Me dicen que las despejadas calles de Madrid albergan con más frecuencia que antes coches de Policía y Guardia Civil, ambulancias, y vehículos funerarios. Pero éstos no pueden compensar, con sus dolosas emisiones de CO2 y de contaminación, el desplome del tráfico rodado en la ciudad. La contaminación en la villa ha descendido a niveles desconocidos. Nos lo dice Greenpeace, muy ufano. No hay nada como una gran crisis económica, con todo su sufrimiento humano, para limpiar el cielo de Madrid.
Solucionada esa cuestión, tan urbanita, con el escaso coste de unos millones de personas en el paro, el Gobierno se ha lanzado a solucionar otro tipo de contaminación. El encargado de fijar las prioridades del Gobierno ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Con toda la determinación, y la solemnidad que se corresponde con la gravedad del asunto, Campo ha declarado que desde su ministerio se impulsarán las medidas legales necesarias para que “no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna”.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraAhora comprendemos la displicencia del Gobierno hacia el inexorable avance del virus. Su serenidad ante la llegada del agente mortal. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y escoltado por Pablo Iglesias tiene otras prioridades. Una de ellas es la lucha contra la contaminación de la opinión pública por lo que por fin podemos llamar bulos, ahora que habíamos aprendido a pronunciar fake news.
Nuestra legislación tipifica como delito varios supuestos de la expresión de afirmaciones. Por ejemplo, condena la apología de la comisión de delitos graves, una provisión que no sé si afecta a las llamadas a la revolución. Esto incluye la apología del genocidio, y de nuevo no sé si eso incluye al comunismo, principal agente ideológico del genocidio en la historia.
Condena los ultrajes a España y a las Comunidades Autónomas, y contra la Corona. Y tipifica como delito la incitación al odio, a la discriminación o a la violencia. De modo que España ha caminado francamente por la senda de la condena del delito de opinión. El Gobierno sólo quiere dar unas cuantas zancadas más para que las muestras de desafecto hacia el Gobierno sean también delictivas. Una opinión pública libre, libre de la contaminación de las opiniones desafectas, como está libre el cielo de Madrid de la contaminación de los coches. A eso vamos.
