Un juez dice basta y se opone a la ley de la Memoria Histórica. Ha sido en Alicante. El magistrado del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de la ciudad ha ordenado paralizar de forma cautelar el cambio de placas de rotulación en las vías públicas y restablecer aquellas que ya se hayan cambiado «a la mayor brevedad posible».
Uno de los argumentos que utiliza el juez es que el ayuntamiento, pese a tener conocimiento de la existencia de un recurso contencioso-administrativo pendiente de resolución y de la apertura de la correspondiente pieza de la medida cautelar, procediera «de manera precipitada e inmotivada» al cambio de placas, especialmente cuando «no concurrían razones de urgencia que justificaran tal manera de proceder».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl magistrado recuerda que hay un auto del Tribunal Supremo que indica expresamente que mientras los jueces y tribunales resuelven sobre una demanda de tutela cautelar en un recurso contencioso administrativo, la Administración no puede ejecutar el acto cuya legalidad se cuestiona, pues tal manera de proceder estaría impidiendo al órgano judicial pronunciarse de manera efectiva sobre la tutela cautelar.
Asimismo, el juez exige la paralización de todos los trámites administrativos iniciados en el orden al cambio de denominación de las vías afectadas (con el restablecimiento de las denominaciones primitivas), así como el «libramiento de las comunicaciones oportunas a las personas, entidades, organismos afectados y a los jefes de los distintos ámbitos y unidades administrativas municipales, haciéndoles saber que el acto administrativo se encuentra suspendido y que por ende no se puede desplegar sus efectos».
Calvo Sotelo, ¿franquista?
Hay que recordar que el Partido Popular de Alicante interpuso un recurso al cambio de calles emprendido por el gobierno municipal (PSOE, Podemos y Compromís). El portavoz del PP Luis Barcala acusó al Ayuntamiento de utilizar «la intransigencia, la imposición y el sectarismo».
De este modo el magistrado respalda la tesis del Partido Popular, que entiende que el cambio de nombre de más de 40 calles y plazas de la ciudad no cumplía los requisitos de la Ley de Memoria Histórica. El ejemplo más evidente es el de la plaza Calvo Sotelo: el diputado de Renovación Española fue asesinado vilmente por fuerzas revolucionarias el 13 de julio de 1936, es decir, cinco días antes del inicio de la Guerra Civil Española. Por lo tanto, ni siquiera tuvo la posibilidad de ser franquista.
El caso es que esta plaza alicantina fue cambiada de nomenclatura por la de Porta de Sant Francesc. Según el PP el acuerdo de cambio de nombre de vías públicas debió adoptarse en pleno municipal por tratarse del órgano competente como consta en el acuerdo plenario por el que se creó la Comisión Municipal de Memoria Histórica.
