Eran la nueva política. O eso decía Pablo Iglesias. Pero el tiempo está demostrando que son tan «casta» como la vieja política. Al menos once cuentas pendientes tiene Podemos con la Justicia, sin contar con otras corruptelas.
Son estas:
1. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hizo un informe en el que sostenía que el Gobierno de Irán mediante la empresa 360º Global Media habría financiado con casi dos millones de euros a Podemos desde 2013, “lo que supondría financiación ilegal de un partido político en toda regla”. Y en lo que respecta al líder de Podemos, Iglesias habría cobrado de esa misma empresa un total de 93.000 euros por el empeño de sus labores como director y productor de su programa de televisión Fort Apache.
2. Ahora la UDEF ha vuelto a denunciar a los podemitas. En este caso ante el Tribunal de Cuentas por presuntos delitos electorales, fiscales, de blanqueo y de financiación ilegal.
El escrito enviado, y firmado por el que fuera comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez López, hace mención a un informe de inteligencia, compuesto por 35 folios, que ha sido bautizado como ‘Pablo Iglesias Sociedad Anonima’ (PISA), según informó la Cadena Ser.
En este informe se analizan los datos de las cuentas bancarias y los ingresos de Podemos, e incluso el pago de 100 euros desde la formación abertzale Sortu. Por tanto, la UDEF, acusa a la empresa 360º Global Media, que recibe dinero de cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales o en países «de riesgo de estar vinculados a la financiación del terrorismo, como Irán», de pagar a «productoras de contenidos vinculadas de forma subjetiva, objetiva y temporal al partido político Podemos».
Por otro lado, la Policía sospecha que Podemos ha podido incurrir en blanqueo de capitales por el método con el que Iglesias y los suyos recabaron la ayuda económica voluntaria de sus seguidores para hacer frente a las citas de las pasadas elecciones. Así, el comisario pide también al Tribunal de Cuentas que estudie la documentación previa al 1 de julio de 2015 por si Podemos hubiera llevado a cabo delitos electorales.
3. Rita Maestre: Imputada por asaltar semidesnuda la capilla de la facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. La edil está acusada de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos.
4. Guillermo Zapata: En octubre de 2015, declaró como imputado tras el tweet ofensivo a Irene Villa publicado en 2011 el que decía “han tenido que cerrar el cementerio de las ninas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos” y que fue considerado por la Audiencia Nacional ofensivo para todas la víctimas de ETA.
5. Caso Títeres: Una de las actividades del Carnaval de Madrid acabó con dos detenidos acusados por enaltecimiento de terrorismo al mostrar un cartel de Gora Alka-ETA en una función para todos los públicos a cargo de Cultura del Ayuntamiento gobernado por la marca blanca de Podemos, Ahora Madrid, y de la que Celia Mayer es concejal. Pero la edil no quiso asumir su responsabilidad político y aseguró: “no considero dimitir. Tengo el apoyo de la alcaldesa Carmena y del grupo municipal”.
6. Pedro Palacio: El candidato al Congreso por Burgos y procurador de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pedro de Palacio, dimitió en octubre de 2015 después de que saliera a la luz que en 2002 fue condenado por abusar sexualmente de una niña de cinco años cuando él también era menor. En su versión expusó que sólo fueron “tocamientos”.
7. José Ramón Galindo: el senador por Lanzarote, fue detenido en 2008 por tráfico de cocaína en Tías (Lanzarote). Según se hicieron eco los medios lanzaroteños, Galindo fue detenido cuando la Policía le confiscó “10 envoltorios de cocaína, un trozo de hachís y 120 euros fraccionados en billetes”, según informaciones publicadas en una nota de prensa enviada por los agentes. El podemita declaró que “tenía un local en Tías y la Policía le iba a dar la lata”.
8. Andrés Bódalo: ejerce como concejal en Jaén y fue condenado a tres años y medio por agresión a un edil de Jódar (Jaén). Además, acumula miles de euros en multas y varias sentencias desfavorables.
9. José Ramón (Josetxu) Arrieta: el senador por Guipúzcoa fue miembro de la organización terrorista ETA durante su juventud. Así con 18 años, en enero de 1974, fue detenido en San Sebastián, junto a otros dos miembros de un comando, y acusado de ser “el responsable político de ETA en la zona de Rentería“. Además, fue condenado a seis años de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas.
10. Luis Benítez de Lugo: el que fuera candidato al Senado por Ciudad Real, ha sido imputado por un Juzgado de Valdepeñas por un delito de daños contra el patrimonio histórico. Los hechos ocurrieron en el Cerro de las Cabezas al extraer material arqueológico, sin control científico ni autorización administrativa.
11. Jorge Luis Bail: el diputado por Huesca fue detenido en 2012 por agresión a la Guardia Civil. Ocurrió en las protestas llevadas a cabo por un grupo de activistas ambientales en octubre de 2012 en Artieda, durante una concentración contra las expropiaciones para el recrecimiento del embalse de Yesa, en el río de Aragón.
En las protestas, varios agentes de la Guardia Civil resultaron heridos, aunque según el parlamentario de la formación morada “lo único que hizo fue apartar el fusil de su mejilla”.
12. Alberto Rodríguez: el diputado por Tenerife, Alberto Rodríguez, fue arrestado en 2006 por agredir a la Policía entre insultos y llamamientos a la violencia. Rodríguez que no se arrepiente de sus actos señala: “No me avergüenzo de haber luchado, de haber defendido los derechos de todos y todas y de haber acabado detenido por ello, fruto de sus políticas de reprimir la disidencia. No solo no me avergüenzo sino que lo volvería a repetir. Voy al Congreso, entre otras muchas cosas, para intentar evitar que nadie en este país tenga que pasar por eso. A la ley mordaza no le vamos a dejar ni una coma”.
Y Errejon inhabilitado por no trabajar
No serían los únicos líos que los de Iglesias tienen con la Justicia. Como es el caso del número dos de Podemos, Iñigo Errejon que se benefició de una beca presencial de 1.825 euros sin haber pisado la Universidad de Málaga.
De hecho, el pasado 6 de marzo, el servicio de Inspección de la Universidad de Málaga (UMA) explicó que Errejon incumplió su contrato como investigador e incurrió en discrepancia por simultanear su trabajo con otra actividad. Y por ello, solicita su inhabilitación para disfrutar de un contrato con “características similares” en el futuro en esta institución académica.
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