Siempre cito a Ramón Pi, maestro de periodistas, que desenmascaró a Felipe González, al poco tiempo de llegar al poder en 1982, aupado por 10 millones de votos, y aclamado como si fuera Joe Biden. Era necesario el paso por la izquierda -se decía- para consolidar la todavía balbuciente democracia española.
Pero Ramón Pi demostró que de demócratas los chicos de la pana tenían poco, y que su política se daba de tortas con la Constitución y la libertad. Lo sintetizó así: el PSOE nos quita la libertad de ser (ley del aborto); la libertad de tener (expropiación de Rumasa); y la libertad de pensar (la ingeniería social de las leyes educativas).
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraMás tarde vendría la persecución a Montesquieu, con la difuminación de los tres poderes; la ocupación de todos los resortes del mando; y como corolario, la corrupción, con una acumulación interminable de affaires que cuatro décadas después sigue coleando, -hace un año fueron condenados por la Justicia dos expresidentes de la Junta de Andalucía, por el escándalo de los ERE de Andalucía, el mayor caso de corrupción de la historia de España-.
Pues bien, los Gobiernos de Zapatero y Sánchez han sido una edición corregida y aumentada de aquel proyecto liberticida. La amenaza para la vida se ha acentuado con el actual Frente Popular, y su proyecto de ley de eutanasia, y con el aborto de adolescentes sin el permiso paterno. La cultura de la muerte, principal cáncer de las democracias de Occidente, avanza en España “legitimada” por la ley.
Ni dejan ser, ni tampoco dejan tener. El Gobierno de Sánchez ha hundido la economía, con la calamitosa gestión de la pandemia, hasta el punto de que España sufrirá la peor recesión y la recuperación más lenta del mundo. Bruselas acaba de advertir que la caída del PIB en 2020 será la mayor de todos los países de la UE. El Gobierno ha destruido una media de 20.000 puestos de trabajo al día. Y quedarán asociadas a Sánchez para los restos las colas del hambre, una estampa que parece más propia de la posguerra. Con ningún otro Gobierno en ochenta años hemos visto nada igual. Ochenta, no cuarenta, señor Casado.
Sánchez ha decidido que donde mejor está el dinero no es en el bolsillo del ciudadano…
El problema es que no se pagan solas las nóminas de la legión de asesores de Sánchez; de los amigos y parientes que ha ido colocando en distintas poltronas; y -sobre todo- la suya propia y la de sus diecisiete ministros que se han subido el sueldo en plena pandemia. Y ¿de dónde saca el dinero?… muy fácil: del bolsillo del ciudadano. No sólo va a subir impuestos, haciendo lo contrario que otros países de nuestro entorno para reactivar la economía, sino que pretende que el Fisco pueda entrar en las casas de los contribuyentes y en las sedes de las empresas sin previo aviso.
Con esta cacicada, el Gobierno hace caso omiso de un reciente fallo del Supremo que advertía que los registros de la inspección en los domicilios deben hacerse con notificación previa. Claro que con la notificación se pierde “el efecto sorpresa”, como alega el director de la Agencia Tributaria. El viejo truco para saltarse las garantías constitucionales, patentado por Harry el Sucio: primero multas y luego preguntas; primero le das el gatillo y luego pides la documentación.
Finalmente, el Gobierno pretende meterse en nuestras cabezas, y lo que es peor en la de nuestros hijos, para dictar lo que debemos pensar, llevándose por delante dos pilares de la democracia: la libertad de expresión (censurando lo que opinamos y auto-proclamándose árbitro de la verdad); y la libertad de educación (cargándose el derecho de los padres e imponiendo ingeniería social en las aulas).
Con la excusa de luchar contra la desinformación, el Ministerio de la Verdad va a perseguir a los periodistas. Sánchez e Iglesias no debieron estar en clase cuando explicaron el artículo 20 de la Constitución, ni debieron enterarse de que el papel de los periodistas es, precisamente, ejercer de contrapeso con sus críticas al Gobierno.
Solo en los regímenes totalitarios y en las repúblicas bananeras, es el Gobierno el que decide lo que es verdad y es mentira. En las democracias, reina la libertad de expresión y si algún servidor público se siente calumniado o difamado no tiene más que acudir a los tribunales, que para eso están.
Que un mentiroso compulsivo como el Gobierno Sánchez impulse esta Comisión de la Verdad es como poner a la zorra en el gallinero o -para no herir sensibilidades de género y especie- como dejar que Felipe González vaya por las universidades del extranjero dando conferencias sobre ética.
La ley Celaá posterga la Religión, sustituyendo el Catecismo de la Iglesia por su propio catecismo
No menos grave es la ley Celaá que pone en jaque a los colegios concertados, la educación diferenciada y la especial; que impone una educación partidista e ideológica, controlada por “comisarios políticos” (representantes de los ayuntamientos en los consejos escolares); y que posterga a la asignatura de Religión, sustituyendo el Catecismo de la Iglesia Católica por su propio catecismo, mechado de consignas ideológicas.
Una ley inconstitucional que ha merecido la justificada protesta de más de un millón de personas a través de la plataforma Más Plurales, que engloba a profesionales, colegios y familias
La vuelta de tuerca de Celaá es una ofensiva de ingeniería social, de inequívoco aroma marxista, con el propósito de troquelar las cabecitas de nuestros hijos. Una ofensiva que incluye educación sexual a los niños de 6 años, convirtiendo a los centros escolares en “granjas de adoctrinamiento”. Imaginen lo que irán a enseñarles en esas clases.
Celaá cierra así los puntos suspensivos de su inquietante frase: Los hijos no son de los padres… (ergo son del Estado).
Los hijos, nuestro dinero, lo que pensamos, el idioma en el que hablamos… todo es del Estado. ¿Cómo se llamaba esa forma de gobierno que ahora no me sale…?
