Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos registran este martes la proposición para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ sin contar con la oposición rebajando la mayoría de tres quintos necesaria actualmente para que las Cortes elijan a los 12 miembros del CGPJ que les corresponde.
Su propuesta pauta la activación de la designación por mayoría absoluta en un plazo de 48 horas en caso de que fracasara la designación por mayoría cualificada de tres quintos.
La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyecto de ley que tramita el Consejo de Ministros.
Así, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses.
Tras su calificación por la Mesa del Congreso, la iniciativa de los grupos parlamentarios sólo necesitará la conformidad del Gobierno para su debate: en concreto, dispondrá de un máximo de 30 días para certificar que esa reforma no tiene efectos presupuestarios, único motivo para los vetos del Gobierno.
PSOE y Unidas Podemos estiman que la reforma de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impulsan podría entrar en vigor a los dos meses de tomarse en consideración.
Críticas del Poder Judicial a la reforma
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -mayoritaria- se muestra contraria a esta reforma, y su portavoz Manuel Almenar ha señalado en declaraciones a Europa Press que es una modificación «abiertamente inconstitucional» porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las cortes.
Además, añade que la vía de la proposición de ley también «plantea serias dudas de incosntitucionalidad» porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, «algo básico en la cuestión».
Almenar ha explicado por otro lado que no se puede plantear una reforma del sistema de nombramientos y que ésta tenga carácter retroactivo. En este sentido, ha recordado al Gobierno que el proceso de renovación del órgano se inició hace dos años, y las reformas son a futuro, no sobre procesos iniciados.
«Tenemos la certeza de que es inconstitucional y mostramos nuestro absoluto rechazo», ha apuntado, para luego vaticinar que generará una reacción por parte de organismos europeos. «Una infracción de los valores que inspiran la Unión Europea tiene sus consecuencias, y ha llevado a avisos de expulsión a países como Polonia o Hungría», ha añadido.
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha sido tajante también al apuntar que la reforma de esta ley orgánica es un «despropósito» y va «en sentido contrario a las recomendaciones que se hacen desde Europa para fortalecer el Estado de Derecho».
En junio de este año el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, advirtió de la falta de independencia judicial si no se modificaba el sistema de elección de vocales actual. Por eso desde el Foro Judicial Independiente (FJI) insisten en que lo que se debe hacer es cumplir con esas recomendaciones y volver al sistema mixto de designación, en el que parte de los vocales sean elegidos en el seno del Poder Judicial.
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