La Fiscalía ha solicitado prisión incondicional para los siete miembros de los CDR que han pasado este jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por presuntos delitos de terrorismo, tenencia ilícita de explosivos y estragos, según informan en fuentes jurídicas.

Desde primera hora de la mañana de ayer, García Castellón escuchó en declaración a los siete detenidos. Dos de ellos sí respondieron a los interrogatorios y los otros cinco, que tienen la defensa coordinada por el mismo equipo jurídico, optaron por acogerse a su derecho a no declarar más allá de destacar en respuesta a sus letrados que no forman parte de ningún grupo terrorista.

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El fiscal ha pedido prisión para incondicional para estos cinco, tal y como ha anunciado la abogada Eva Pous, que se encuentra a la espera de que el juez resuelva sobre esta petición. Fuentes jurídicas añaden que también se ha instado prisión en el caso de los dos que sí habían contestado al interrogatorio y están representados por abogados de oficio.

La petición se ha elevado al término de cada una de las comparecencias en aplicación del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre medidas cautelares. Los cinco que comparten estrategia de defensa sólo han contestado a sus abogados para incidir en que no tienen ninguna vinculación con el terrorismo y que son personas «normales y corrientes».

Los otros dos, por su parte, ya prestaron declaración en dependencias policiales y reconocieron que tenían conocimiento de que se había comprado material compatible con la fabricación de explosivos y se habían hecho pruebas con él, si bien negaron que el objetivo fuese terrorista.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido personarse en calidad de acusación popular en las diligencias que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional tras la detención de nueve miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), acusados por delitos de terrorismo.

AUGC ha recordado que tiene entre sus fines «colaborar desinteresadamente» con la acción judicial para la averiguación y esclarecimiento de acciones terroristas, de narcotráfico, inmigración ilegal y cualesquiera otros hechos delictivos, pudiendo ejercer en dichos casos la acción popular.

Por ello ha determinado solicitar su personación, «máxima cuando las primeras informaciones apuntan a que los detenidos tenían como objetivos a unidades de la Guardia Civil en Cataluña».

La asociación profesional del Instituto Armado ha recordado que desde hace años se persona «en todos los casos que tienen como víctima de una acción o intento de acción terrorista a un guardia civil o familiares de éste».

De los nueve detenidos el lunes en la provincia de Barcelona, siete han pasado este jueves a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que es el que investiga a este grupo.

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