La delegada de Hacienda de la localidad gaditana de Puerto Real, de la formación Sí se Puede, Mónica González, está procesada por la Audiencia Nacional por una supuesta estafa millonaria a inmigrantes sudamericanos.
La número cuatro de la marca blanca de Podemos está implicada en el caso Eurowork, en el que presuntamente se estafó alrededor de 2,5 millones de euros a 5.000 inmigrantes sudamericanos.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa entidad les prometía el visado y un puesto de trabajo en España a cambio de 465 euros. Posteriormente este dinero llegaba a la filial española, cuya administradora única era la propia González.
Así se gestó la trama
La empresa llegaba a emitir un recibo con un compromiso de devolución en caso de no lograr un empleo en tres o seis meses, dependiendo del caso. Pocos fueron los afortunados, y muchos los perjudicados.
La filial no daba respuestas claras a los afectados. «Estamos tramitándolo y va lento» o «el INEM no nos ha enviado aún la documentación», fueron algunas de las excusas que recibieron. Los perjudicados empezaron a sospechar. Algunas de las filiales en Latinoamérica empezaron a cerrar y todo se centralizó en Madrid, filial en la que trabajaba la concejal podemita.
Las primeras denuncias empezaron a aparecer y pronto alcanzaron las 5.000 y los responsables de Latinoamérica señalaron a Madrid como lugar donde iba a parar todo el dinero, administrado por Mónica González.
En declaraciones al Diario de Cádiz, González se ha autodefinido como «una estafada más» y ha negado ser partícipe del engaño, ya que no tenía acceso a los pagos ni a las cuentas de Eurowork.
González continúa en el cargo
En cuanto a su situación actual como concejal, González ha señalado que entiende lo que dice el programa ético de su formación y ha indicado que «firmé una carta con mi renuncia desde el primer día poniendo siempre de la mano de nuestras asambleas esa decisión, con base siempre a una imputación por la apropiación o la estafa en el ejercicio de un cargo público, y yo lo que he cometido es el error de confiar en una persona cuando acabé la carrera y hace diez años».
González no es la única edil investigada judicialmente en el gobierno de Puerto Real, ya que también la Fiscalía ha enviado a la Audiencia Nacional la denuncia por los mensajes ofensivos que dejó en redes sociales otro edil de Podemos, Juan Antonio Pontones, en los que llegó a elogiar a los GRAPO y a desear la muerte de policías.
