Los secesionistas proclamaron la independencia “a la chita callando”, como se dice popularmente. Muy valientes han sido durante años para llegar a donde han llegado, pero en el momento de la verdad nadie fue capaz de dar un paso al frente.
Los diputados que votaron ‘Sí’ a la independencia lo hicieron de forma secreta, con especial cuidado de que nadie conociera sus nombres no vaya a ser que el Estado decidiese tomar medidas contra ellos y les cerrara el chiringuito. Ese chiringuito del que llevan cobrando varios años sin quejarse sabiendo que es dinero de todos los españoles, sin excepción.
Esperanza Aguirre, la añorada figura del Partido Popular de Madrid, repasa lo acontecido en Cataluña en los últimos días.
Por su interés reproducimos su artículo en el periódico ABC.
En las últimas elecciones autonómicas de Cataluña (septiembre de 2015) las candidaturas de Junts pel Sí obtuvieron 1.628.714 votos y las de las CUP, 337.794, de un total de 5.510.853 de ciudadanos catalanes que tenían derecho a votar. La suma de las dos candidaturas representó el 35,6% de los catalanes mayores de 18 años.
El porcentaje sube hasta el 47,8%, si nos referimos sólo a los 4.130.196 que sí fueron a votar, porque hay que tener en cuenta que la participación no llegó al 75%, lo que quiere decir que una cuarta parte de los catalanes se quedó en su casa, pese a que los independentistas plantearon esas elecciones con un carácter casi plebiscitario.
Pues bien, en la tarde del viernes, unos diputados regionales, que representan a ese escueto 35,6% de todos los ciudadanos, han proclamado la independencia de una región de España, que lleva unida geográfica, económica, social y políticamente al resto de regiones españolas desde los años en que Hispania era una provincia del Imperio Romano, ¡va para más de dos mil años!
Todos ellos han comprendido que había llegado la hora de la verdad, que, como se dice en inglés: ¡party is over!
Pero lo más sorprendente y significativo de la votación del viernes en el Parlamento de Cataluña es que esos diputados, capaces de votar una resolución que pretende acabar con siglos de historia, no han querido que sus nombres figuren en el acta de esa resolución.
Y esa renuncia a que la Historia de los siglos venideros se acuerde de ellos no se ha producido por humildad, sino porque todos ellos han comprendido que había llegado la hora de la verdad, que, como se dice en inglés: ¡party is over! Que traducido al español significa que «la fiesta se ha terminado».
Hasta ayer todo eso de hablar de independencia, todo eso de manipular las instituciones, los medios de comunicación y las conciencias de los niños (porque todas estas cosas llevan años haciéndolas), les había salido gratis. Parecía como si las autoridades del Estado se tomaran los excesos y las bravuconadas de los nacionalistas catalanes por chiquilladas de chicos gamberros, a los que se les consentía todo.
Nada expresa mejor lo que está pasando en estos momentos en Cataluña que esa negativa de los golpistas (porque lo son, porque ellos saben que lo son y porque parece que, de repente, se han dado cuenta de que ser golpista tiene riesgos) a que las generaciones venideras conozcan sus nombres. Y, sobre todo, a que los conozcan las autoridades legítimas de una vieja y gran Nación como España.
Todos los esfuerzos de los demócratas tienen que ir dirigidos para acabar con el odio, con ese odio a España y a los demás españoles
Esa actitud cobarde de los diputados independentistas es, en sí misma, más que una declaración de independencia, una declaración de impotencia y de falta de confianza en lo que votaban. Eso, comprobar la falta de confianza en lo que aparentemente proclamaban, debería ser un alivio para los millones de españoles que hemos visto airados cómo esos partidarios de romper España iban dando pasos hacia ese objetivo demencial.
El espectáculo lamentable que hemos contemplado el viernes, protagonizado por unos políticos sediciosos y traidores a sus juramentos, y la inmediata reacción del Gobierno de la Nación, apoyado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, somos muchos los que queremos creer que constituyen el primer paso para restaurar, de una vez, el orden constitucional en Cataluña, lo que es lo mismo que decir en toda España.
Esa recuperación de la Ley, tantas veces esquivada o directamente transgredida en Cataluña, debe ir acompañada por todo tipo de actuaciones políticas, administrativas, culturales, mediáticas y hasta eclesiásticas para restaurar la convivencia en paz dentro de la sociedad catalana.
Y esto significa una sola cosa: que todos los esfuerzos de los demócratas tienen que ir dirigidos para acabar con el odio, con ese odio a España y a los demás españoles que se ha inoculado en varias generaciones de escolares, con ese odio al otro más cercano, que son los catalanes no independentistas, que somos los demás españoles, que, además, en muchos casos, tenemos más raíces en Cataluña y en su cultura que muchos de los que gritan con odio contra nosotros.
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