Juan Carlos Corvera es el presidente de la Fundación Educatio Servanda.
Juan Carlos Corvera es el presidente de la Fundación Educatio Servanda.

La Fundación Educatio Servanda celebra el viernes 1 de junio a las 21.00 la VI Cena Premios Educatio Servanda en los que reconoce la labor de insignes personas o asociaciones. Este año los premios han recaído en Isabel San Sebastián, Premio Especial; Luis del Pino, Premio Vida Pública 2018; José Manuel Otero Novas, Premio Enseñanza 2018; Fundación RedMadre, Premio Familia 2018; y Movimiento Scout Católico, Premio Tiempo Libre.

Durante la cena se contará además con la presencia de monseñor García Beltrán, obispo de Getafe y los beneficios del acto se destinarán a la bolsa de becas comedor.

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La Fundación Educatio Servanda quiere con este acto dar a conocer los valores, virtudes e inquietudes que concretan su modelo educativo e impulsan su vocación de servicio e informará de los hitos que han subrayado el año transcurrido y los proyectos que vendrán.

El Colegio Juan Pablo II ha sido multado por disentir de las leyes de imposición de los dogmas de la ideología de género en la región cuando la presidía Cristina Cifuentes

La Fundación es titular de siete colegios Juan Pablo II tres en Madrid (Alcorcón, Parla y Guadarrama), tres en la diócesis de Cádiz y Ceuta (Puerto Real, Cádiz y La Línea de la Concepción) y uno en Almería, y dos Centros de Estudios Superiores (Alcorcón y Toledo), y en los últimos meses se ha enfrentado a varias multas, concretamente en Madrid, por disentir de las leyes de imposición de los dogmas de la ideología de género en la región cuando la presidía Cristina Cifuentes.

El director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón había escrito una carta en la que informaba a las familias que consideraba una “barbaridad” que se prescindiese “de la ley natural del hombre y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, que se debía recibir la calificación de “dogmatismo” el “acusar de discriminación a quien piensa diferente”; y calificaba de «despropósito» la intención de «imponer una ideología a fuerza de sanciones». Pese a que la Fiscalía y la Inspección de Educación archivaron las denuncias, la Comunidad impuso una multa de 1.000 euros que el colegio recurrió.

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