En el curso de una gran ceremonia, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla comunista de las FARC firmaron el “Acuerdo final por la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, con el que buscan dar fin a 52 años de conflicto en el país.
En los discursos dados tanto por el presidente de la República como por el jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, afirmaron que con el acuerdo se acaba «la guerra más larga del continente» y se deja de defender ideas con armas para promoverlas con política.
“Para Colombia cesó la horrible noche”, asegura el presidente Santos mientras que ‘Timochenko’ pide perdón a las víctimas en nombre de las FARC y asegura que dicha guerrilla cumplirán lo pactado.
¿Realmente es así? ¿O nos encontramos ante una falsa paz que no hace sino consagrar el crimen y la impunidad y deja el problema sin resolver?
Actuall recopila diez de los “agujeros negros” del acuerdo y que impedirían la construcción de una paz estable y duradera, como reclaman los firmantes.
1. El Acuerdo promueve la impunidad de los terroristas
El director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, ha afirmado en varias ocaciones que existen serias preocupaciones frente a lo acordado en el capítulo de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales por presentar “serias inconsistencias que podrían utilizarse para limitar indebidamente la rendición de cuentas de responsables de graves abusos”. Según el organismo, el acuerdo esconde un trato preferencial y de impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad.
2. No asegura el fin de la violencia
Human Rights Watch ha denunciado que lo pactado es “un retroceso en materia de defensa de los derechos humanos” y aseguran que las sanciones que establece el acuerdo no son equiparables con los crímenes cometidos. Esto afecta el derecho a la reparación de las víctimas y no asegura la no repetición, pues no desmotivan el uso de la violencia para conseguir fines específicos.
3. Impone la ideología de género
La actual Procuradora Delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos, denunció en un texto de 32 páginas cómo el enfoque de género de los acuerdos se convierte en una plataforma política de activismo ideológico para el movimiento feminista y LGTBI, como explicó Actuall.
De manera transversal en los acuerdos se promueven estas ideologías construyendo un marco jurídico favorable y abundantes recursos públicos para la “transformación de imaginarios” que permitan “legitimar en todos los ámbitos de la vida social la identidad diversa”, así como para la promoción de la “no estigmatización en razón de la orientación sexual y la identidad de género diversa”.
4. El Acuerdo promueve el aborto
A lo largo del texto final se promueve los llamados “derechos sexuales y reproductivos” que involucran la implantación del aborto en el país. Esto va de la mano del componente de género, que abarca de manera trasversal todos los puntos del acuerdo. Las FARC defienden el aborto como un derecho de la mujer, pero además lo han practicado de manera forzosa en varias mujeres argumentando que en la guerra no caben los ninos.
5. Concede privilegios políticos exclusivos para las FARC
Se establece que el partido político que formen las FARC una vez transiten a la vía democrática recibirá 10 escaños de manera directa (sin necesidad de conseguir votos) en el Congreso por dos periodos legislativos, mucho más de lo que tienen las minorías étnicas del país que representan a un mayor número de ciudadanos.
6. Concede privilegios en medios de comunicación a las FARC
Además, tendrán a su disposición 32 emisoras en frecuencia FM y el Estado se compromete a financiar hasta el 2022 su centro de pensamiento. Adicionalmente, recibirán el 15 % del fondo económico de los partidos hasta 2022; y desde ese año y hasta 2026, el 10 % del mismo.
7. Deja intacto el problema de fondo de Colombia: el narcotráfico
En el acuerdo se entiende que el narcotráfico es un delito conexo al delito político; es decir, que las FARC acudieron a esta actividad para sostener económicamente su rebelión contra el Estado y no como método de enriquecimiento ilícito.
El Acuerdo invita a la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y reproduce protocolos de la lucha tradicional contra las drogas que están planteados en la Convención Única Antidrogas firmada en 1961, que han generado más muertos y más capturas, pero no ha puesto fin al negocio de los narcóticos.
Las FARC se niegan a que los cultivos ilícitos se combatan con la fumigación aérea. Además, dicha guerrilla no se compromete a entregar rutas, contactos o dineros fruto de esta actividad ilícita.
8. Concede poderes especiales al presidente Santos por 180 días
Los poderes especiales permitirán al presidente colombiano emitir decretos presidenciales como leyes ordinarias con el fin de aplicar el Acuerdo Final. Entre los decretos que ya están listos para firmarse, destaca uno por medio del cual se adopta una política pública que promueva los derechos LGBTI.
9. El Acuerdo es inmodificable
En el Acuerdo se establece que el texto es un Debido a la aprobación del Acto Legislativo por la Paz, una vez el acuerdo sea respaldado por el pueblo en el plebiscito éste pasará a ser parte del bloque de Constitucionalidad colombiano. Y como se establece en los Acuerdos, el documento firmado es un todo no modificable, por lo que los colombianos estarían votando un “todo o nada” sin posibilidades posteriores de transformar lo pactado.
10. Las víctimas se quedan sin reparación
El Acuerdo declara estas acciones como delitos amnistiables al considerarlos un delito conexo al de rebelión.
Así, las principales víctimas de este conflicto no podrán ser reparadas ni verán a sus victimarios pagar penas por estos crímenes. Al contrario, todas las acciones adelantadas por los miembros del Ejército y la Policía estarán sometidas al escrutinio del Tribunal Especial de Justicia Transicional.
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