La plataforma acTÚa FAMILIA ha iniciado una campaña para recordar a los ayuntamientos la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide colocar banderas no oficiales en las casas consistoriales, de manera señalada en estas fechas, cuando desde hace unos años algunos regidores izan la bandera multicolor del lobby LGTBI.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente a los asuntos contencioso-administrativos, ha sentenciado que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás banderas legal o estatutariamente instituidas».
Por ello, Pedro Mejías, portavoz de acTÚa FAMILIA, ha asegurado a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz que «lo que no puede ser es que no se respete la ley y se adoctrine en suelo público, con recursos públicos, poniendo una bandera que representa una ideología» en referencia a la multicolor de los grupos de presión LGTBI.
«El alcalde de Cádiz, como todos los alcaldes, debe cumplir la ley, porque además nos reservamos, si no lo hiciera, las acciones legales que estimemos oportuno, en defensa de la libertad y la no-ideologización de los espacios públicos», ha subrayado Mejías.
La plataforma denuncia que cuando el pasado viernes acudieron al consistorio gaditano «los voluntarios de acTÚa FAMILIA fueron increpados e insultados por varios radicales que al parecer estaban esperándolos a cierta distancia» y que huyeron al advertir la presencia policial.
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