Muchos pro-vida estadounidenses han asumido con cierta superficialidad que Ruth Bader Ginsburg era una férrea feminista y defensora a muerte de Roe vs. Wade. La verdad es algo más… complicada.
La sentencia Roe vs. Wade fue anterior al periodo de Ginsburg en la Corte Suprema. Y lo que pocos recuerdan es que ella desde un principio y de manera correcta, la consideró como un ejemplo de extralimitación judicial. En 1993 en un discurso a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, explicó que la Corte debería haberse ceñido a la materia en cuestión -la constitucionalidad de la ley de Texas contra el aborto que estaba siendo impugnada- en lugar de aprovechar la oportunidad de tocar todas y cada una de las leyes estatales que se referían el aborto.
No es que Ginsburg se opusiera al propósito perseguido por Roe v. Wade: el aborto legalizado en todos los Estados Unidos. No se oponía a ello. Pero fue lo suficientemente honesta como para admitir que el tribunal había participado en un acto brutal de tiranía judicial para sentenciar de esa manera, pasando por encima del proceso democrático a nivel federal y formando «un conjunto de reglas que desplazaron prácticamente todas las leyes estatales vigentes».
Ginsburg creía que fue ir demasiado lejos: «Un Roe menos abarcador, uno que simplemente anulara la extremosa ley de Texas y no fuera más allá ese día, creo que…, podría haber servido para reducir en lugar de alimentar la controversia”.
También opinaba que Roe vs. Wade «detuvo un proceso político [a favor del derecho al aborto] que se estaba moviendo en una dirección de reforma y por lo tanto… prolongó la división y postergó una solución estable de la cuestión».
Ella estaba equivocada, por supuesto. Los promotores del aborto no estaban entonces, y ni están ahora, interesados en un «solución estable». Por el contrario, con el tiempo sus demandas se volvieron cada vez más radicales. Abandonaron la «fórmula trimestral» presentada en Roe a favor del aborto a demanda hasta el mismo momento del parto. De hecho, ahora tenemos destacados miembros del partido demócrata que promueven públicamente el asesinato de bebés nacidos vivos después de abortos fallidos. El infanticidio, así le cambien de nombre, sigue siendo infanticidio.
Ginsburg puede haber deplorado la extralimitación judicial que llevó a la sentencia Roe vs. Wade, pero ella misma desde que fue nombrada magistrada de la Corte se incorporó a las filas de los que la practicaron. Se convirtió en un líder destacado del cuadro de «tiranos de túnica negra», como los llamó Robert Bork, que estaban comprometidos en convertir la Corte Suprema en un segundo poder legislativo, superior incluso al Congreso de los EE.UU.
Amy Coney Barrett, según todos los informes, está hecha de una madera más dura. Las madres de las familias numerosas generalmente tienen esa fortaleza. Cuando sea confirmada, ayudará a que el Tribunal Supremo recupere su rol constitucional como vigilante juicioso contra los excesos legislativos y ejecutivos.
Esto significa necesariamente votar para revocar Roe v. Wade, que es sin duda el ejemplo más notorio de extralimitación judicial en toda la historia de la Corte. En un discurso de 2013 en la Universidad de Notre Dame en el aniversario de Roe vs. Wade, señaló con precisión que el razonamiento de la Corte «esencialmente permitió el aborto a demanda».
El nombramiento de Barret cimentará una sólida mayoría de cinco jueces conservadores en los próximos años
Incluso dejando a un lado su «convicción» personal de que «la vida comienza en la concepción», en lo cual la fe y el hecho científico coinciden totalmente, está abundantemente claro que ella cree que Roe vs. Wade se decidió de manera errónea.
Lo único que ahora se interpone en el camino de revocar a Roe vs. Wade es la noción de stare decisis, es decir que una vez que la Corte Suprema ha emitido un fallo debe acatar su propio precedente. Barrett ya ha resuelto esta objeción en no menos de cuatro artículos separados. En ellos, argumenta que stare decisis puede entrar en conflicto con una lectura «originalista» de la Constitución y, además, a veces viola la cláusula del debido proceso.
