El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado la intención del Gobierno de pedir la retirada de la Proposición de Ley, que se mantenía paralizada desde el pasado mes de octubre para modificar la forma de elección de los Consejo General del Poder Judicial (CGP) que fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y organizaciones civiles como HazteOir.org y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.
«Vamos a proponer a los grupos que lo presentaron que lo retiren», ha manifestado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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Suscríbete ahoraDe este modo, el Gobierno desiste de forma definitiva de este proyecto, que se mantenía en suspenso después de que el propio presidente Pedro Sánchez anunciara que iba a va a «detener el reloj» de la propuesta para poder negociar con el PP la renovación de este órgano, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.
La renovación, sin embargo, aún no se ha producido y mientras tanto se ha aprobado una reforma que impide Consejo realizar nombramientos una vez concluido su mandato. Por su parte, desde Podemos se ha venido amagando en varias ocasiones con la posibilidad de resucitar la reforma del sistema de nombramientos precisamente por la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
El pasado mes de enero el Consejo General del Poder Judicial se reunió de forma urgente ante la «tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo» de la reforma prevista para rebajar la exigencia de mayorías cualificadas para la renovación de cargos del órgano de gobierno de los jueces.
Los jueces urgían entonces a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a «que antepongan el cumplimiento de ese deber constitucional, que a todas ellas concierne, a la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones».
Recientemente, 2.500 jueces se dirigieron a las instituciones europeas para criticar los planes del Gobierno, lo que ha podido forzar la decisión tomada por el Ejecutivo.
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