La Asociación Española de Abogados Cristianos se querella contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus. La decisión se ha visto motivada en especial «por la frivolidad con la que está tratando a los mayores de 70 años», argumentan.
La asociación de juristas culpa al Ejecutivo «de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus y a que la Organización Mundial de la Salud ya había indicado en enero la necesidad de adquirir test».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa querella de Abogados Cristianos va dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes, Pablo Iglesias y Carmen Calvo, los ministros responsables de la gestión de la crisis: ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; y el titular de Sanidad, Salvador Illa; así como contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Abogados Cristianos solicita además medidas cautelares por la vía urgente para que se administre material para la prevención y medicinas para el tratamiento de la enfermedad en residencias de mayores y discapacitados.
Su presidenta, Polonia Castellanos, denuncia que “este gobierno, sabía que ocultando la realidad del coronavirus hasta después del 8M, ponía en riesgo la vida de los más vulnerables, pero no le importó”.
Destaca que “el volumen de afectados ha desembocado en triajes en los que los mayores han quedado totalmente desahuciados, sin posibilidad de acceso a una cama en una UCI”.
Castellanos critica también que “a las residencias no se les está administrando medicinas para el tratamiento de la enfermedad, sino sedación. Y tampoco les están haciendo llegar test, lo que hace casi imposible frenar el contagio”.
La presidenta de Abogados Cristianos asegura que “esta forma de actuar es sólo una muestra más de la actitud eutanásica de este gobierno que desprecia la vida de los mayores y los discapacitados”.
Querella contra el ministro de Sanidad
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, como máxima autoridad del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, por su gestión ante la pandemia.
CSIF considera que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de «delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente«.
El sindicato anuncia que ampliará las acciones judiciales en defensa de otras personas del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis y que «está trabajando para actuar por la vía de lo civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la administración».
La organización sindical recuerda que el personal sanitario infectado por el virus suponen el 14,4 por ciento del total de los positivos confirmados en toda España por coronavirus y denuncia que «al menos 6 han fallecido por este motivo».
En eset sentido, se critica que «más de dos semanas después de la declaración de estado de alarma, los profesionales de la sanidad en toda España continúan trabajando en gran número de centros hospitalarios sin los preceptivos y necesarios equipos de protección individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.) y ante dicha insuficiencia de medios materiales se están reutilizando los existentes, aun cuando no es material reutilizable por su pérdida de eficacia. Todo ello, sin duda, pone en riesgo su salud, al estar en contacto directo a diario con población contagiada».
