¡Cómo me fastidia tener razón! Cuando en 2013 el Gobierno de PP, ese que gestiona tan bien la economía según la leyenda secular, impuso el certificado energético los propietarios de viviendas y locales protestaron porque se les exigía otro papel más, por el que tenían pagar. Para un fondo de inversión, esto es una menudencia. Por fortuna surgieron empresas que lo hacían por unos euros y hasta algunas agencias de alquiler lo daban gratis con tal de quedarse con la comercialización del inmueble.
Las quejas que yo escuché entonces consistían en atribuir al Gobierno de Rajoy un plan para dar trabajo a los miles de arquitectos en paro. También, los habituales denuestos contra Bruselas, autora de la ‘ideíca’. Incluso algún tonto, situado en tertulias y columnas de periódico, se empeñó en asegurar que el certificado energético era positivo, pues informaba de manera exacta a los propietarios sobre la calidad de los materiales de la vivienda en cuanto al aislamiento térmico, o una parrafada similar.
Entonces me las di de adivino y dije a todo el que me quiso escuchar: “¿Te crees que los políticos han impuesto el certificado energético para que los arquitectos se lleven 50 euros por hacer uno y para informarnos de si el piso gasta mucha o poca calefacción? Cuando estén todos los inmuebles certificados, empezarán a poner multas a los que más contaminen o más energía derrochen. Para eso hay un registro. La recaudación de verdad vendrá más tarde. Esto es el chocolate del loro”.
El certificado energético va a servir a los Estados para recaudar más dinero y debilitar la propiedad de los ciudadanos
Hay dos excusas que los políticos y su brazo periodístico emplean para convencer a los incautos de que traguen con todos sus abusos. Una es la salud. Amparados en ésta, caciques como Alberto Núñez Feijóo pueden arruinar a los desgraciados habitantes de sus regiones y, encima, meterles un palito por salva sea la parte con tal de protegerles del Covid-19.
Y la otra es el medio ambiente. Para salvar el planeta y frenar el calentamiento global, la oligarquía quiere limitar la población, encarecer multitud de servicios y bienes y privarnos de cosas que antes se consideraban consecuencia de la prosperidad. Los ricos y los políticos pretenden que los viajes en avión y las vacaciones vuelvan a ser exclusivos para ellos.
En el reino de Emmanuel Macron, ese financiero recibido como el “salvador de Europa”, el Ministerio de Transición Ecológica (que también existe en España) publicó el 13 de enero un decreto que prohíbe que el 1 de enero de 2023 estén en el mercado de alquiler viviendas con un consumo energético superior a 450 kWh/m2 año. La justificación de esta peculiar expropiación sin indemnización es, como ya habrá adivinado el lector, luchar contra el cambio climático.
El Gobierno de Macron ha prohibido alquilar las viviendas con baja ‘dignidad’ energética. La medida llegará a España
En Francia no escasea la energía eléctrica, gracias a la cincuentena de centrales nucleares. Lo que pretenden políticos y ‘salvamundos’ es que los deplorables consuman menos energía… o lo hagan de manera eficiente, lo que significa que los dueños de las viviendas tendrán que soltar un pastón para aislar sus viviendas. El decreto incluye el criterio de rendimiento energético en la definición de vivienda digna en la Francia metropolitana y establece el concepto de “vivienda energéticamente digna”.
A los seres humanos, el Poder laico nos ha despojado de una condición inherente a nosotros mismos como criaturas de Dios para regalársela a los simios y ahora a las viviendas.
Esta medida es otra más de las aplicadas con la excusa ya citada del cambio climático, como el encarecimiento del diésel, que causó el estallido del movimiento de los ‘chalecos amarillos’.
Con la excusa del cambio climático, la oligarquía mundial empobrece cada vez más a los europeos y, además, no lo detiene
Los políticos europeos no saben solucionar los problemas que ellos mismos nos dicen que existen, más que subiendo impuestos o fijando multas. A pesar de los molinos de viento, de la expulsión de los automóviles de las ciudades y de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático sigue siendo una amenaza. Lo único que están consiguiendo es empobrecer todavía más a los europeos y convertirles en dependientes de los Estados, que les dan unos míseros billetes cuyo valor real es cada vez menor.
No es que uno sea conspiranoico, es que ya ha visto estas historias muchas veces. Si el Foro de Davos nos anuncia que para 2030 no tendremos nada y seremos felices (todo lo que necesitemos nos lo servirán los drones de Amazon), un paso anterior será despojarnos de nuestras viviendas.
En España, donde nuestra izquierda sigue siendo muy asilvestrada a pesar de sus Erasmus y sus viajes a Nueva York, el Gobierno ‘de pogreso’ depaupera al pueblo mediante métodos que emplearon Largo Caballero y su camarilla en los años 30. Unidas Podemos quiere limitar el precio del arrendamiento y prohibir los desahucios, con lo que así se cargará el mercado del alquiler y la vivienda como inversión o complemento de la pensión.
Pero los ciudadanos propietarios de alguna vivienda que de vez en cuando alquilan no se preocupen, porque Nadia Calviño, la lista de este Gobierno, lo impedirá. (Me parece que este último pronóstico no lo voy a acertar.)
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