La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), una sociedad dependiente del Ayuntamiento de Madrid presidido por Manuela Carmena, ha acordado regularizar la situación de 88 pisos ocupados.
De esta manera, los residentes que se encuentren en esta situación de irregularidad antes del 1 de enero de 2016, podrán acceder legalmente y «de manera excepcional» a estas viviendas. El consejo de administración de esta empresa ha aprobado esta decisión y la incluirá en su futuro reglamento.
La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, explica que esta decisión no se toma para que «haya efecto llamada» ni para incitar a nuevas ocupaciones ilegales, sino que están pensando en «todas las personas que ya tienen un arraigo en la zona, ya sea el colegio de los ninos, el médico…»
El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que han aceptado esta medida para «llegar a las familias que realmente lo necesitan, con rentas anuales muy bajas», ya que hasta el momento, «las anteriores administraciones municipales han favorecido a los solicitantes que han tenido ingresos superiores a los estipulados».
Esta iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de Ahora Madrid y PSOE. Por su parte, el Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra de la iniciativa.
«Carmena defiende los intereses de sus amigos okupas»
El concejal del PP, Borja Fanjul ha criticado que «nos encontramos con un equipo de Gobierno (encabezado por Manuela Carmena) que lo que hace es defender los intereses de sus amigos los okupas. Amigos como Pablo Iglesias que disfruta de una vivienda de protección oficial a la que no tiene derecho pese a ser el diputado que más dinero tiene en la cuenta corriente en España».
Ciudadanos también votó en contra de la iniciativa y afirman que «nos parece primordial respetar el cumplimiento de las sentencias judiciales que garanticen nuestro Estado de Derecho».
Aunque desde el partido consideran importante buscar soluciones a los problemas existentes en materia de ocupación de viviendas añaden que «la vía de no respetar las decisiones judiciales no es la correcta».
La formación naranja ha destacado en este sentido que en Madrid hay «7.000 familias pendientes de que se les adjudique una vivienda de la EMVS» y por este motivo defienden que «no se puede equiparar unos con otros».
Los requisitos para legalizar las viviendas ocupadas
Los criterios que se tendrán en cuenta para permitir esta regularización son que el ocupante haya permanecido de manera ininterrumpida al menos un año en la vivienda, usándola como domicilio personal o familiar.
La empresa municipal se compromete a facilitar el pago a la comunidad fraccionando la deuda a cuotas mensuales
La empresa también solicita que el ‘okupa’ se comprometa a abonar las rentas de alquiler y las cuotas atrasadas de la comunidad, desde la fecha en la que ocuparon la casa hasta un máximo de cinco años.
En el caso de que el ocupante no pueda permitirse abonar en un solo pago las rentas adeudadas, la empresa municipal se compromete a facilitar el pago fraccionando la deuda a cuotas mensuales, que se deberá entregar junto a la renta correspondiente al nuevo contrato de arrendamiento.
Además, los ocupantes de las viviendas deben acreditar que han cumplido las normas de convivencia y que no han resultado conflictivos para el resto de los vecinos.
Esta hecho debe quedar demostrado con un informe emitido por la Dirección de Servicios Sociales y Patrimonio de la propia empresa, que será la encargada de acreditar que han hecho un uso correcto de las instalaciones comunes.
La excepciones únicamente son demostrar que no han pertenecido a organizaciones que se lucran de ventas de viviendas públicas, o no cumplir con alguno de los anteriores requisitos
Además debe quedar demostrado que los ingresos de la unidad familiar no superen en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, salvo que la calificación de la vivienda establezca un límite inferior.
El consistorio madrileño, apoyado por los socialistas, han fijado ciertas excepciones para aquellos que soliciten la regularización de las viviendas. Únicamente es necesario demostrar que no han pertenecido a organizaciones que de manera ilegal se lucran de ventas o traspaso de viviendas públicas, o no cumplir con alguno de los anteriores requisitos.
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