ocasiones quedan sin condena del varón) se producen coincidiendo con un proceso de separación o divorcio «con ánimo instrumental».
Por ello, Oliete aboga por «desjudicializar los procesos de divorcio» que, además de fomentar los desencuentros y las actitudes enconadas, sólo benefician en muchos casos «a algunos abogados y determinadas asociaciones que obtienen recursos económicos de ello«.
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