El presidente de HazteOir.rg, Ignacio Arsuaga ha asegurado que desde la asociación se cumplen los requisitos establecidos por la ley para ser de ‘utilidad pública’.
Estas declaraciones llegan después de que se anunciará que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo martes para valorar si HazteOir.org cumple con los principios que se exigen a todas las organizaciones para la concesión de ‘utilidad pública’.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraZoido informará sobre este tema en sede parlamentaria a petición propia. Este compromiso llevó a Esquerra Republicana (ERC) y Unidos Podemos, que habían registrado en la Cámara Baja sendas peticiones de comparecencia al respecto, a retirar sus solicitudes durante la Diputación Permanente celebrada el pasado mes de agosto y que solicitaban la presencia del ministro antes del periodo ordinario de sesiones.
Varios partidos de la oposición se han mostrado favorables a iniciar el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública a esta entidad, pues, a su juicio, tras la polémica de su última campaña se ha puesto de manifiesto que «no cumple con las finalidades que marca la ley para ser considerada como tal».
HazteOir.org inició entre los meses de marzo y junio una campaña que, según la organización, mostraba su rechazo al «adoctrinamiento sexual» de los menores en los centros escolares. A través de un autobús con el lema ‘Los niños tienen pene, la niñas tienen vulva. Que no te engañen’, recorrieron diversas ciudades de España.
El congreso pidió retirar «sus privilegios»
Esta iniciativa provocó las críticas de la mayoría de fuerzas políticas. De hecho, un texto de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, aprobado por mayoría en el Pleno del Congreso, instó al Ejecutivo a retirarle a esta organización el ‘título’ de ‘utilidad pública’ que se le había otorgado desde el Gobierno y que le otorga diferentes beneficios fiscales.
Los grupos firmantes denunciaban que las actividades de HazteOir.org son «frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia«.
El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga ha explicado a Europa Press que la utilidad pública de las asociaciones no depende de la voluntad de la clase política, sino que se reconoce tras cumplir una serie de requisitos establecidos en la ley.
«El Ministerio del Interior es el organismo encargado de revisar los requisitos de la declaración de utilidad pública y si los cumplíamos en 2013 entendemos que los seguimos cumpliendo, porque nada ha cambiado en la actividad de HazteOir.org desde entonces», apunta.
«Cumplimos la ley», asegura Arsuaga
Arsuaga recuerda que en marzo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que la declaración de utilidad pública se mantendría «hasta que no exista una resolución judicial que ordene lo contrario» y, añade que, «no sólo no ha habido ninguna orden judicial» al respecto, sino que «el 14 de julio pasado la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto por el que resolvía favorablemente el recurso de HazteOir.org y ordenaba la retirada la medida cautelar que ordenaba la inmovilización de la primera versión del autobús de la asociación».
También señala que en marzo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró en el Congreso que analizaría si la organización ha incumplido los principios fundamentales que se exigen para otorgar la ‘utilidad pública». «Dijo que se hará ‘cumpliendo siempre la ley’ y sin tener en cuenta ‘opiniones personales y arbitrarias’ como, a su juicio, están usando algunos partidos», apunta el presidente de ‘Hazte Oir’.
«Con todo, esperamos que, puesto que cumplimos la ley, el Gobierno no se pliegue a los deseos de los grupos de izquierdas que quieren impedir que en España haya un verdadero debate ideológico, propio de una democracia del siglo XXI», concluye.
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