El PIN Parental, modo en que los padres de alumnos pueden reclamar que se respeten sus derechos y los de sus hijos en el ámbito escolar, para evitar que los menores asistan a charlas y talleres adoctrinadores sin conocimiento de los padres, sigue extendiéndose.
El impulso de multitud de organizaciones sociales, de forma singular HazteOir.org, que ha habilitado también un teléfono de atención a las víctimas de adoctrinamiento ideológico (663 700 989), y su traslación al ámbito político a través de Vox, ha concitado el interés de los padres preocupados por los casos de adoctrinamiento en ideología de género y otras materias controvertidas a los menores.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.
Suscríbete ahoraPero también de quienes impulsan desde hace años esas ideologías y las leyes que inducen la celebración de estas sesiones complementarias, con personal ajeno a los centros y que en la mayoría de los casos no son comunicadas a los padres, han puesto su foco en este instrumento de libertad educativa.
Más allá de los ataques al PIN Parental efectuados desde poderes legislativos y ejecutivos tanto a nivel nacional como regional, organizaciones feministas y sindicatos se han puesto manos a la obra para combatir a los padres que hacen unso de «ese descabellado e inexistente derecho», tal y como se desprende del contenido de una carta remitida por Comisiones Obreras a miles de colegios.
En la misiva, se ofrece documentación elaborada por su gabinete jurídico, así como un «modelo de respuesta a las familias que solicitaran que se active el PIN Parental».
El pasado mes de octubre, Comisiones Obreras presentó una denuncia contra HazteOir.org, su web MisHijosMiDecision.org y Vox ante la Fiscalía por supuestos delitos de odio y ante la Agencia de protección de datos por el envío de información favorable al PIN Parental a los colegios.
Por su parte, ante la campaña publicitaria desplegada por Hazteoir.org con marquesinas en las que promociona el PIN Parental y su teléfono de atención a víctimas del adoctrinamiento, grupos como la Asamblea 8M Rivas han realizado un llamamiento a una «revuelta feminista» que tendría como objetivo responder «a la propaganda de las marquesinas de autobús (…) para que sean retiradas».
Así, se anima a enviar quejas a la empresa publicitaria o al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. También a llamar al propio teléfono de HazteOir.org destinado a la atención a las víctimas del adoctrinamiento o a «redecorar la marquesina». Para esta convocatoria se han repartido folletos a las puertas de algunos colegios.
Y la «redecoración» no se ha hecho esperar. Tal y como informa Rivas Actual, las marquesinas del municipio han sido tapadas con carteles que impiden la visión de la publicidad contratada de manera legal por HazteOir.org.
Por su parte, la Plataforma Vecinal por Villaverde denunció este miércoles la presencia de la publicidad de HazteOir.org en las marquesinas, tildándola de «aberración» e increpando: «No os queremos en nuestro barrio, machistas, homófobos, fascistas FUERA!» (sic).
Al día siguiente, también en su perfil de Twitter celebraba con un «Buenos días, Villaverde Alto» la imagen de la marquesina vandalizada con espray, pintada de negro.
Ayuso garantiza el adoctrinamiento de las leyes LGTBI
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido de nuevo este jueves que hay artículos de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad sexual que no le gustan, aunque ha asegurado que garantizará su total cumplimiento.
En estas leyes se obliga a los colegios a impartir charlas basadas en la ideología de género, la smismas sobre las que los padres reclaamn ser informados a través del PIN Parental. Por otro lado, Ayuso ha reivindicado el currículum pro LGTBI del Partido Popular recordando que Alberto Ruiz GAllardón impulsó la celebración del Orgullo LGTBI y que Esperanza Aguirre creó la Unidad de Identidad de Género a cargo de la sanidad pública
Aún así, Ayuso, que considera que «la inversión de la carga de prueba hace flaco favor a las personas porque en el momento en el que se pueden cometer abusos o hay desigualdad ante los juzgados a mí, como liberal, me inquieta», no se plantea modificar o derogar esas leyes: «En ningún caso he dicho que no se vaya a cumplir absolutamente ninguna ley», ha insistido.
