Los centros educativos con ideario católico de Baleares han denunciado, a través de la asociación Escola Catòlica de les Illes Balears, que la Consejería de Educación, ha excluido sus centros de las ayudas que reciben las familias para poder acceder a los comedores.
La asociación ha explicado que les han negado estas ayudas a pesar de que el consejero de Educación, Martí March, se había comprometido a tener en cuenta a todos los centros. Además, quieren recordar que March está denunciado por difundir unos informes de dos menores, en los que los padres exigen que en los colegios públicos en los que estudian sus hijos se sigan impartiendo las horas extras de castellano.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl presidente de Escola Catòlica, Bernat Alemany, ha explicado que “la escuela concertada también tiene familias con pocos recursos, y no puede ser que por haber elegido un centro concertado, una familia con dificultades no pueda a acceder a las ayudas que le corresponden”.
El Ejecutivo socialista se olvida también de los concertados
No es la primera vez que los centros concertados de Baleares tienen trabas por parte del Gobierno autonómico ya que, el pasado mes de septiembre, tuvieron problemas con el fondo de emergencia social de 580.000 euros. La Consejería de Educación ha explicado que no descarta la posibilidad de ampliar este fondo para que los centros concertados también puedan cubrir estas necesidades.
Este fondo se creó con el fin de satisfacer las necesidades en alimentación, material escolar y actividades complementarias de las familias con hijos en edad escolar y que tuvieran dificultades económicas para poder acceder a ellas.
Por otro lado, los colegios Aixa y Llaüt, vinculados al Opus Dei y partidarios de la educación diferenciada, también denunciaron que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares le había retirado los conciertos en varios cursos de primaria.
Aumentan las plazas para los inmigrantes
Escola Catòlica también apunta que el gobierno balear pretende que, durante el próximo curso, se reserven entre cuatro y cinco plazas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
La asociación pide que que no haya un número fijo de plazas reservadas, sino que varíen de un barrio a otro en función de las características específicas de cada centro. Bernat Alemany, critica que “la reserva de plazas estandarizada que pretende el Gobierno puede vulnerar el derecho a la libre elección de centro y, además, no tiene en cuenta la realidad social y geográfica de cada colegio”, tal y como recoge Gaceta.
En la categoría de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se engloban, además de a los estudiantes recién llegados de otros países, a los provenientes de otras comunidades autónomas, a aquellos con algún tipo de discapacidad psíquica, problema psicomotriz o retraso en el aprendizaje, así como a los superdotados.
Desde el curso 2008-2009, la Consejería de Educación balear ha obligado a los centros escolares mantenidos con fondos públicos a reservar plazas a este tipo de alumnos. La entonces consejera de Educación, Bárbara Galmés, explicó que se quería corregir la desigual distribución del alumnado recién llegado, que se situaba en un 20 % en centros concertados y un 80 % en centros públicos.
El actual consejero de Educación, Martí March, ha recuperado las propuestas de que la reserva de plazas se prolongue hasta septiembre e incrementar el número de plazas a reservar. Alemany considera que “los plazos de reserva no se pueden eternizar, porque ello pone en riesgo el derecho de las familias a la elección de centro”.
