Manifestantes se enfrentan a los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, durante los incidentes producidos esta mañana en el barrio de Gràcia de Barcelona,
Okupas se enfrentan a los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, durante los incidentes producidos en el barrio de Gràcia de Barcelona / EFE

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha intentado comprar el llamado banco expropiado de Gracià tras las continuas manifestaciones y disturbios de los ‘okupas’ en Barcelona que han puesto a Colau contra la pared.

Para apaciguar la situación, miembros de su gobierno se reunieron con el dueño del edificio con el que estuvo negociando aunque finalmente no hubo acuerdo. La intención de Colau era adquirir este edificio para devolvérselo a los ‘okupas’ y que continuasen con sus llamadas actividades sociales.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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Laia Ortiz: «Si encontramos un precio adecuado, comprar podría ser una salida»

La tercera teniente alcalde de la ciudad, Laia Ortiz, lo reconocía este martes por la mañana: «Si encontramos un precio adecuado, comprar podría ser una salida. No descartamos nada».

Pero el precio que pedía el dueño era desorbitado para el gobierno catalán, según reconocía el concejal del distrito de Gràcia, Eloi Badia: «Se ha descartado la compra porque el precio es desorbitado». La cifra que pedía el empresario Manuel Bravo Solano era de medio millón de euros, exactamente lo que pagó él mismo en su día por el inmueble.

Pero quien sabe si este tropiezo impide finalmente la compra o si las negociaciones acaban dando sus frutos y la alcaldesa logra este banco para el colectivo de ‘okupas’.

Mientras tanto Badia intenta buscar nuevas fórmulas: «Que pudiera haber una iniciativa ciudadana que capitalizara la compra, con el Ayuntamiento con un papel que podría ser de avalador, tenemos que pensar nuevas fórmulas ante conflictos complejos, para que mantuviera su uso»

Criticas a Trias

Lo curioso del asunto es que fue el propio gobierno de la alcaldesa Colau los que criticaron duramente las acciones del anterior alcalde de Barcelona, Xavier Trias, por pagar el alquiler del edificio expropiado para evitar conflictos.

Trias asumió el coste del alquiler al propietario durante todo un año, lo que supuso para las arcas públicas un gasto de 66.500 euros públicos al propietario de la finca, cubriendo incluso los impuestos municipales.

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