En mitad de la oleada de corrupción que azota a España, Ciudadanos emergió con un discurso regenerador al proponer que todos los cargos dimitan o sean destituidos al ser investigados -antes imputados- por el juez. Es decir, antes de ser condenados.
Una medida criticada por muchos en tanto que arrebata la presunción de inocencia al político. Porque si dimite quien después es declarado inocente ya no podrá sacudirse el estigma social de la culpa.
Si bien la imputación es una figura garantista -no es una condena- los partidos se han apuntado en los últimos tiempos a pedir la cabeza del rival político cuando está inmerso en una investigación judicial. Dimisión como arma para desgastar al rival.
El último caso relevante es el de Rita Barberá, cuya posición es cuanto menos comprometida. El Tribunal Supremo abrió el pasado martes una investigación penal contra la senadora del PP por un presunto delito de blanqueo de capitales en su etapa como alcaldesa de Valencia. La noticia sorprendió a Barberá en el tren cuando viajaba a Madrid: se bajó del mismo en Cuenca para regresar a Valencia.
La duda era saber si Barberá también daría marcha atrás en lo de renunciar a su escaño de senadora, pero ha preferido aferrarse al mismo y darse de baja del PP. Un gesto insuficiente para sus compañeros de partido.
El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, la acusó de no actuar con dignidad ni ejemplaridad mientras que el vicesecretario de organización, Fernando Martínez Maíllo, lamentó que el propio Rajoy tuviera que llamar a Barberá para convencerla -sin éxito- de dejar el Senado.
Rajoy respaldó con su mensaje «Luis, sé fuerte» al extesorero del PP encarcelado por corrupción, Luis Bárcenas. Aquello no tuvo consecuencias políticas para el presidente
Hay otros casos que, sin condena judicial, también son susceptibles de dimisión. Esa posibilidad se abrió hace algunos años cuando el caso Gürtel destapó la financiación irregular en el PP que, a posteriori, llevaría al extesorero, Luis Bárcenas, a la cárcel. El mensaje de Mariano Rajoy («Luis, sé fuerte») a este condenado por corrupción fue interpretado por todos como una muestra de apoyo y no de condena en un momento en el ¿Era consciente Rajoy de la caja B de su partido con la que se pagaban los sobresueldos?
Uno de los ministros de su Gobierno, Jorge Fernández Díaz, quedó en entredicho cuando se descubrió -al ser grabado en su despacho- que había presionado al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso Laso, para encontrar ‘munición’ con la que atacar a los políticos partidarios de la independencia catalana. Se trató de un uso indebido del Ministerio del Interior del que en ningún momento pensó en renunciar.
La derecha acumula ya bastantes casos de corrupción: desde Púnica a los papeles de Bárcenas, pasando por el affaire de Jaume Matas en Baleares. Se puede decir que la corrupción no tiene ideología, ni es patrimonio de un ningún partido.
Pero no se puede olvidar que los que antes empezaron, más dinero robaron y más casos de corrupción acumulan son los socialistas. No debe servir de excusa para el PP, pero la izquierda en general y el PSOE en particular han convertido la corrupción prácticamente en un modus vivendi, una forma de estar en la política.
Es verdad que actualmente el PSOE no tienen a ningún cargo imputado en sus filas, pero históricamente no puede decirse que haya sido un ejemplo en la transparencia ni en la lucha contra la corrupción.
Desde los primeros grandes casos de corrupción que afloraron en los años 90 (el despacho del hermano de Alfonso Guerra o el caso Filesa, de financiación del partido) hasta el escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía.
Con los 740 millones de los ERE fraudulentos de Andalucía, el PSOE se coloca en el podium de la corrupción, sólo por detrás del pujolismo
El montante de lo robado en los ERE supera los 740 millones de euros. Con esa máquina de extorsión para comprar voluntades y asegurarse votos el PSOE se situado en el podium de la corrupción, sólo superado por el pujolismo con el expolio practicado en Cataluña.
Hasta no hace mucho los expresidentes de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mantuvieron sus escaños en el Congreso y el Senado respectivamente cuando era un clamor su responsabilidad en el escándalo de los ERE fraudulentos, el mayor caso de corrupción de la democracia.
