Con un apretón de manos, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe narcoterrorista de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), firmaron el tercero de los cinco puntos de la agenda de negociación: el abandono de las armas, el cese al fuego y la concentración de los guerrilleros y seguridad para los futuros desmovilizados.
Hace 52 años de anunciaba el bombardeo que dio inicio a la guerra, hoy se dice #AdiósALaGuerra @teleSURtv pic.twitter.com/EA2udPnKvP
— Agencia Prensa Rural (@PrensaRural) 23 de junio de 2016
«Hoy es un día histórico para nuestro país: después de más de 50 años entre muertes, atentados y dolor hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC», dijo el presidente Juan Manuel Santos.
“Estamos cerca al acuerdo final, desde el comienzo se sostuvo que esta era la mejor oportunidad para que Colombia vaya hacia el desarrollo para que la oposición goce de plenas garantías”, aseguró Timochenko quien agregó las FARC van a hacer política, es nuestra razón de ser pero con las mismas garantías y derechos de los demás partidos”.
«La paz es posible. ¡Vamos a construirla!»: @JuanManSantos. #SíALaPaz #ColombiaEnPaz pic.twitter.com/mbN3PWKf8R
— S. de Transparencia (@STransparencia) 23 de junio de 2016
Sin embargo, las críticas arrecían contra el presidente Santos y le acusan de haber cedido completamente ante los terroristas. Principalmente molesto se ha mostrado el expresidente Álvaro Uribe, que luchó encarecidamente contra las FARC.
Para el ahora senador de la oposición lo anunciado hace que “la palabra paz queda herida al no exigir a las FARC, el tercer grupo terrorista más rico del mundo la entrega del dinero para reparar a las víctimas; dinero que al conservarlo les permitirá comprar todas las armas para remplazar a aquellas que entreguen”.
A su vez, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que lideró la retoma del Palacio de Justicia cuando la guerrilla del M-19 lo quemó, aseguró que “no es el último día de la guerra, yo creo que este es el último día del estado de derecho en Colombia”.
Espectaculo de hoy en La Habana, similar al de las honras fúnebres de Hugo Chavez. Lideres mundiales haciéndole guardia a un muñeco de cera.
— Luis Alfonso PlazasV (@LAPlazasVega) 23 de junio de 2016
Sin embargo, la senadora Claudia López, del partido Verde, aseguró que “en ninguno de los 9 procesos de paz anteriores había habido un acuerdo de desarme tan detallado como el que se anunció hoy”.
Para Virginia Bouvier, consejera para procesos de paz del United States Institute of Peace, reforzó lo pensado por muchos: “lo más difícil va a llegar ahora porque tener un acuerdo, un papel con las firmas, no importa nada si no se implementa. Así que va a ser un gran desafío para todos los colombianos de asegurar que este acuerdo se implemente en Colombia”.
El acto contó con la presencia de Ban Ki Moon, secretario general de Naciones Unidos, y la con seis presidentes latinoamericanos –el anfitrión, el cubano Raúl Castro; Michelle Bachelet (Chile) y Nicolás Maduro (Venezuela), países acompañantes del proceso, y Enrique Peña Nieto (México), Danilo Medina (República Dominicana) y Salvador Sánchez Cerén (El Salvador)-, además de los representantes de los Gobiernos de Noruega y el enviado especial de Estados Unidos, Bernie Aronson.
Un acuerdo muy favorable para las FARC
Según lo acordado, las FARC y el Gobierno se comprometen, una vez se firme el acuerdo final, a un cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El día D se suspenderán las operaciones militares en determinados lugares y el D+1 la Fuerza Pública se reorganizará para permitir la movilización de los guerrilleros. El día D+5, las Farc se desplazarán hacia 23 zonas de concentración, o zonas veredales transitorias, y 8 campamentos para entregar las armas y prepararse para al vida civil.
Estas zonas de concentración no han sido definidas ni geográficamente ni en tamaño, aunque un mapa preliminar da a entender que serían en lugares fronterizos, de siembra de coca, minería ilegal y cercanas a poblaciones que históricamente han sido afectadas por la violencia.
En las zonas de concentración se prohíbe la presencia de poblacion civil y fuerza pública. A su vez, se permite a 60 miembros de las Farc para movilizarse por todo el país en cumplimiento de tareas de pedagogía, sin poder portar armas y vistiendo de civil.
La entrega de las armas se hará en 3 fases: 90 días después de la firma entregarán el 30%; 120 días después de la firma, otro 30%, y 150 días después de la firma el 40% restante. Estas armas serán almacenadas en contenedores por Naciones Unidas y luego fundidas para hacer un monumento en tres países diferentes.
Todo este proceso, que no debe tardar más de seis meses, deberá ser vigilado y supervisado por Naciones Unidas y una comisión conjunta del Gobierno y las Farc. Sin embargo, hay dudas sobre cómo se asegurará que las armas entregadas representan la totalidad de las armas que tienen en su poder las Farc, pues en el momento no hay un censo ni forma de certificar las mismas.
En cuanto a la seguridad para los terroristas desmovilizados, se acordó destinar una unidad de protección mixta y Santos se comprometió a “defender el derecho de hacer política” aunque país no comulgue con sus ideas.
#ElUltimoDiaDeLaGuerra no es el fin de todos los problemas, es la posibilidad de empezar a escribir otra historia.
— Felix de Bedout (@fdbedout) 22 de junio de 2016
Santos dijo la semana pasada que espera poder poner la firma final el 20 de julio, día de la independencia, pero Timochenko aseguró que “la práctica ha demostrado que fijar fechas le hace daño al proceso, mas cuando no es un acuerdo…aunque avanzamos aún falta pelo pa’l moño”.
Ese acuerdo deberá luego ser refrendado por el pueblo a través de un plebiscito que la oposición ha denunciado como “engañoso” luego de que se redujera el umbral electoral a un 13% y se asegurara que sólo habrá una pregunta para responder con “sí” o “no” y no un análisis de los acuerdos punto a punto.
Además de esto, aún queda por acordarse los puntos que hablan de la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros, quiénes son los magistrados que conformaran el Tribunal Especial para la Paz, el visto bueno de la Corte Constitucional al Plebiscito, el cronograma final de la implementación de los acuerdos y de dónde provendrán los recursos para financiar al postconflicto.
El conflicto colombiano ha involucrado durante más de cinco décadas a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, con un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados, aproximadamente.
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