La historiografía de izquierda siempre ha sostenido que el Alzamiento del 18 de julio fue ilegal, porque se trató de un golpe contra un Gobierno legítimo. Pero ¿y si ese Gobierno –el del Frente Popular- hubiera llegado con mala artes, mediante un pucherazo?
En ese caso, cambiaría el rumbo de la Historia y habría que reescribir una bibliografía que estaba equivocada o directamente sesgada.
Siempre se había sospechado que la llegada de la coalición de izquierdas (PSOE-ERC-PC-POUM, Izquierda Republicana y otras formaciones) fue amañada.
La publicación, hace unos años, de las Memorias de Alcalá Zamora -que fuera presidente de la II República- revelaron que pudo haber fraude electoral, según las actas de los comicios, y que el triunfo del Frente Popular fue mucho más ajustado.
Pero el libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García que está a punto de salir aporta un dato no menos flagrante: que efectivamente pudo haber pucherazo en las elecciones. Y por lo tanto que el Gobierno salido de las urnas, con Azaña al frente de la República carecía de legitimidad.
Según el hispanista Stanley G. Payne el libro supone «el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX»
El trabajo “1936: Fraude y violencia” (Espasa) revela que, al menos, el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de 50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad.
Según el hispanista norteamericano Stanley G. Payne el libro supone «el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX».
Por su interés reproducimos algunos fragmentos del análisis que ha hecho Javier Redondo en El Mundo:
“Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales a los candidatos del Frente Popular en Jaén, donde hubo urnas con más votos que votantes; recuento adulterado gravemente en La Coruña; fraude en Cáceres, Valencia -con escrutinios a puerta cerrada sin testigos- o Santa Cruz de Tenerife, donde «la victoria oficiosa del centro-derecha se convirtió en un corto triunfo del FP, que se anotó los cuatro escaños de las mayorías; desvíos de votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA…
Al menos el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de 50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad, sostienen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García.
«España se ha vuelto Coruña», dejó escrito Niceto Alcalá-Zamora para referir cómo se generalizó lo ocurrido en La Coruña, que para el ex presidente de la República ejemplificaba «esas póstumas y vergonzosas rectificaciones» acontecidas con las actas electorales.
Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno.
Tras un meticuloso empeño detectivesco, consultar y desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han reconstruido, casi minuto a minuto, el relato del recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil.
Y publican, por primera vez, tras consultar todas las actas, los resultados oficiales de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que pasaron a la historia como las de la gran victoria del Frente Popular y situaron a Manuel Azaña al frente del Gobierno de la II República.
Confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España
No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude.
Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas. Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras…
En La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Cuenca ocurrieron cosas muy raras. Todas influidas por una circunstancia sabida pero que ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-.
El nuevo Gobierno, «sólo de Azaña», como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.
Las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias; la campaña, muy sucia. Se cerró, precisan los autores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal.
Se trata de una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación (…) Los autores desmontan leyendas construidas en torno a la victoria de las izquierdas. Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19.
Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos. Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación.
(…)
Demuestran que algo más del 10% del total de escaños de esas nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una libre competencia electoral. Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso.
El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños.
El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar «su seguridad»-.
(…)
El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos. ¡Bingo!, obtuvieron más de 50 escaños de manera dudosa.
Los números salieron tras el cambio de Gobierno, pues antes de esa fecha y en los dos primeros días de recuento, los datos de Alcalá Zamora, Azaña y el embajador británico coincidían: entre 216 y 217 diputados para el FP.
Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno. En total había 473 escaños en liza.
El Gobierno de Azaña era legal y legítimo, pues correspondía al presidente disolver y nombrar otro, pero su «inteligencia política» no sale bien parada.
(…)
La mayoría de los papeles no habían sido consultados antes. Los autores han recorrido España y han escudriñados los archivos del Foreign Office, el Quai d’Orsay y el archivo del Vaticano para contar desde distintos ángulos seis meses decisivos en la historia de España, desde diciembre de 1935 hasta la primavera del 36.
Los autores testan la calidad democrática de la República y sostienen que la CEDA resistió electoralmente. Demuestran que había una sólida base sociológica para construir una República inclusiva.
Por desgracia, sostienen en conversación con Crónica, «la estrategia del Frente Popular en la discusión de las actas en el Congreso y el hecho de que la izquierda republicana, con Azaña a la cabeza, no se plantara ante el radicalismo socialista, fue lo que una vez más dinamitó los puentes de diálogo con la oposición conservadora. Eso constituyó un duro golpe para la consolidación de la joven democracia republicana».
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