La Ley de Memoria Histórica que aprobó el PSOE bajo el mando del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no es suficiente para el actual secretario general, Pedro Sánchez, quien ampliar su campo de acción y castigo.
Por ello, el pasado mes de diciembre su partido registró en el Congreso de los Diputados una propuesta para reformar esta ley, la cual se deberá votar en la cámara en el primer trimestre de este 2018.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEsta nueva versión de la Memoria Histórica contiene una mayor carga ideológica que la anterior y busca perpetuar ‘su verdad’ mediante la eliminación de cualquier discrepancia a la misma.
Lo peor de todo es que según se han pronunciado los partidos, todos están a favor excepto el PP, que se abstiene
Así, a pesar de incluir muchos puntos de dudoso -por no decir nulo- interés nacional, como otorgar la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales que llegaron a España para luchar en favor de la República, hay cinco aspectos que sobrepasan lo conocido hasta ahora.
Y lo peor de todo es que según se han pronunciado los partidos, todos están a favor excepto el PP, que se abstiene. He aquí un resumen de esta proposición de Ley:
1. Se creará una Comisión política de la Verdad
Al igual que hizo Carmena en Madrid para el cambio de calles franquistas, la ley socialista busca crear una Comisión de la Verdad que establezca los crímenes de lesa humanidad y de guerra que se realizaron desde el levantamiento en 1936 hasta la aprobación de la Constitución en 1978.
Todo a la anterior a esa fecha, es decir las causas de la guerra o las víctimas de la II República -en especial las asesinadas por su fe- queda fuera del estudio.
Además, para esta comisión habrá que tener en cuenta las nuevas normas del progresismo, como la cuota paritaria o la inclusión de expertos en violencia de género, muy necesarios para revisar la Guerra Civil.
Por supuesto, sus conclusiones serán de carácter vinculante para los poderes públicos y nadie las podrá discutir.
2. Se exhumará a Franco del Valle de los Caídos
Se trata de una de las grandes obsesiones de la izquierda en los últimos años, y el PSOE ha apostado fuerte por apropiarse de este monumento construido en honor a todas las víctimas del conflicto.
Para ello propone ‘reconvertirlo’ en un «centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura».
Por supuesto, se exhumará a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera según los deseos de sus familias y se obligará al gobierno de turno (ahora el PP) a pedir perdón a las víctimas del franquismo.
3. Se enseñará los dogmas de Memoria Histórica en los colegios
Si se aprueba esta reforma, el 31 de octubre pasaría a ser reconocido como día de recuerdo y homenaje a las víctimas en recuerdo del 31 de octubre de 1978, fecha en el que fue aprobada en en el Congreso y en el Senado la Constitución del 78.
Además, se pondrán placas en aquellos lugares que se hayan cometido crímenes de guerra, según los expertos escogidos por PP, PSOE, C´s, Unidos Podemos, etc. Y hay que recordar que se endurecen las sanciones a quienes no retiren los símbolos franquistas como se indica en la actual ley.
Se incluiría en el currículo de todas las edades la memoria democrática y se promocionaría la investigación sobre la represión franquista
También se obliga al Ministerio de Educación a incluir en los programas educativos «la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas».
Formación de profesores con los nuevos datos obtenidos de la investigación sobre la memoria democrática, la inclusión en el currículo de todas las edades (de Primaria a la Universidad) de la memoria democrática y la promoción de investigaciones sobre la represión franquista.
4. Censura de Memoria Histórica para los medios de comunicación
Dice el artículo 35:
«A través de los medios de comunicación públicos, se promocionará el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación y mediante la cobertura informativa de actividades relacionadas con la materia. La divulgación dará difusión al relato de las víctimas. Asimismo, se elaborará un manual de estilo para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica».
No se hace mención alguna a los medios privados, pero si se tienen en cuenta la metodología utilizada hasta ahora por los Gobiernos de turno (como con la violencia de género) aquellos que no se atengan a la normativa de la pública se quedarán sin publicidad institucional, la más importante para los medios de comunicación.
5. Y quienes disientan: cárcel o multa
Aquellos valientes que decidan desafiar a la nueva ley socialista, se podrán enfrentar a diferentes multas y penas, a saber:
De 2.000 a 10.000 euros de multa para quienes se nieguen a cumplir una resolución sobre la retirada de un símbolo por considerarse franquista. Ha habido muchos casos de este tipo al querer retirar cruces por considerarse franquistas.
De 200 a 2.000 euros de multa para los que exhiban públicamente elementos contrarios a la Memoria Histórica.
De uno a cuatro años de prisión para los que públicamente «fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo por su condición».
También para quienes distribuyan o vendan escritos con la misma condición del apartado anterior.
Penas de seis meses a dos años cárcel para quienes enaltezcan o justifiquen el franquismo.
Se destruirán los libros que se atrevan a cuestionar los dogmas ideológicos de la Memoria Histórica
En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo por un tiempo superior entre tres y diez años de la pena por privación de libertad que se le imponga por el delito relacionado con faltar a la Memoria Histórica.
Se aprueba la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, etc. que den soporte a los delitos de los apartados anteriores.
Para los funcionarios públicos que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado voten en contra de medidas que supongan la aplicación de la memoria democrática, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con entre un año y medio a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de empleo o cargo.
