La semana pasada, el Congreso rechazaba la enmienda a la totalidad que el Partido Popular presentaba contra la proposición de Ley del PSOE que pretende legalizar la eutanasia.
Frente a la iniciativa socialista de permitir poner fin a la vida de forma artificial, precisamente en ese momento en que una persona se encuentra asfixiada por un grave problema de salud que quiebra del todo su voluntad, los populares planteaban una ley de cuidados paliativos, con un texto en el que, entre otros extremos, afirmaba que «ni en nuestra Constitución, ni en el resto de nuestro ordenamiento jurídico, existe el derecho a morir. No existe un derecho a disponer de la vida, ni a poder requerir de los poderes públicos la asistencia para ello».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraCelebro, sin duda, que el PP caiga en la cuenta de que no existe el derecho a morir –eutanasia-, como espero que algún día recuerde que tampoco existe el derecho a matar –aborto-, y que al menos desde la oposición se atreva a decir lo que siempre olvida cuando accede al Gobierno.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la bancada liderada por Pablo Casado, fueron 208 diputados los que rechazaron su planteamiento en defensa de la vida, frente a los 134 que lo apoyaron. Por Partidos, el PP sólo contó con el respaldo de Unión del Pueblo Navarro y de Foro Asturias.
El resto, esto es, el Frente Popular de las izquierdas, junto con todos los nacionalistas, independentistas y otros especímenes, con la inestimable colaboración de Ciudadanos, optaron por dar un paso más en la cultura de la muerte, que va abriéndose camino inexorablemente en un Occidente decante y carente de Esperanza.
El rechazo de la enmienda a la totalidad que planteó el Partido Popular desembocará, en su día, en la aprobación de una Ley que permita y promueva el asesinato de enfermos y discapacitados, revestida de unas pretendidas causas humanitarias
La diputada popular, Pilar Cortés, defendió su enmienda recordando que «matar a los que sufren no es progresista; apoyar la eutanasia no es progresista», en una intervención que muchos echábamos de menos escuchar en el Congreso, especialmente cuando apeló a la «dignidad de la vida desde el principio hasta el final y a la buena muerte».
Es en estos momentos cuando los naranjas se quitan la careta, y dejan ver su rostro auténtico. Ese que no pueden taparse con la bandera nacional, enseña con la que pretenden conducir a parte de la derecha sociológica hacia las tesis de la progresía clásica. Desprovistos de argumentos por su propia ausencia de convicciones, arrinconados y temerosos de que el núcleo de votantes que los eligen sólo a causa del desencanto opten por un partido conservador sin complejos como VOX, su mejor defensa es el ataque, y el diputado de Rivera espetó como pudo a los populares que ellos «no tienen la exclusiva de la defensa del derecho a la vida».
Y no le falta razón. El PP ha demostrado en infinidad de ocasiones que no sólo no tiene en exclusiva la defensa del derecho a la vida, sino que ésta, fuera del objetivo específico de atraer el voto de quienes defienden determinados valores, le importa entre poco y nada cuando alcanza el poder. Ahora bien: pensar que alguna vez encontraremos a Ciudadanos defendiendo los principios de gran parte de la derecha social, e incluso de ciertos sectores votantes de la izquierda, en cuanto a Vida y Familia se refiere, no es sólo una quimera, sino que no entra siquiera en sus planteamientos más remotos.
En ese sentido, probablemente Ciudadanos sea el más claro ejemplo de los derroteros morales que Occidente lleva décadas transitando. Para ellos, sólo es válido lo que es rentable –lo cual ya los pone por encima de cualquier partido de izquierdas y su afán por empobrecer cuanto tocan, todo sea dicho-, y los principios sólo pueden ser marcados por la maquinaria mediática progresista. Son sus dos pilares fundamentales, y no tienen intención de cambiarlos.
El rechazo de la enmienda a la totalidad que planteó el Partido Popular desembocará, en su día, en la aprobación de una Ley que permita y promueva el asesinato de enfermos y discapacitados, revestida de unas pretendidas causas humanitarias y unos argumentos propios del buenismo que impregna nuestra sociedad líquida y sin fundamentos que la hagan, en el debate público, incontestable.
Y, como ya ha ocurrido con el aborto o con el divorcio, ésta Ley no será un fin en sí misma, sino un peldaño más que hay que subir –o, en realidad, bajar-, para servir al señor del Mundo.
En palabras de monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, con esta votación se cierra “un poco más la pinza de la desesperanza” y la sombra de la muerte se cierne y se expande, precisamente, sobre los más necesitados.
Con esta Ley socialista se empezará aplicando la muerte como remedio para aquellos que padecen “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado” o “una discapacidad grave, crónica e irreversible”. Después, se aplicará a quienes no sean piezas rentables en nuestra sociedad. Y quien sabe si algún día se acabará administrando a los que podemos resultar, aunque sea con nuestras líneas, un pequeño estorbo para los que detentan el poder.