El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedirá al Senado, amparándose en el artículo 155 de la Constitución, cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto del Ejecutivo catalán.
También reclamará para sí la capacidad de disolver el Parlamento autonómico y ha anunciado su intención de convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses, aunque espera que sea en menos tiempo.
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Suscríbete ahoraUna decisión que aplauden más de 71.000 ciudadanos que firmaron hace tiempo una alerta de la plataforma HazteOir.org en la que pedían al presidente tomar esta medida.
Así lo ha anunciado hoy en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas, pactadas con el PSOE y Ciudadanos, que el Ejecutivo enviará al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas o en la que se cree al efecto, para ser votadas en el pleno que se convocará para el viernes 27 de octubre.
Mariano Rajoy ha explicado las medidas más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155 y que, según ha dicho, detallará la vicepresidenta del Gobierno a los periodistas en un breefing posterior. Entre ellas, propondrá al Senado asumir él la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, Rajoy ha expresado su voluntad de hacerlo «tan pronto como se recupere la normalidad institucional».
Las funciones del Govern serán asumidas por el órgano que designe el Gobierno, y en principio, serán asumidas por los Ministerios.
También pedirá, con el fin de «proteger el interés general de la nación» que se autorice al Gobierno a cesar al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno.
Las funciones serán asumidas por el órgano que cree o designe el Gobierno de la nación y, en principio, serán asumidas por los Ministerios.
En cuanto al Parlamento catalán, el Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar un debate y votación de investidura. Tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña -que corresponderá al Senado-, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Los cuatro motivos para aplicar el 155
El Gobierno ha preparado un documento de once folios en los que motiva la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el hecho de que la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una secesión «con desobediencia rebelde y sistemática», que afecta de manera «grave» al interés general de España.
1. Restaurar la legalidad
2. Asegurar la neutralidad institucional
3. mantener el bienestar social y el crecimiento económico
4. Asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes
Además, y tras constatar el «incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado» de los preceptos legales y de los pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, el Gobierno alega la necesidad de aplicar esta herramienta legal de la Constitución con el fin de: restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.
Esos son los cuatro «grandes objetivos» que amparan, según el Ejecutivo, la aplicación de este procedimiento que se plantea «de forma garantista», persiguiendo en todo caso «asegurar derechos y no restringir libertades».
En este documento, el Gobierno también acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia del año 2014 dice que el artículo 155 «opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente de una determinada comunidad autónoma, que no ha adoptado, primero por propia iniciativa y luego a instancias del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido».
En otra parte del documento del Ejecutivo se explica «que las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña», habiéndose provocado «una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico», informa Europa Press.
En este sentido, cita el traslado de domicilios sociales de importantes empresas catalanas, el daño a la actividad turística y, en el ámbito industrial, una disminución en el número de pedidos de automóviles, mientras que en el comercio interior se observa una bajada de las ventas en grandes superficies.
La reacción de los secesionistas
El presidente del Govern, Carles Puigdemont, hará una declaración institucional a las 21 horas de este sábado desde la Generalitat, sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución anunciada por el Gobierno.
Lo ha anunciado el Govern después del Consejo de Ministros en que el presidente del Gobierno ha anunciado que planteará al Senado el cese de todo el Govern, y que pretende convocar elecciones en Cataluña en un máximo de seis meses.
Hay rumores que indican que podría declarar la independencia unilateralmente esta misma noche, como amenazó en la carta a Rajoy del pasado jueves
Además, Puigdemont y el resto del Govern irán a la manifestación que está convocada por la Taula per la Democràcia para las 17 horas de este mismo sábado por la libertad de los presidentes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Puigdemont tiene todavía la potestad de convocar elecciones, lo que evitaría la aplicación del 155 por parte del Gobierno y reestablecería la legalidad en Cataluña, pero no parece probable que lo haga. Es más, hay rumores que indican que podría declarar la independencia unilateralmente esta misma noche, como amenazó en la carta a Rajoy del pasado jueves.
