Pese a los intentos del gobierno de Nicolás Maduro por deslegitimar el poder de la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición asegura que en seis meses el presidente dejaría el poder.
Los opositores al presidente venezolano, Nicolás Maduro, definirán antes de julio en el seno de la Asamblea Nacional (AN), que controlarán desde el 5 de enero, cómo sacarlo del Gobierno antes del fin de su mandato, en 2019.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEsta determinación forma parte de «acuerdos suscritos y ratificados» por todos los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a los partidos de la oposición, según informó el secretario general del histórico partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup.
El compromiso lo hizo en un artículo dominical en el diario Nuevo País en el que afirmó que se buscará en los «seis meses subsiguientes a la toma de posesión de la nueva AN una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para el cambio del Gobierno”.
Allup, diputado electo y candidato a presidir la AN desde el próximo 5 de enero, descartó que haya líderes opositores que no apoyen la búsqueda de vías constitucionales para acortar el fin del mandato presidencial.
El artículo confirma lo dicho el pasado 20 de diciembre por el líder opositor Leopoldo López desde la cárcel militar donde está recluido desde febrero de 2014: «¿Cómo le decimos a los venezolanos que viven angustiados en las calles con el temor de perder su vidas que debemos esperar hasta 2019 para cambiar este sistema?”.
Referendo revocatorio, entre las opciones
Algunas de las opciones que baraja la oposición, según dijo López, son el referendo revocatorio del mandato presidencial, que puede activarse cuando Maduro cumpla en julio la mitad de su gestión, la enmienda constitucional, la renuncia del gobernante o la instalación de una Asamblea Constituyente.
«Hay que salir por la vía constitucional de este desastre lo más pronto posible», manifestó López aunque el dos veces candidato presidencial de la MUD, Henrique Capriles, ha pedido mesura.
«Se requiere mucha madurez política para afrontar lo que nos viene», porque «Venezuela está en la encrucijada: racionalidad y madurez política o irracionalidad y confrontación”, aseguró Capriles en un artículo publicado el pasado domingo.
Las amenazas de Maduro
Ante el difícil futuro, el presidente Maduro ha optado por amedrentar al pueblo con llamamientos a la búsqueda de los «casi dos millones de patriotas revolucionarios que no fueron a votar» en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en las que el partido oficialista obtuvo una sonora derrota tras 17 años de hegemonía.
Además, estaría ejecutando una estrategia jurídica para desmontar la victoria de la MUD impugnando a 22 diputados opositores ante el Tribunal Supremo de Justicia previo a la toma de posesión del 5 de enero.
Adicionalmente, la mayoría parlamentaria afín al Gobierno de Maduro, que cesará funciones el 4 de enero, convocó cuatro sesiones extraordinarias la semana pasada para nombrar a doce jueces y doce suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y así colocar a sus peones en cargos de poder antes de dejar el control de la Cámara.
En respaldo a estas acciones, organizaciones y colectivos chavistas han llamado a los partidarios del Gobierno a manifestarse el próximo 5 de enero coincidiendo con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, como ya se hiciera en España con la convocatoria antisistema #RodeaElCongreso.
El Tribunal Supremo declara inconstitucional el futuro de la Asamblea
Por si lo anterior no fuera poco, tras una sesión de emergencia, en las primeras horas de la mañana del lunes, el Tribunal Supremo ha dado respuesta a un recurso de Interpretación presentado en la noche del domingo por el saliente presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que predeclara inconstitucional cualquier ley aprobada por la nueva asamblea, controlada por la MUD.
Esto, tras la interpretación del artículo 3 de la Constitución que establece que el fin último del Estado es «la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”.
En nombre de la Sala Constitucional, la juez Gladys Gutiérrez dictaminó que al tribunal «le resulta incongruente que una camarilla oligárquica llena de odio al servicio de Washington pueda cumplir con el mandato de construir una sociedad así”.
En razón a ello y a la eficiencia administrativa Gutiérrez llegó a la conclusión de que es simplemente más rentable predeclarar inconstitucional cualquier decisión de la nueva mayoría puede optar por tomar entre 2015 y 2020, «en el espíritu de preservar la previsibilidad jurisprudencial y con el fin supremo de garantizar la eficiencia presupuestaria».