Pero el PSOE no está sólo en el ranking de la corrupción.
Quizá uno de los casos más flagrantes sea el de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que sigue en su puesto tras ser condenada por ofensas a los sentimientos religiosos por asaltar una capilla de la Universidad Complutense en 2011. La juez de lo penal número 6 de Madrid, Esther Arranz Cuesta, le impuso por ello una multa de 4.320 euros.
Maestre fue condenada pero desde su partido ni rastro de la prometida regeneración de la que, aseguraban, iban a traer a la política española. Lejos de hacer autocrítica o pedir responsabilidades a la joven portavoz municipal, Pablo Iglesias alabó su asalto. «Tenían razón en el contenido, porque decir ‘no’ a un espacio de culto en las universidades públicas es sensato. Fuiste una de mis mejores estudiantes y un ejemplo para tus compañeros, hoy sigues siendo un ejemplo».
Soria ha dimitido, pero aún estamos esperando que lo haga Rita Maestre.
La obsesión podemita con los chistes sobre muertos
Además del caso de Rita Maestre, en Podemos hay más de un cargo cuya legitimidad es más que discutible. Y más en concreto en el Ayuntamiento de Madrid, en el que el concejal Guillermo Zapata, antes de llegar a su puesto, escribió varios comentarios ofensivos hacia las víctimas del terrorismo: «Han tenido que cerrar el cementerio de Alcásser para que Irene Villa no vaya a por repuestos», «¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero» ó «Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo».
Cañamero, antiguo líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, fue imputado por asaltar un supermercado y una finca, es hoy diputado de Podemos gracias a Pablo Iglesias
Otro concejal de Ahora Madrid en el mismo ayuntamiento, Pablo Soto, también tenía escritos comentarios más que ofensivos, casi delictivos: «Yo no puedo aseguraros que por torturar y matar a Gallardón se vaya a cambiar toda esta historia, pero por probar no perdemos nada» ó «Matar a un ministro, ¿cuántos años de cárcel son? Calculadora en mano».
Aunque de su pasado no se le conozcan declaraciones tan explosivas, a Pablo Echenique cabe imputar un comportamiento poco ejemplar: tuvo a un cuidador durante año y medio sin dar de alta en la seguridad social. Y todo ello cuando públicamente había dado lecciones de moral: «Es una vergüenza que tengamos a cuidadoras sin pagarles la seguridad social».
Pero hay más casos en las filas de Pablo Iglesias. El diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, está imputado por su papel durante la huelga general de 2011 y por participar en la ocupación de la finca Las Turquillas y por un robo en un supermercado en Écija (Sevilla). Aún así, Iglesias colocó a dedo -nada de primarias- al ex líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores en las listas al Congreso.
Barra libre con el desafío secesionista
Las cosas en Cataluña están igual o peor que en el resto de España sobre corrupción. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha declarado en más de una ocasión su deseo de convocar un referéndum ilegal por la independencia de Cataluña. Aunque no esté imputado, la Fiscalía ni siquiera ha hecho amago de analizar sus palabras en lo que es un flagrante caso de anunciar que se va a incumplir la ley.
Puigdemont y la presidenta del parlament, Carme Forcadell, aprobaron un documento que, a través de un referéndum unilateral y una Constitución catalana, pretende la ruptura de España
Porque el pasado mes de mayo prometió convocar en 2017 nuevas elecciones con carácter constituyente para celebrar un referéndum y declarar de forma efectiva la independencia. El parlamento regional aprobó (con los 72 votos favorables de Junts pel Sí y la CUP) las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente, un documento sobre los pasos a seguir para lograr la independencia de Cataluña: primero con un referéndum unilateral y más tarde con la aprobación de una Constitución para el nuevo Estado catalán.
Claro que la responsabilidad también debería salpicar a la propia presidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que desde su posición como segunda figura más importante del Estado en la región tendría que rendir cuenta ante la Justicia por formar parte de un proyecto que pretende la ruptura de España.
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