La Sociedad Española de Dolor (SED) ha avisado de que la futura ley de eutanasia puede ser un elemento de «coacción social» para «muchas» personas y, especialmente, para los más desfavorecidos.
«Este derecho subjetivo genera un deber al sistema sanitario, que requiere la participación directa de profesionales de la salud. Provocar la muerte a petición del paciente pasa a ser un procedimiento médico, dispensable por el Sistema Nacional de Salud (SNS) en determinadas condiciones. Supone un cambio en el comportamiento médico que, una vez legalizado, se podría percibir como bueno, en la lógica de identificar la legalidad con la corrección ética o moral, y podría enseñarse a los profesionales como adecuado y ser practicado como necesario», ha criticado la organización respecto al texto aprobado en la Cámara Baja.
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Suscríbete ahoraRespecto a los profesionales, prosigue, esta nueva obligación jurídica trasciende a la lex artis o buena práctica clínica, establecida por la ciencia y recogida en los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias. La objeción de conciencia permite no participar directamente, pero debe coordinarse con el acceso al nuevo derecho a la eutanasia, y para ello se pide a los objetores inscribirse en un registro.
«Existe una insuficiencia de recursos y de profesionales en las Unidades de Dolor, que deben atender los casos de dolor difícil, y en los Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos, que no llegan ni a la mitad de los pacientes en situación terminal»
«Ese tipo de registro implicaría una «objeción a toda la ley», y la objeción de conciencia es, por definición, una objeción a un acto concreto. La objeción es el final de un proceso de deliberación, donde las decisiones no vienen marcadas por la generalidad, ni por la defensa de valores absolutos e inamovibles como la vida o la libertad sino por el mayor respeto posible a los valores en conflicto, y a los valores que articulan la excelencia profesional. La objeción puede aplicarse en algunos casos concretos, y no aplicarse en otros que el profesional considere correctos en conciencia», han señalado desde la SED.
Por eso, a su juicio, «no sería correcto» obligar a inscribirse en un registro de objetores como contempla la proposición de ley aprobada, lo cual tendría otro «inconveniente», y es que en sistemas de vinculación laboral no estables, muy frecuentes en España, podría «perjudicar» las oportunidades laborales del objetor para acceder a un puesto de trabajo.
Escasez de recursos para paliar el dolor
Respecto a la sociedad y los pacientes, la SED ha recordado que el contexto actual de insuficiencia de atención y prestaciones a la dependencia, y la sobrecarga de la Atención Primaria y especialidades hospitalarias, dificulta la atención al dolor y los cuidados paliativos de los pacientes desde los recursos generales.
«Existe una insuficiencia de recursos y de profesionales en las Unidades de Dolor, que deben atender los casos de dolor difícil, y en los Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos, que no llegan ni a la mitad de los pacientes en situación terminal que los necesitan por la mayor complejidad de sus necesidades», ha detallado.
En casos de dolor difícil o sufrimiento en situaciones complejas, sin libertad para elegir esas opciones que no están disponibles para la mayoría, la eutanasia «no sería una elección libre», sino que sería una decisión «condicionada por la ausencia de esas alternativas», que han demostrado su eficacia y están recogidas en la literatura científica.
«Los casos en que se pide adelantar la muerte son dramáticos, difícilmente generalizables, y siempre asociados a un sufrimiento intolerable, de manera que la persona entiende el solicitar la muerte como única manera de dejar de sufrir», ha añadido.
Finalmente, ha lamentado que se haya legislado el derecho a la eutanasia antes de garantizar la equidad en el acceso al tratamiento del dolor difícil y los cuidados paliativos, y la ayuda a la dependencia. «Sin una mayor inversión en formación y recursos para atender a personas con enfermedades avanzadas y terminales, un entorno legal y social que normalice la eutanasia como una salida adecuada para el sufrimiento podría llevar a que quienes tengan menos recursos se vean condicionados a pedirla, para evitar ser una carga para sus familias», ha zanjado.
