Matar ya no es una cosa mal vista y vergonzante en España, sino que tiene el aval de honorabilidad de las instituciones; tampoco es una actividad clandestina, furtiva, dispersa, de cuatro hampones, sino que está oficializado, sistematizado, organizado, con eficiencia digna de un Adolf Eichmann, el aplicado contable de la muerte, como si del horario de trenes se tratara.
Raymond Chandler decía que Hammet (el autor de El halcón maltés) “extrajo el crimen del jarrón veneciano y lo depositó en el callejón”. Pues bien, Conde Pumpido, presidente del Constitucional, y Arnado Otegi, coordinador de Bildu, han hecho el viaje inverso. Nos han impuesto la violencia en su expresión más explícita (triturar vidas humanas o hacer un casting electoral con asesinos), y no desde abajo, desde el submundo de los pequeños y medianos delincuentes empujados al crimen por su extracción económica o social: (maleantes, quinquis, navajeros), sino desde arriba, desde despachos de honorables magistrados o desde las moquetas de los políticos.
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Suscríbete ahoraLos jueces del TC han hecho un alambicado razonamiento, que pone el derecho de autodeterminación de la mujer por encima del derecho a la vida del bebé. ¿No era eso la ley del más fuerte?
Los siete jueces progresistas del Constitucional se han sacado de la puñeta (de la toga) una ficción jurídica o mejor dicho anti-jurídica. Ya dijo Gustav Radbruch, jurista alemán perseguido por el nazismo, que las leyes extremadamente injustas no son derecho, no tienen validez. Pero eso a los jueces pro-aborto del TC les trae el pairo, y han hecho un alambicado razonamiento, que pone el derecho de autodeterminación de la mujer por encima del derecho a la vida del bebé. ¿No era eso la ley del más fuerte?
Y los bildueatarras han institucionalizado la violencia, al demostrar que matar tiene premio. Si has dejado secos a un policía nacional, un concejal, o un militar retirado, puedes presentarte a las elecciones del domingo 28 y aspirar a despacho y presupuesto. Porque esos son, tal cual, los méritos que tienen algunos de los siete etarras con delitos de sangre seleccionados por Otegi. El propio Zapatero admitía lo del premio, al decir que prometió a los etarras que “si dejaban el terror podrían entrar en las instituciones”, haciendo gala de la extremada flexibilidad de su espinazo ante el chantaje criminal. Sí, ya sé, han dicho los siete killers que cuando obtengan el acta de concejal renunciarán. Primero ¿por qué creer a unos matones?; segundo, aunque se retiren, el mero hecho de presentarse ya supone una burla sangrienta para las víctimas de ETA; tercero, hay otra treintena de condenados por terrorismo en la lista de gangsters elaborada por Otegi.
Esta institucionalización del crimen no es una cosa abstracta, sino que tiene nombre y apellidos, los de aquellos que han dado carta de honorabilidad al exterminio de inocentes o blanqueando con harina electoral a indeseables con las manos manchadas de sangre. Tomen nota.
–Arnaldo Otegi. Coordinador de Bildu. Militó en ETA en un comando responsable de la explosión de una gasolinera, de robos de vehículos a mano armada y del asalto al gobierno militar de San Sebastián. Participó en el secuestro del director de Michelín en Vitoria. Zapatero lo llamó “hombre de paz”.
–Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Caracterizado por su escasa imparcialidad, actuando frecuentemente al dictado del PSOE. Es significativo que la misma persona que vota a favor de convertir en un derecho masacres en el vientre materno fuera el fiscal general con el gobierno de Zapatero que negoció con los etarras; el mismo que decidió retirar los cargos contra Otegi por enaltecimiento del terrorismo. Cuando dos años antes, este último fue detenido, y un fiscal pidió para él prisión incondicional, el terrorista dijo (según fuentes de Víctimas del Terrorismo): “¿Esto lo sabe Conde-Pumpido” (entonces fiscal general del Estado). Lo cual suena a novela negra, o película de mafiosos. ¿Por qué tenía que saberlo Conde-Pumpido?
–Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC. Es la autora de la sentencia.
–Juan Carlos Campo, magistrado del TC. Fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez (2020-2021), es decir muy imparcial no es que sea. Fue el que concedió el indulto a los golpistas indepes de Cataluña.
A estos hay que añadir a los otros jueces pro-aborto del TC, Ramón Sáenz; María Luisa Segoviano; Laura Díez; y María Luisa Balaguer.
Y junto a ellos, dos gobernantes -por lo menos- tienen responsabilidad en la institucionalización del crimen: los socialistas Zapatero y Sánchez. El primero negoció con ETA y sacó la Ley de Plazos (2010), que convertía el aborto en un derecho de facto, esta fue recurrida por el PP ante el TC, que ahora acaba de pronunciarse consagrando ese derecho. Y Sánchez ha gobernado con el apoyo de los etarras y no ha roto con Bildu (ni lo hará), a pesar de llevar a matones en sus listas, porque los necesita para seguir en la Moncloa. Respecto al exterminio de bebés, Sánchez sacó una reforma de la ley del aborto que permite hacerlo a menores de 16 años sin el permiso paterno; y ahora se ha felicitado por la actual sentencia del TC, diciendo que “el futuro ha dado la razón al progreso”. ¿Progreso?
En la nómina de responsables es obligado incluir al PP, que 1) traicionó a sus votantes al incumplir su promesa de derogar la ley de Zapatero; 2) se marcó un Pilatos al enviar un recurso de inconstitucionalidad al TC, con el resultado que acabamos de ver, trece años después; y 3) Feijoó, ha aplaudido el fallo, diciendo que “el aborto es un derecho”. Consuma así su patada en la espinilla de su electorado. Una de dos, o él tiene instintos sádicos o los votantes del PP son masoquistas.
Lo más grave de todo esto no es el crimen en sí. Lo más grave es que se considere “legal”.
Lo más grave de todo esto no es el crimen en sí. Lo más grave es que se considere “legal”. Es lo que han repetido Sánchez y la presidenta navarra, María Chivite, al referirse a los candidatos terroristas; y es lo que acaba de hacer el TC al bendecir el aborto con la vitola de derecho. Lo más grave no era azotar a esclavos negros porque no dejaban lustradas las botas del dueño de la plantación, sino que la Corte Suprema de EE.UU. le retirara al Congreso la autoridad de prohibir la esclavitud en los distintos estados (Dredd vs. Sanford, 1857). Lo más grave no era esterilizar a judíos, gitanos, u homosexuales, en la Alemania de los años 30, sino las leyes eugenésicas nazis que bendecían la salvajada, elaboradas no por vociferantes SS con gorra de plato, fusta y botas de media caña, sino por juristas y catedráticos; y aplicadas no por verdugos de capuchón, sino por médicos con fonendoscopio.
Igual que en la España de 2023. Lo dijo Raymond Chandler en El simple arte de matar: “el asesinato es un acto de infinita crueldad, aunque los que lo cometen tengan a veces el aspecto de jóvenes de la buena sociedad, profesores universitarios…”.
