La plataforma Derecho a Vivir ha lanzado la campaña ‘Los provida, a la cárcel’, que ha recogido más de 27.000 firmas en defensa de la labor que desempeñan las personas que acuden a los centros abortistas a ofrecer información y ayuda, si la desean, a mujeres embarazadas y contra el propósito del PSOE de criminalizarlos mediante una reforma legal.
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende ahora modificar el Código Penal y castigar con penas de 3 meses a 1 año de cárcel a quienes acudan a las puertas de los centros de aborto a hablar con las mujeres para animarles a seguir adelante con su embarazo.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahora“Es una estrategia más de los ideólogos de género, de los adalides que se arrogan la exclusividad de la defensa de los derechos de la mujer, mientras las abocan, sin alternativa ni ayuda, al drama del aborto”, ha explicado Rosana Ribera de Gracia, portavoz y coordinadora de Derecho a Vivir.
“Ellos piden ahora sanción, mordaza y censura contra los voluntarios-rescatadores que ni viven del negocio del aborto -que deja 50 millones de euros anuales a los empresarios de la muerte-, ni ganan nada por conseguir que una mujer decida darle una oportunidad a su hijo y a ella misma”, ha detallado.
Para impulsar la proposición de ley de modificar el Código Penal el Gobierno socialista se ampara en un informe elaborado en 2018 por ACAI, la patronal del aborto en España. El texto legislativo que quieren aprobar los socialistas en el Congreso incluiría este párrafo:
“El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”.
“Estas personas acuden a las puertas de los abortorios de manera desinteresada y altruista para ofrecer su ayuda a las mujeres, a esas mujeres en situación de gran vulnerabilidad… ¿Le parece que ofrecer ayuda económica y laboral, un rato de conversación, invitar a un café, ofrecerle hacerle una ecografía gratuita para que vea y escuche a su hijo son cuestiones a calificar como un acoso intolerable?”, se ha preguntado la portavoz de Derecho a Vivir.
“Y todo hecho con una gran delicadeza y comprensión hacia cada una de las mujeres embarazadas, sin preguntas de ningún tipo, ni mucho menos juicios”, ha concluido Ribera de Gracia.
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