El BOE de este lunes 13 de diciembre publica la resolución de la Comisión Interministerial de Igualdad que resuelve los criterios para la acreditación administrativa de víctima de violencia de género.
Más allá de las mujeres con sentencia judicial firme, la resolución de la secretaría de Igualdad del ministerio de Montero abre el abanico a más supuestos. Por ejemplo, las mujeres que han denunciado y se encuentran a la espera de sentencia. Pero inopinadamente también incluye a las mujeres cuyos procesos judiciales han sido archivados o sobreseídos. Incluso aquellas con sentencia absolutoria o que no se considere probada la violencia de género.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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La resolución supone una desautorización en toda regla de la separación de poderes, una patada al Estado de Derecho. La civilización se basa en que las leyes se cumplen y las sentencias se acatan. Si la sentencia -absolutoria o condenatoria- es irrelevante, entonces es que yo soy juez; y si todos somos jueces, la ley de la selva está servida.
En el fondo de esta cuestión se encuentra el desprecio del gobierno de los jueces y el desacato de la Justicia. Así se explica la campaña contra el juez del caso Juana Rivas y la calificación a los jueces de “casposos” de muchos militantes de izquierdas.
Hasta el ex sindicalista policial, Sánchez Fornet, levanta la voz:
Y como los jueces son ninguneados, los nuevos jueces serán los servicios sociales, es decir, mis propios funcionarios. ¡Toma garantía jurídica!
Ahora está por ver si alguna institución o partido emprende acciones legales contra este atropello monumental.