Les voy a contar una historia. Un senador de una provincia española se hizo con el control orgánico de un partido teniendo la potestad para moldear a su antojo las listas electorales, así como los puestos de libre designación.
Las elecciones municipales del pasado año propiciaron que sus siglas consiguieran formar gobierno junto al Partido Popular, y cayendo en una conducta endogámica, enchufó a muchos miembros de su cuadrilla pese a que no contaban con la actitud suficiente para ocupar dichos cargos. De la noche a la mañana creó una red clientelar de súbditos que le rendían pleitesía. Él mandaba, ellos obedecían.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraSabían que su supervivencia dependía de agradar al cacique, al hombre que les daba sustento y les bendecía con un sueldo público gracias a su generosidad interesada. Era omnipotente. Aquel que tuviera la osadía de arrebatarle el poder conocía que podía hacer desaparecer la estructura de poder con un simple chasquido.
Ayer, lunes 1 de junio, entró en vigor la Renta Mínima Vital aprobada por el Gobierno de coalición, medida que amenaza con crear a base de subsidios estatales una red clientelar robusta con la que asegurar el voto de la izquierda en un segmento de la población. Y aunque suene anodino o utópico, a los procedentes me remito.
El PSOE estuvo hasta el 2018 gobernando Andalucía de manera ininterrumpida durante cuarenta años gracias a que la Junta dominada por los socialistas bañó a los agricultores con el PER haciendo que esta circunstancia condicionara en muchas ocasiones el voto de los jornaleros que trabajaban para los dueños de las tierras. Este fenómeno constituyó durante muchos años el caciquismo del S.XXI, un conglomerado clientelar que maniató la democracia despojando de libertad a quienes vinculaba dichas ayudas a la producción.
En España no contamos con políticas activas de empleo que ejerzan como palanca de reinserción en el mercado laboral a todos aquellos que estén percibiendo la renta mínima
Sería iluso pensar que el Gobierno no tiene esa intención de hacer lo propio con la Renta mínima vital. Prometiendo paguitas por doquier se va a asegurar el voto de los más desfavorecidos, y más, teniendo en cuenta que los partidos de la derecha no ven razonable dicha iniciativa. Un compromiso por el que, sinceramente, no pongo la mano en el fuego. Este mismo gabinete que ahora se llena la boca levitando sobre su altruismo es el mismo que prometió al principio de la pandemia millones de euros en ERTES, y de momento, 1 de cada 5 afectados por los expedientes no ha percibido ni un euro del Gobierno. Ya nos aconsejó Bernard M. Baruch que votásemos a aquel que menos prometiera porque sería el que menos nos decepcionaría.
Dejando a un lado la posibilidad de que esta iniciativa sea utilizada como un medio para perpetuarse en el poder a modo de caciquismo moderno, otro problema a mi entender reside en el hecho de saber condicionar la búsqueda de trabajo a la asistencia aprobada.
A diferencia de otros países en España no contamos con políticas activas de empleo que ejerzan como palanca de reinserción en el mercado laboral a todos aquellos que estén percibiendo la renta mínima. La carencia de esos mecanismos integradores ponen sobre la mesa la posibilidad, en palabras del economista Juan Ramón Rallo, del florecimiento de bolsas de pobreza en las que los colectivos entren en un bucle al sobrevivir únicamente con el subsidio que les proporciona el Estado.
Otra disyuntiva, -Vox ha sido el partido que más ha incidido en ella-, consiste en el requisito temporal para percibir dicha ayuda. Mientras en otros Estados de nuestro entorno esta criba está situada en los 10 años, como es el caso de Italia, en España, sin embargo, tan solo se pide un año de residencia legal en nuestro país para poder percibirla. Una condición que, evidentemente, pone en alerta las fronteras y la lucha contra las mafias al ser claro que esto favorecerá al efecto llamada y a que los explotadores añadan dicha circunstancia a su lista de incentivos.
No hay duda, y más teniendo en cuenta de que éramos el único país que no contaba entre sus garantías con un derecho tan especifico, de que era fundamental dicha iniciativa.
Pero es más importante si cabe el hecho de fomentar la contratación a través de lo que he reseñado antes, unas políticas activas de empleo considerables, y no acribillar a los ciudadanos con impuestos desproporcionados buscando financiación a mediante recortes en distintas partidas no esenciales.
Si el Ejecutivo por un lado implanta la renta mínima, pero por otro para financiar dicho mecanismo le sube los impuestos a los empresarios y a los ciudadanos de a pie, la pescadilla se muerde la cola ocasionando que disminuya la riqueza de todos los sectores. Algo que no nos pilla por sorpresa teniendo en cuenta el ideario que tiene nuestro Gobierno. Si se le incrementan las imposiciones a los que dan el trabajo a los españoles se va a ahondar en la crisis de esta sociedad. En palabras de Ronald Reagan: “El mejor subsidio es un empleo”.