(Sin duda alguna los senadores demócratas cuestionarán agresivamente a Barrett sobre sus puntos de vista acerca de stare decisis en la audiencia de la próxima semana. Se comportarán como si fueran feroces defensores de lo que abrazarán como un principio judicial sagrado arraigado en la tradición de larga data).
Aparte del apoyo a la legislación pro-ida, ¿qué más se podría esperar de la Juez Barrett?
Lo primero que hay que señalar es que su nombramiento en la Corte cimentará una sólida mayoría de cinco jueces conservadores en los próximos años. No hay duda de que Barrett cerrará filas con los jueces Alito, Gorsuch, Thomas y Kavanaugh en casos que tienen que ver con todo, desde los derechos de la Segunda Enmienda y la inmigración, hasta el poder ejecutivo y el Obamacare.
Esto significa que el notoriamente inconstante presidente del Tribunal Supremo John Roberts ya no mantendrá el equilibrio de poder en la corte. Mejor aún, la troika liberal de Kagan, Sotomayor y Breyer se verá reducida a escribir disensiones impotentes. (Breyer, por cierto, acaba de cumplir 82 años. Le deseo a este juez senior muchos años de continua buena salud, pero no es improbable que el presidente Trump, durante su segundo mandato, pueda nombrar un cuarto juez en la Corte).
Lo primero que podrían ver en la Corte sería el Obamacare, programado por tercera vez para este mes de noviembre. Le debemos la supervivencia de esta monstruosidad legislativa al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Se unió al ala liberal de la Corte en 2012 para defender Obamacare, ofreciendo el argumento novedoso de que la pena por no tener seguro era en realidad un «impuesto». La opinión de Barrett quedó registrada en un artículo del 2017 en la Revista de Derecho de la Universidad de Notre
Dame señalando que la opinión de Roberts torció el estatuto «más allá de su significado plausible”.
La nueva mayoría conservadora también protegerá el derecho de los estadounidenses a mantener y portar armas. El año pasado llegó un caso ante el séptimo circuito, en el que Barrett sirve actualmente, en relación a una ley que prohíbe a los condenados incluso por un delito no violento de poseer armas. Ella disentía de la mayoría liberal con el argumento de que aquellos que le quitaran a alguien los derechos de la Segunda Enmienda deben probar que son una amenaza actual para la sociedad.
Barrett también es probable que sea un voto confiable para mantener la autoridad ejecutiva del Presidente en asuntos de inmigración. Ella apoyó (en disenso) la orden ejecutiva de Trump que requiere que los posibles inmigrantes demuestren que no se convertirán en una carga para la población.
La supermayoría conservadora en la Corte Suprema creada por Trump no es nada menos que milagrosa. No sólo ayudará a restablecer el equilibrio adecuado entre las tres ramas «separadas pero iguales» del gobierno federal, sino que tendrá el efecto añadido de revitalizar la Décima Enmienda de la Constitución y devolver el poder a los estados.
Durante décadas, los conservadores se han alarmado por la creciente voluntad de la Corte de sobrepasar sus límites constitucionales y convertirse en un instrumento de opresión progresiva.
No hay un ejemplo más irritante de este tipo de tiranía judicial que Roe vs. Wade, pues ha condenado a decenas de millones de estadounidenses no nacidos a una muerte prematura.
No mucho después de que Amy Coney Barrett se una a la corte como la Juez Barrett, estoy convencido de que la larga pesadilla nacional del aborto en Estados Unidos comenzará su camino hacia el fin.
Los Padres Fundadores podrán volver a dormir en paz en sus tumbas sabiendo que el orden constitucional que diseñaron hace más de dos siglos sobrevivirá para otra generación.
Y los preciosos niños no nacidos podrán una vez más soñar pacíficamente en el vientre de sus madres, a salvo del flagelo del aborto en gran parte de Estados Unidos, hasta que estén listos para nacer en esta tierra bendita.
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