El simpar pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila escribió: “Las sociedades moribundas acumulan leyes como los moribundos remedios”. Y una sociedad como la española, a la que las mentiras difundidas por los medios de comunicación y la enseñanza le han creado Alzheimer, necesita leyes que traten de recuperarle esa memoria que le falta. Igual que en la película Desafío total, donde se describe una empresa dedicada a implantar falsos recuerdos.
Sólo recurriendo a un Alzheimer social se explica que los españoles entreguen a un partido tan siniestro como PSOE la capacidad de definir lo bueno y lo malo.
Al partido de la huelga revolucionaria de 1917, colaborador con la Dictadura de Primo de Rivera para que la UGT aplastase a la CNT, ejecutor del golpe de estado de 1934 (¡con más de 1.300 muertos!), ladrón del oro del Banco de España y de los modestos patrimonios de millones de españoles, del tesoro del yate Vita, de las chekas en las que se torturó y asesinó a cientos de personas, de las subvenciones de la CIA para reconstruirse en los años 70, del terrorismo de estado de los GAL, de la demagogia del referéndum de la OTAN, del robo de cientos de millones de euros públicos en Filesa, Malesa y los ERE andaluces, y de los más de 50.000 muertos en la pandemia del covid-19.
Para las izquierdas, unas víctimas de la guerra civil han sido asesinadas, mientras que otras sólo han fallecido o desaparecido
Y por todos estos actos, algunos repugnantes, el PSOE jamás ha pedido perdón. No podemos encontrar mejor ejemplo de superioridad moral aceptada por un pueblo.
El brazo mediático de los socialistas, El País, sólo llevó en portada un día la sentencia de la gran estafa de los ERE (¡casi 700 millones de euros robados a los españoles!), mientras que al asunto de ‘los trajes de Camps’ dedicó 169 portadas.
Después de veinte años de ‘memoria histórica’, los españoles ya están maduros para que el Poder les administre una nueva dosis de manipulación pagada por fondos públicos: la ‘memoria democrática’. Y quien se atreva a disentir del discurso oficial será multado y despojado de sus medios de vida. Por respeto a las víctimas del franquismo, dicen los censores. El espacio para la libertad de expresión y de investigación no deja de achicarse. Y de la misma manera se reduce el ámbito para la convivencia entre los españoles de distintas ideas políticas. En Cataluña, en Vascongadas y en varias universidades públicas ya casi es inexistente.
¿Cómo el PSOE, el partido más siniestro de España, pretende decirnos qué episodios de la historia son buenos o malos?
¿Qué pretenden los elaboradores de estas ‘memorias’? Convertirlas en ideología oficial y obligatoria, con la finalidad de dividir a los españoles en buenos y malos mediante la raya de una guerra civil librada hace ochenta años. Se trata de reconstruir los mismos bandos de entonces, como prueba la incorporación del PNV, traidor al Frente Popular, con el objetivo de realizar de una vez la ruptura que la oposición antifranquista planeó en 1976, pero el pueblo español rechazó varias veces.
Por este último motivo, se une al bloque el partido de los etarras, con el gesto infame de Pedro Sánchez dando a sus senadores el pésame por el suicidio de un etarra, cuando no ha hecho lo mismo por los suicidios de policías y guardias civiles o por los de varones falsamente acusados de maltrato.
Muchos militantes del PP y votantes de este partido creían que la ‘memoria histórica’ sólo afectaba a Franco y sus generales; incluso que la tertulianada se calmaría una vez que exhumasen a Franco de la tumba en la que lo colocó el rey Juan Carlos. “¡Qué pesado estás con esto, Manolo! Son cosas pasadas. Dedícate a preparar oposiciones.” Ahora uno de los falangistas (bueno, de los funcionarios) del régimen que trajeron la democracia, Rodolfo Martín Villa, ha comparecido ante una juez argentina octogenaria.
Zapatero se negó A que el Estado abriera las tumbas de los campos para disponer de un elemento de agitación permanente
La deslegitimación de la Transición como período de orgullo y de reconciliación por parte de la izquierda, que hasta hace poco la reclamaba para sí, supondrá despojar de reconocimiento y honores a los dirigentes de UCD y, también del PP.
Los izquierdistas dirán que toda persona decente tiene que apoyar esta ley siquiera porque recupera los muertos (los de un bando, ojo) abandonados en fosas comunes. A este respecto recuerdo que el historiador socialista Santos Juliá declaró que el Gobierno de Rodríguez Zapatero prefirió el camino de las subvenciones a particulares: “La decisión de privatizar la cuestión de las fosas tiene que ver con la política del PSOE de arrinconar al PP”. Si lo hacía el Estado, añadía, “en seis meses, un año, se acabó. En cambio así tienes un continuo elemento de agitación”.
Es decir, la polémica de las fosas no pasaba de ser una repugnante argucia del PSOE contra el fláccido PP.
La izquierda y los separatistas pretenden realizar la ruptura que el pueblo español rechazó en 1976 y 1977
También hay en la ‘memoria democrática’ factores de politiquería. La misma Fiscalía General que se opone a investigar los errores y negligencias del Gobierno nacional en las muertes por el covid-19 (a diferencia de Francia), va a defender el honor de Marcos Ana, pero no el de aquellos a los que asesinó. Dentro de unos meses habrá conversaciones como ésta: “Su abuelo murió porque no teníamos una UCI para él, pero hemos hallado una tibia de su bisabuelo, el que desapareció en la batalla del Ebro, en un descampado de Gandesa. ¿Ve cómo salimos más fuertes?”.
No olvidemos que el edificio de mentiras que empezó a levantar el PSOE de Rodríguez Zapatero y está ampliando Sánchez se ha mantenido gracias a que el Partido Popular de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría consideraba que bastaba con retirar los fondos públicos a las asociaciones de ‘memoria histórica’ (¿se hará una auditoría sobre esos gastos, como los realizados por las asociaciones feministas?), porque lo importante y lo que decide el voto era la economía.
Los abogados del Estado están convencidos de que la ‘guerra cultural’ no existe y que los golpes de estado como el de 2017 en Cataluña se detienen con papel timbrado.
La ‘memoria histórica’ y esta hijastra son consecuencia de la renuncia del amodorrado PP a librar la ‘guerra cultural’
El Imperio Progre prepara una España en la que tendrá más castigo recordar que Franco fue condecorado por el FC Barcelona y salvó a miles de judíos del extermino que jalear a los etarras en sus pueblos, quemar retratos del Rey o desear el regreso de los GRAPO en canciones. Luego seguirán multas a quien critique la inmigración ilegal o las mentiras de la ‘violencia de género’. Lo ha avisado hace poco Irene Montero.
¿Entenderá alguna vez la derecha de sofá y tertulia que estas declaraciones no son pataletas, sino anuncios?
Cuando comienzo un artículo con un aforismo de Gómez Dávila, me gusta concluirlo con otro y me parece que éste es el más adecuado: “Estado sanamente constituido es aquel donde innúmeros obstáculos embarazan y estorban la libertad del legislador”. El actual Estado español no puede estar sanamente constituido cuando el Poder pretende regular la historia y prohibir las opiniones molestas.
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