El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González investigará a 76 presos de la banda terrorista ETA, entre ellos a Iñaki de Juana Chaos e Inés del Río, que habrían falsificado títulos universitarios para obtener beneficios penitenciarios y redimir sus condenas.
En un auto, el magistrado admite a trámite una denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) con el informe favorable de la Fiscalía, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un supuesto delito de terrorismo y otro de uso de documento falso.
De esta forma, en la resolución, el juez se dirige a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara (Guipúzcoa) con el objetivo de que aporten los certificados, «firmados y sellados por el tribunal colegiado», que presentaron para hacer el examen de Selectividad o acceder a la formación universitaria a través del curso de acceso para mayores de 25 años.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 requiere las actas de exámenes y solicita al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que envíe los certificados de los denunciados. Por otro lado, insta a la Guardia Civil a emitir un informe sobre la falsedad de estos datos y la pertenencia al ‘frente de cárceles’ de ETA de estos etarras.
Denunciado un dirigente de Sortu
Entre los etarras denunciados por Covite también se encuentran José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta; el dirigente de Sortu Joxean Agirre Agirre, quien «supuestamente obtuvo la carrera de Sociología pese a que realizó la Selectividad en 2001, más de diez años después de iniciar sus estudios universitarios (1988)»; Ramón Aldasoro Magunacelaia; Imanol Haranburu Carrera; José Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’; e Iñaki Arakama Mendia, alias ‘Macario’.
Asimismo, se encuentran relacionados Juan Luis Aguirre Lete, Iñaki Arakama Mendia, Cándido Aspiazu, Dolores Gorostiaga, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Valentín Lasarte, Idoia López Riaño, ‘la Tigresa’ y Jon Igor Solana Matarran.
En su denuncia, Covite aseguró que los documentos «habían sido falseados, por ejemplo, utilizando DNI con números correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que cursaron los exámenes de acceso hasta diez años después de haber comenzado los estudios». En otros casos, añadió, «ni siquiera constaban las vías de acceso».
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