La Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) ha enviado un requerimiento a la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana para que cesen las labores de la Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, así como del Comité de Expertos por asumir unas competencias que no les corresponden.
Según ha hecho público en un comunicado, dicha asociación ha pedido a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, que ignore el informe del Comité de Expertos, cuyo borrador se conoció el pasado lunes, y que da el visto bueno al traslado de la Cruz del Parque Ribalta.
“La Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana ha asumido funciones que no le son propias al crear ese Comité Técnico y todas las medidas que tomen están fuera de la legalidad”, afirma Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos.
La Asociación de Abogados Cristianos considera que la Comisión «está usurpando las funciones que corresponden a un comité estatal según la Ley de Memoria Histórica»
“Por ese motivo hemos enviado un requerimiento a la Consejería de Justicia y si en el plazo estipulado no hay respuesta, presentaremos un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería”, advierte.
El Comité de Expertos de la Comisión Técnica presentó el pasado lunes el borrador en el que recomienda a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón la retirada de la cruz del parque Ribalta dedicada a las víctimas de la violencia.
“Además de que en caso de tomar una decisión amparándose en el informe de una comisión que no tiene las competencias, la alcaldesa de Castellón estaría prevaricando, el comité de expertos muestra una total parcialidad en sus decisiones”, subraya Polonia Castellanos.
Dicho comité de expertos, está formado por un miembro que cuenta con un expediente disciplinario, como es Antonio Bravo Conderana, actual subdirector general de Cultura y Patrimonio de la Comunidad Valenciana, por su gestión en el Museo de Bellas Artes San Pío V.
También forma parte del comité Eugenio de Manuel Rozalén, edil socialista de la Vall de Almonacid, y firmante de un manifiesto en el que se solicitaba la revocación de los acuerdos del Reino de España con la Santa Sede y la derogación de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa.
“Como venimos repitiendo desde que la Cruz de Ribalta saltó a la opinión pública, se está prevaricando al retirar el monumento, no por su condición de vestigio franquista, sino por su significado cristiano”, explica Polonia Castellanos.
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