Los intentos del gobierno valenciano de hacer desaparecer la educación concertada en la Comunidad han levantado las iras de muchos valencianos que no entienden que sea el PSOE, apoyado por Compromís y Podemos, quien coarte una libertad que ellos mismos impulsaron.
Manifestaciones, artículos, criterios y hasta un el director de un colegio público han salido en defensa de la educación concertada en España, en especial en Valencia, donde se encuentra en peligro de extinción. El último en hacer ha sido Vicente A. Morro López, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) en un artículo publicado en El Español que por su interés reproducimos:
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Suscríbete ahora«Si alguien está pensando en España en la posibilidad de constituir un «gobierno a la valenciana» después de las próximas elecciones lo único que no podrá alegar, para justificar su error -sí, error-, es ignorancia. En la Comunidad Valenciana, a la vista de todos los españoles y quizá como laboratorio, estamos padeciendo las políticas del tripartito asimétrico formado por socialistas, Compromís y Podemos.
Uno de los ámbitos donde más se están viendo las consecuencias de este experimento político, denominado oficial y pomposamente «Pacto del Botánico» y popularizado por Mónica Oltra como «gobierno a la valenciana», es el de la educación. Parafraseando a Winston Churchill -¡qué tragedia para nuestro mundo que ya no haya políticos de su talla y valor!- podríamos decir que en la educación valenciana nunca tan pocos hicieron tanto daño a tantos.
«Se está produciendo un trasvase de alumnos de la educación concertada a la pública ‘manu militari'»
Aparte de una buena dosis de demagogia y ciertas falsedades, que elconseller de Educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, tiene miedo de confrontar en público -como se ve tras la oferta de debate lanzada hace más de tres semanas por la Mesa por la Educación en Libertad-, ninguna medida seria y eficaz se ha implementado para mejorar la calidad de la educación valenciana, ni siquiera de la pública que, teóricamente, es la apuesta de esta nueva política. Nueva, porque hasta ahora, gracias a Dios, era inédita; pero vieja en realidad por sus tópicos y prejuicios, fundamentalmente ideológicos, de corte decimonónico.
Decíamos que la apuesta por la educación pública era «teórica» pues da la impresión de que la preocupación del tripartito es mayor por la imposición de su programa –delenda est concertada!– que por la mejora efectiva de la red pública. De momento, lo único que ya se está acreditando es un trasvase de alumnos de la educación concertada a la pública. Pero este trasvase no se ha realizado por la opción libre de las familias, como consecuencia de la mejora de la calidad de la educación pública o ante una propuesta de futuro ilusionante, no. Se ha realizado manu militari, clausurando aulas de manera preventiva, muchas de ellas sin justificación alguna, y otras en claro agravio comparativo, puesto que lo que se condena y critica en la concertada se tolera en la pública.
«Sólo desde la ideología se puede entender la obcecación en negar un derecho ampliamente reconocido»
Sólo desde la ideología se puede entender la obcecación y contumacia en la negación de un derecho reconocido por multitud de normas, dentro y fuera de España. Empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 26.3 reconoce que «los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos». Pasando por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que en su Protocolo adicional I, art. 2., relativo al Derecho a la instrucción, expresa que «a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas».
También está nuestra Constitución, que en su artículo 27, dedicado al derecho a la educación, en relación con todos los miembros de la comunidad educativa, proclama la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros docentes y, en su ya célebre apartado 3, establece que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
«El Supremo se ha pronunciado a favor del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos»
Aún podríamos citar otro buen número de normas nacionales e internacionales que se pronuncian en el mismo sentido. No se pueden borrar, sin más, decenios de trabajo a favor de los derechos humanos, cristalizados en diversas normas internacionales, porque a una parte de la comunidad educativa no le guste la libertad de elección de las familias ni crea en la existencia de ese derecho.
También el Tribunal Supremo se ha tenido que pronunciar en múltiples ocasiones sobre esta cuestión. Añadiremos, a modo de ejemplo, la cita de su sentencia de 12 de noviembre de 2012, que afirma que «como derivación directa de las previsiones del artículo 27 CE, puede proclamarse el derecho a la educación como un derecho a educarse en libertad… proyección directa de ese derecho a educarse en libertad es el derecho de los padres a asegurar que la educación y enseñanza de sus hijos menores se haga conforme a sus convicciones, morales y filosóficas. Y de ahí deriva el derecho de los padres a elegir lo que consideren mejor para sus hijos».
«O eres rico y pagas la educación que crees que es mejor para tus hijos, o cargas con la imposición del tripartito»
Frente a esto, ¿cómo se atreve a reiterar el tripartito, como un rítmico mantra, que ellos sólo hacen que cumplir la ley? «Si a alguien no le gusta lo que se oferta en la educación sostenida con fondos públicos se va a la privada y la paga», ha declarado el conseller Marzà. ¿Es eso cumplir la ley? O eres rico y te pagas la educación que crees que es mejor para tus hijos, o cargas con las imposiciones del tripartito y sus afines, que, como es notorio por otra parte, no respetan el deber constitucional de neutralidad ideológica que establece la sentencia 5/1981 del Tribunal Constitucional. La Ley habla del respeto a la demanda social, ¿cumple eso hoy la Administración valenciana?
El art. 4.1.b) de la LODE establece que los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho «a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos». ¿Cumple esta ley -socialista en su origen y en su modificación- la Consejería de Educación? No es momento de seguir faltando a la verdad.
Visto lo visto, no parece muy recomendable esta «educación a la valenciana», ni para nosotros, que la sufrimos ahora, ni para el conjunto de España».
Este artículo se publicó originalmente en El Español por Vicente A. Morro López, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) y actual portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad.
