Los responsables del centro educativo privado Nuestra Señora de Loreto de Valencia y la Orden de las Escuelas Pías han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia la resolución de la Consejería de Educación que establece el arreglo escolar para el próximo curso 2017-2018.
En concreto, según las informaciones publicadas este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, han denunciado la resolución del 19 de mayo de 2017 de la Consejería de Educación.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn ella, se establece el reparto de unidades y por la que pierden dos concertadas en Primero de Bachillerato en el caso de Nuestra Señora de Loreto y una unidad de infantil de 3 años, en el caso del centro de las Escuelas Pías de Valencia, según informa Laicismo.org.
En este sentido, Educación alega que, en el caso de las unidades de Bachillerato, la escolarización «no es obligatoria» y las necesidades que hay en la zona «son atendidas ya por los centros públicos y/o privados concertados».
Mientras que en el caso de Escuelas Pías, que pierde una unidad de infantil de 3 años y mantiene otras dos, desde Educación aseguran que el motivo de la supresión del concierto es que la demanda de puestos escolares en la zona «solo justifica el concierto para las unidades que se indican» y las necesidades de escolarización de la zona «ya son atendidas«.
El TSJ recibe ocho recursos sobre educación concertada
Con estos dos recursos ya son al menos ocho centros educativos concertados los que han llevado las medidas de Vicent Marzà ante los tribunales para intentar mantener unidades suprimidas de cara al próximo curso.
Seis de estos centros han conseguido mantener las unidades desestimadas en un primer momento a través de los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia que han aceptado las medidas cautelares solicitadas permitiendo mantener de esta forma las aulas siempre que los centros hicieran frente a las fianzas que, como garantía, ha establecido la administración.
La mayoría de los recursos se han centrado en la eliminación de unidades concertadas de primero de Bachillerato (27 en total tras la aceptación de alegaciones), ya que este recorte dejaba a siete centros en una difícil posición al perder todas las unidades autorizadas de primero con lo que la continuidad de esta enseñanza estaba en entredicho.
