Emilio Álvarez, profesor del Conservatorio profesional de Vigo, ha difundido con ayuda de la plataforma Hablamos Español un vídeo en el que explica «de qué manera la administración educativa ha prohibido el uso de la lengua española» en los centros docentes de Galicia.
Álvarez, expone que se trata de una prohibición que afecta al uso escrito del español, no así de su uso oral, aunque a su juicio no es por ello «menos grave».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraSegún su testimono, los conservatorios están sometidos a unos controles de calidad que realiza la empresa AENOR, circunstancia que entinede innecesaria, porque dichas actuacines «podrían ser perfectamente cumplidas por el cuerpo de inspectores» sin gasto adicional.
AENOR calificó como anomalía que un acta de un departamento didáctico estaba redactado en lengua española, que «no era la querida por la administración», en eeste caso, la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular.
Desde entonces, relata Álvarez, se exige «una redacción exclusiva en lengua gallega de toda la documentación del centro, incluidos informes, plantillas, todo tipode documentos como actas, programaciones siempre co carácter oficial».
El profesor protestó por esta medida alegando que no reconocería como propia ninguna traducción de textos de su autoría escritos en lengua oficial del estado. Ante la prpotesta, la Inspección respondió asegurando que «avalaba esta proscripción de la lengua española», en palabras de Álvarez, en virtud de un decreto de 2010 que dice que la lengua de la documentación educativa y de los centros ha de ser el gallego con carácter genral.
Para el profesor, la Inspección interpreta este carácter general «con un sentido impositivo que contradice toda la jurisprudencia que hay al respecto». Así, cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del año 1996 y otra del Tribunal Constitucional del año 2010, así como la ley de normalización lingüística, el Estatuito de Autonomía y la constitución española.
Planteada la controversia, el profesor Álvarez solicitó por escrito unha aclaración de la medida. Meses más tarde, llegó la respuesta de parte del Inspector Jefe de Educación de la provincia de Pontevedra.
En dicho dicumento, se reclacaba que la lengua en la administración educativa es el gallego tanto para su uso interno dentro de los centros como para las relaciones entre la administración educativa y otras administraciones «de manera que el castellano quedaba proscrito.
Álvarez expica que el Inspector Jefe subrayaba que «en caso excepcional y debidamente justificado» si el profesor quisiese escribir en español, debería acompañarse de la traducción al gallego.
Del mismo modo, se advertía al profesor que «en caso de desobediencia tomarían medidas correctoras», lo que puede traducirse en multas, aperturas de expediente u otras acciones.
Recurrida la decisión en alzada, cuatro meses después la Inspección se ratificó, por lo que el profesor álvarez se dirigió a la Defensora del Pueblo en Galicia, que admitió a trámite laqueja y requiri´ño a la Consejhería de Educación un informe en el plazo de 15 días, pero no respondieron. Se sucedieron dos requerimientos más ante la falta de respuesta de la administración presidida por Albero Núñez Feijóo, del Partido Popular, que tampoco fueron atendidos.
Otros cuatro meses después, en el mes de febrero, el caso saltó a losmedios y horas después la Consejería de Educación envió esas explicaciones a la Defensora del Pueblo, de quien se espera un informe sobre el caso.
