Sánchez ha insultado a todos los españoles, sin mostrar el menor respeto por los dos lugares en que lo ha hecho: el palacio de la Zarzuela, sede del Jefe del Estado; y en el Parlamento, sede de la soberanía nacional. En el palacio real, al decir que promete “guardar y hacer guardar la Constitución”. ¿Él?, ¿el que la ha pisoteado al pactar con forajidos (1), poniendo en jaque la unidad de España? Y ha añadido, “por mi conciencia y honor” ¿Él? ¿de qué conciencia y qué honor está hablando? Todo esto delante del rey Felipe VI.
Pero también se ha burlado de la soberanía nacional, en el hemiciclo, al invocar a la democracia para defender la legitimidad de su cargo de presidente y el trato que ha hecho con unos delincuentes para seguir en La Moncloa (votos por amnistía).
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLo primero no merece mayor comentario. El lobo presumiendo en el aprisco de que va a guardar al rebaño. “Guardar la Constitución”, “conciencia y honor”. ¿Él? Es todo tan obvio, que se descalifica solo.
Lo de la democracia precisa de alguna aclaración, para calibrar el grado de cinismo y prepotencia de este tirano.
Para justificar su asalto al Estado de derecho, Sánchez esgrime la mayoría absoluta (los escaños del PSOE más los de ERC, Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria). E invoca la democracia, lo que desea la mayoría: “los gobiernos y los presidentes -afirma- salen de lo que deciden los ciudadanos en las urnas y estos ya hablaron con los hasta 25 millones de electores que votaron el 23 de julio”.
Pero la mayoría parlamentaria puede ser, en ocasiones, la coartada del tirano (2). ¿Lo es en este caso? Juzguen ustedes.
Primera. Los votos del PSOE y sus adláteres solo representan a una parte de los españoles. ¿Qué pasa con la otra mitad? No hablamos de una minoría sino de media España, que se opone a Sánchez y al trato con unos forajidos para borrar su delito. Por no hablar de amplios sectores de la sociedad, como los jueces, los fiscales, los abogados, los inspectores de Hacienda, los diplomáticos, los funcionarios, los periodistas, los empresarios etc. que han salido en tromba denunciando el atropello del Estado de derecho. ¿Se puede llamar a eso democracia?
Segunda. Sánchez no puede asegurar que el electorado socialista apoye la amnistía, por la sencilla razón de que no lo sabe. Cuando se celebraron las elecciones, el 23 de julio pasado, no sólo no llevaba la amnistía en su programa, sino que negaba tal posibilidad. “La amnistía es inconstitucional e ilegal” afirmó textualmente. Como ha dicho acertadamente Feijoó: “Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas”. Si Sánchez ha cambiado de opinión, por un puñado de votos, tendría que preguntar al electorado socialista si está de acuerdo.
Y todo indica que, esta vez, no concitaría tanta unanimidad. Conspicuos socialistas, como Redondo Terreros o el exministro Cosculluela han demostrado que no se suman a un pacto “vergonzante”. Y un icono mediático de la izquierda, como Juan Luis Cebrián, exdirector de El País, ha sido bastante claro:
“El esperpento protagonizado por Sánchez y su pacto con un buen número de delincuentes para formar gobierno, pone de relieve la ausencia de sentido común y capacidad racional en la dirección de un partido socialista que amenaza con convertirse en una secta”.
Y añade: “¿Cómo respetar a un dirigente político que es incapaz de mantener la palabra dada a aquellos a quienes les pidió su apoyo?”
Tercera. Un gobierno que atenta contra la independencia del poder judicial deja de ser automáticamente democrático. Y eso es lo que ha hecho Sánchez al poner en el punto de mira a los jueces, acusándoles de lawfare, y al dejar sin efecto las sentencias condenatorias del Supremo contra los golpistas del prusés.
Mediante las comisiones parlamentarias del lawfare -una de las exigencias de los golpistas- el poder legislativo se convertirá en juez del poder judicial.
Nada es más peligroso que suponer que cualquier decisión del Gobierno, si está respaldada por un parlamento elegido, posee automáticamente legitimidad, independientemente de su contenido.
Por esa regla de tres, se debería considerar legítimo el exterminio de judíos decretado por Adolf Hitler, pues éste llegó al poder democráticamente en 1933, a través del Parlamento alemán. Y esto no lo dice (solo) Abascal, sino alguien tan poco sospechoso como Julián Marías, un liberal que fue perseguido por el franquismo.
El filósofo afirmaba que usar el Parlamento para legitimar ataques contra el Estado de Derecho es “una forma sutil de tiranía, más aún de una variedad de totalitarismo que se considera aceptable: a saber, el totalitarismo legal”.
(1) Llamar forajido a Puigdemont no es hipérbole, sino descripción. Según el Diccionario de la RAE forajido es: Delincuente que anda fuera de poblado, huyendo de la justicia. Y eso es Puigdemont en Waterloo. Hasta que el lobo le invite al festín del aprisco.
(2) Y tirano no tiene intencionalidad difamatoria, sino que es una descripción: Primera acepción del DRAE: Dicho de una persona: Que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. Segunda acepción: Dicho de una persona: Que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que, simplemente, del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. ¿O no es eso lo que ha hecho Sánchez?
No es nada personal.
