Desde 1983, Irlanda cuenta en su constitución con una enmienda, la octava, que establece que «el Estado reconoce la vida del nonato» y equipara este derecho al de la vida de la mujer gestante, de forma que el personal médico debe hacer todos los esfuerzos terapéuticos necesarios para salvar en la medida ambas vidas de lo posible en caso de complicaciones.
La Octava Enmienda fue aprobada en referéndum por el 67% de los votos y según algunos estudios independientes, alrededor de 100.000 vidas se habrían salvado gracias a su aprobación.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEsta regulación protectora de la vida humana antes del nacimiento quedó matizada despúes del año 2013, tras el caso de una mujer que perdió la vida por una infección al parecer causada por la negativa de los médicos a practicarle un aborto.
Desde entonces sí se permite el aborto en caso de peligro para la vida de la madre, que incluye la posibilidad del suicidio. En cualquier otro caso, la práctica del aborto está castigada con penas de hasta 14 años de prisión.
Gran debate nacional
Desde que el gobierno anunciara la intención de convocar el referendum para la derogación de la Octava Enmienda, se ha producido en Irlanda un importantísimo debate social y político, que ha puesto en juego el desarrollo de campañas por parte de grupos sociales partidarios de la defensa de la vida humana y contrarios a su protección.
Tan es así, que hasta 125.000 irlandeses se han registrado en los últimos cuatro meses para poder participar en el referéndum, para un censo total de 3,2 millones de personas. Irlanda cuenta con 4,7 millones de habitantes.
Esto supone que se ha duplicado el número de nuevos votantes en comparación con el último referendum de calado social y político celebrado en Irlanda en 2015, sobre la equiparación del matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo.
Los principales partidos políticos han dado libertad de voto a sus diputados y las encuestas más fiables dejan todo abierto sobre un 17% de indecisos, que deberán inclinar la balanza en uno u otro sentido en los colegios electorales que estarán abiertos entre las 7 y las 22, hora local.
Soros ha alimentado ilegalmente la maquinaria de propaganda proabortista del capítulo irlandés de Amnistía Internacional con 137.000 euros
Injerencia internacional ilegal
El interés internacional que ha despertado el referéndum es patente. Tanto las organizaciones como fundaciones internacionales que presionan a favor del aborto han jugado su papel, incluso por encima de la ley.
Tal es el caso de la Fundación Open Society del multimillonario George Soros y Amnistía Internacional, que han sido señalados como culpables de incumplir las normas de financiación de campañas políticas por parte de extranjeros.
Soros ha alimentado ilegalmente la maquinaria de propaganda proabortista del capítulo irlandés de Amnistía Internacional con 137.000 euros, una cantidad casi 1.400 veces superior a la permitida, ya que el límite para aportaciones extranjeras en estos casos es de 100 euros.
Pese a que la denuncia fue hechapública y comprobada, Amnistía Internacional se ha negado en redondo a cumplir con la ley al rechazar de forma sistemática la devolución del dinero fraudulento.
Leo Varadkar: médico, presidente y abortista
El impulsor del referendum es el propio primer ministro de Irlanda Leo Varadkar, médico y partidario del aborto y abiertamente homosexual. Todo ello pese a ser el líder del teórico partido conservador irlandés, Fine Gael. Irlandés de origen indio, fue vicepresidente de las juventudes del Partido Popular Europeo.
En referencia al derecho a la protección de la vida humana tanto del bebé antes de nacer como de la madre, Varadkar ha señalado: «Lo que tenemos en este momento… Es este tipo de derecho absoluto a la vida donde la vida de los no nacidos es igual a la de una madre embarazada, no estoy de acuerdo con eso. Creo que es demasiado restrictivo”.
¿Y si ganan los partidarios del aborto?
Si el resultado del referéndum es la derogación de la Octava Enmienda, esto no supondría la aprobación inmediata de una ley de despenalización o liberalización del aborto como las que rigen en otros países occidentales, si bien sería un primer paso.
A partir de ahí, el Gobierno tiene previsto iniciar los trámites legislativos para elaborar una norma ex novo. En principio, según las declaraciones realizadas en los útlimos meses por miembros del Gobierno y del partido que lo sostiene, el Fine Gael, lo más probable es que se aprobara el aborto libre a petición de la madre durante las primeras 12 semanas de vida prenatal.
Además, se prevé el establecimiento de mecanismos para que el aborto sea legal en determinadas circunstancias durante los seis primeros meses de desarrollo intrauterino.
