La sala tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el ex magistrado Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz en el que denunciaban que el Gobierno había vulnerado sus derechos al optar por el silencio administrativo ante su petición de que el Valle de los Caídos se convirtiera en un Espacio de Memoria de las Víctimas y que se trasladasen los cuerpos de los generales Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.
Los tres abogados reclamaron, en concreto, que los restos de Franco y de Primo de Rivera se depositaran en el lugar que designen las respectivas familias y recordaron que, en este caso, el Arzobispado de Madrid está vulnerando los cánones eclesiásticos que expresamente señalan que no deben enterrarse cadáveres en las iglesias a no ser que se trate del Papa, arzobispos o meritorios. Recurrieron al alto tribunal al transcurrir tres meses sin obtener respuesta si bien el Gobierno acabó contestándoles en septiembre de 2016.
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Suscríbete ahoraLa Sección Cuarta de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal no se pronuncia sobre el contenido de la petición del recurso y concluye que el Gobierno no vulneró el derecho de petición de Garzón en relación al traslado del cuerpo de Franco. Por ello el Ejecutivo no tendrá que volver a pronunciarse sobre la petición formal que fue presentada ante el Consejo de Ministros el 19 de noviembre de 2015.
La solicitud fue contestada por acuerdo del Consejo de Ministros en septiembre del año pasado. En opinión de los demandantes el espacio vulnera la Ley de Memoria Histórica que «reconoce y amplía derechos» y establece medidas favorables a «quienes padecieron persecución o violencia» durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, pues la «utilización y destino del mismo» imposibilitan que sea un «instrumento de reconciliación».
Así pues, Garzón y los otros dos abogados explican que es necesario que se apruebe una disposición de carácter general para que se establezca un nuevo marco jurídico que rija el propio Valle de los Caídos y la institución que lo dirige, sus bienes y otros ámbitos que «pueda verse afectado», informa Europa Press.
El exmagistrado subraya que esta normativa debe incluir la transformación del Valle de los Caídos en un espacio de memoria
Para ello -aseguran- se debe garantizar y establecer un mecanismo de consulta «pertinente» para que las víctimas puedan participar en la formulación y desarrollo de esta normativa. De hecho, el exmagistrado subraya que esta normativa debe incluir la transformación del Valle de los Caídos en un espacio de memoria donde las víctimas de la Guerra Civil, de la dictadura, sus familiares y la sociedad «puedan ejercitar su derecho a la Verdad y a la Reparación».
Dotación para la exhumación
«No existe mayor manifestación de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura ni mayor acto de naturaleza política exaltador que el hecho de reposar los restos de las víctimas (más de 33.000 víctimas), en la mayor fosa de España, alrededor de la sepultura del dictador, y la del fundador de la Falange, todas ellas sin identificar ni honrar su memoria». Además, se pide una «dotación económica suficiente, a cargo del Estado» para la exhumación e identificación de las víctimas que se encuentran en el Valle.
Asimismo, la demanda especifica que en este espacio que se debe de convertir el Valle de los Caídos, debe haber un lugar de «identificación, dignificación y homenaje de quienes se encuentran allí inhumados». E insiste en que se debe publicar oficialmente el nombre de todas las víctimas, la información suficiente para que quienes acudan a visitarlo «puedan conocer su sentido original y actual», así como la creación de un Centro Ocupacional de Memoria.
