La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca y la Generalitat de Cataluña se reunieron este miércoles en el Palau Moja de Barcelona, sede de la Dirección General de Archivos de la Generalitat, para buscar una solución al conflicto de los «papeles de Salamanca», es decir, para que los más de 400.000 documentos en poder de la Generalitat de forma irregular sean devueltos al archivo original de la Guerra Civil.
El presidente de Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, denuncia que el director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio, Jùsep Boya, afirmó durante la reunión que el Archivo de Salamanca debe desaparecer.
Sánchez, que le había trasladado su voluntad de llegar a un acuerdo «para evitar el sufrimiento de las familias» que esperan la devolución de los documentos, no dio crédito cuando el responsable de Archivos de la Generalitat le respondió lo siguiente: «Eso no tiene ninguna importancia, lo que importa es acabar con el Archivo de Salamanca«.
«Salí muy triste de la reunión porque en ningún momento vi que quisieran llegar a un acuerdo, declara a Actuall Policarpo Sánchez
«Salí muy triste de la reunión porque en ningún momento vi que quisieran llegar a un acuerdo, declara a Actuall. A la reunión también asistieron el delegado de Salvar el Archivo de Salamanca, Eduardo García; el director del Archivo de Cataluña, Francesc Balada; y Àngels Bernal, responsable de los Fondos de la Administración del Archivo de Cataluña.
La Asociación de Amigos de la URSS
Durante el encuentro, la Generalitat y la Asociación de Policarpo Sánchez debatieron sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que sostiene que los documentos sin propietario, una vez concluido el plazo para su restitución en enero de 2013, deben ser devueltos al archivo estatal con sede en Salamanca.
Hay ejemplos muy evidentes como el de la desaparecida Asociación de Amigos de la Unión Soviética y la Alianza de Intelectuales, creada por Rafael Alberti. Sánchez exigió el cumplimiento de la sentencia, aunque recibió el silencio como respuesta.
Además el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca recordó a la Generalitat el fraude de ley que supone la documentación entregada a quien no es su legítimo propietario. Policarpo Sánchez puso como ejemplo el Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria, aportando como prueba una sentencia que le niega la titularidad de los bienes reclamados por ser persona jurídica diferente a quien sufrió la incautación en la Guerra Civil.
Sánchez volvió a recibir el silencio por respuesta tras preguntar a los representantes de la Generalitat si tienen previsto acatar las sentencias judiciales
Sánchez volvió a recibir el silencio por respuesta tras preguntar a los representantes de la Generalitat si tienen previsto acatar las sentencias judiciales. «Les recordé que en cuanto al cumplimiento de las sentencias judiciales no hay nada que negociar, tan sólo cumplirlas, y que la Generalitat se niega desde hace más de tres años», declara a Actuall.
Una demanda «hasta las últimas consecuencias»
La asociación demandante recordó la documentación indebidamente trasladada a Cataluña. Sánchez puso como ejemplo documentos de familias de Zaragoza, Valencia, Teruel, Murcia, Madrid y Huesca, aportando como prueba su empadronamiento desde que nacieron hasta su fallecimiento en esas localidades.
Para desbloquear esta situación, Sánchez incluso propuso la retirada de la demanda judicial a cambio de acabar con el sufrimiento de esas familias, que tenían depositadas sus esperanzas en esta reunión. La Generalitat remitió su respuesta a la Comisión Mixta.
En opinión del presidente de Salvar el Archivo de Salamanca, Boya respondió así «porque sabe que por parte del Estado continúa al frente de la Comisión la misma persona que cometió las irregularidades, y que toda su gestión está presidida por el oscurantismo y en ocultar los graves errores que cometió el representante del Gobierno de España».
La actitud inmovilista de la Generalitat ha propiciado que la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca mantenga que su demanda judicial «llegará hasta las últimas consecuencias». Además la entidad salmantina llevará el caso de las familias afectadas por el expolio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. «Solicitamos la ayuda de las instituciones europeas para ayudar a las víctimas, ante la insensibilidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, señala Policarpo Sánchez.
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